San José.— La persecución política prosiguió esta semana en Nicaragua en vísperas de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebre hoy una sesión extraordinaria en Washington para evaluar el deterioro de la situación en el país, con un diciembre marcado por una oleada de represión contra los opositores del presidente Daniel Ortega.
El Ministerio Público acusó el martes de terrorismo y crimen organizado a 16 personas por participar en las protestas antigubernamentales, en una crisis que ya se prolonga por más de ocho meses. También continuaron los arrestos selectivos.
El gobierno de Costa Rica alertó de la “escalada” represiva ocurrida este mes contra periodistas y medios de comunicación nicaragüenses críticos de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En una reunión convocada por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Brasil, el consejo analizará un informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación en Nicaragua.
El GIEI denunció la semana pasada que el gobierno de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad con sus ataques a los opositores en las protestas callejeras, que iniciaron el 18 de abril de este año, cuando estalló el conflicto.
Si el informe es acogido por el consejo, queda abierta la posibilidad de que la OEA reúna al menos 24 votos para convocar a una cita de los cancilleres de América y debatir la opción de que la Carta Democrática Interamericana —aprobada por los 34 países del organismo en 2001 y que plantea sanciones políticas y económicas a los países que violen los principios democráticos— sea aplicada a Nicaragua.
El movimiento opositor surgió primero para rechazar una reforma a la seguridad social, que Ortega debió eliminar, y luego para exigir democracia y libertad y el fin del régimen del dúo presidencial, acusado de dictadura dinástica.
El gobierno, que negó las acusaciones de represión política y adujo ser víctima de un golpe de Estado promovido por EU y sus aliados derechistas en Nicaragua, fijó el número de muertos por la crisis en 198, pero grupos independientes de derechos humanos calcularon que son al menos 327 aunque datos de otras organizaciones señalan más de 500.
Molesto por el trabajo ejecutado en suelo nicaragüense por la CIDH, el GIEI y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el gobierno expulsó la semana pasada a los representantes de esas tres instancias de la OEA y alegó que intervinieron en asuntos internos nicaragüenses.
Al gobierno “se le sigue cerrando el círculo para negociar una salida que implique su permanencia en el poder o una salida al suave”, adujo el sociólogo, economista, historiador y analista político nicaragüense Óscar René Vargas, quien este año huyó a Costa Rica por la persecución en su país. “Prevemos” que aumentarán la represión para “forzar una negociación que les permita continuar en el poder”, consideró.
