Obispos en Nicaragua condicionan el diálogo

Managua.— Los obispos de Nicaragua entregaron ayer al presidente Daniel Ortega una propuesta para la “democratización” del país y señalaron que de la respuesta de éste dependerá la reanudación del diálogo nacional.

Después del encuentro, el cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal dijo en conferencia de prensa que “hemos planteado el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada sobre democratización en el país, y expresa el anhelo de la mayoría”.

Los obispos señalaron que esperan la respuesta del mandatario “lo más pronto posible” y que, cuando eso suceda, se evaluará si es factible continuar el diálogo iniciado el pasado 16 de mayo y suspendido el 31 del mismo mes, cuando los obispos señalaron que no era posible continuar mientras no cesara la represión contra los manifestantes. Sectores civiles propusieron adelantar las elecciones como salid a a la crisis que vive el país, lo que el gobierno tildó de “golpe de Estado” .

Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. Murillo había dicho previo a la reunión con los obispos que había altas expectativas de que en ella se definieran “los puntos, la agenda, los mecanismos, para trabajar por la paz”.

De acuerdo con la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, el saldo de muertos por las protestas asciende a 134, incluyendo a cuatro jóvenes ue fallecieron la noche del miércoles tras ser atacados por fuerzas de choque del gobierno en el interior del país.

Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones a las visas de funcionarios e individuos involucrados en la represión de las manifestaciones y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los afectados por estas restricciones son funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud, “"especialmente los que dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”.