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BOGOTÁ.— Norma fue abusada por su padre; Susana, por su abuelo; Fátima, por un profesor amigo de su mamá, y Lucía, por un sacerdote. Las cuatro reportaron su caso ante las autoridades de sus países, pero hasta hoy ninguno de los responsables ha sido sometido a la justicia.
Los casos de estas niñas, todas menores de 14 años en el momento de los hechos y quienes prefirieron mantener sus verdaderos nombres en el anonimato, serán llevados hoy ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, como parte de un litigio internacional que presentarán el Centro de Derechos Reproductivos y la organización Planned Parenthood Global, con el que se busca proteger los derechos humanos y la salud de las niñas víctimas de violencia sexual.
Fátima fue víctima de violencia sexual a los 13 años, en noviembre de 2009. Un amigo de su mamá, profesor de primaria y director de la Secretaría de Bienestar Social (institución estatal encargada de proteger a la niñez) en Guatemala, la agredió sexualmente y la dejó embarazada.
Ella no recuerda muchos detalles de su embarazo, salvo la respuesta de un médico cuando ella dijo que el examen que le estaban practicando le causaba dolor: “Si abrió las piernas antes, ¿por qué no las abre ahora?”. Una sentencia que hoy resalta para mostrar el calvario que ha tenido que vivir. Y aunque recibió atención médica y apoyo sicológico desde el comienzo, nada compensó el sentirse como una adulta fuera de lugar en un entorno en el que las niñas de su edad se dedican a jugar.
Esta es la primera vez que se presentarán cuatro demandas separadas, pero de manera simultánea, de casos de violencia sexual contra niñas en contra de tres Estados: Ecuador, Nicaragua y Guatemala.
Para Ana Vera, abogada y directora de Surkuna, una de las organizaciones que llevará el caso de Norma, este litigio regional es importante porque “permite visibilizar lo que pasa en Latinoamérica, cómo la violencia sexual está naturalizada, cómo es aceptada y cómo las niñas no son protegidas (...) Norma, como las otras niñas, son muy valientes, ya que no sólo están exigiendo justicia por ellas, sino por todas las niñas”.
Lo que se busca con el litigio, dice Ximena Casas, directora adjunta de estrategia de incidencia de Planned Parenthood Global para América Latina, es que “las niñas puedan vivir una infancia digna y decidir sobre su futuro. Obligar a que una niña violada deba continuar el embarazo y asumir una maternidad forzada es tortura”. Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, agrega que también se busca que las niñas sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a la justicia y que el Comité de Derechos Humanos pida medidas generales, es decir, medidas de no repetición.
Martínez asegura que en el litigio hay tres grandes esferas que se quieren resolver. El primero, el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto. “Es un tema de salud, la salud entendida como física, emocional y social”, afirma.
El segundo tiene que ver con el derecho de las niñas de ser escuchadas sobre decisiones que competen a su esfera personal y privada, como lo son decisiones sobre su propio cuerpo. Y el tercero será un alegato sobre discriminación. Estas niñas han sido víctimas de discriminación porque no existe en estos Estados la posibilidad de acceder a un servicio de salud reproductiva a la que ellas tendrían derecho a acceder”, dice.
