Caracas.— Un detenido señalado de formar parte de un supuesto plan para secuestrar al considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, falleció ayer en Venezuela tras presentar complicaciones de salud desde hace un mes, denunciaron activistas de derechos humanos.
“Hoy falleció de paro respiratorio el preso político Gabriel Medina Díaz, de 39 años”, informó en Twitter Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, dedicada a defender a “presos políticos”.
Según medios locales, la detención de Medina Díaz y otras ocho personas vinculadas con ese caso se produjo luego de que el Departamento de Estado estadounidense ofreciera recompensas de entre 10 y 15 millones de dólares por detener el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a varios de sus colaboradores, entre ellos Cabello, al inculparlos de “narcoterrorismo”.
Medina Díaz estaba recluido en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, desde abril de 2020, añadió Romero.
“Llevaba más de un mes en grave estado de salud sin atención médica”, denunció Romero, al afirmar que se trata del “noveno preso político que muere en custodia desde 2014”.
El abogado Gonzalo Himiob, también miembro de Foro Penal, señaló que el detenido, quien aún no había recibido condena, fue trasladado el sábado a un hospital “por la presión de sus compañeros de celda”, donde falleció.
Versiones de prensa señalan además que Medina, quien fue funcionario de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial señalado por múltiples casos de violaciones de derechos humanos, murió de tuberculosis, una enfermedad que se propaga en las cárceles del país, altamente hacinadas, según han denunciado varias organizaciones no gubernamentales.
En Venezuela hay al menos 265 presos políticos, de ellos, 131 son militares, según el conteo más reciente publicado por la ONG.
La exdiputada opositora venezolana Delsa Solórzano denunció que las autoridades impidieron a la misión de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se encontraba en Venezuela desde el 23 al 28 de agosto, visitar a dos presos políticos, los exlegisladores Juan Requesens y Gilberto Sojo.
Solórzano aseguró que “la dictadura” pretendió vender una imagen de normalidad a los visitantes, pero no hicieron más que evidenciar su “talante autoritario”.
