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San José
Atrapada en la más grave conflagración que estremece a los nicaragüenses desde 1990, Nicaragua avanzó en los últimos 12 meses a un inmovilismo político con una debacle socioeconómica y un confuso diálogo de aparentes progresos y visibles retrocesos entre opositores y oficialistas: un paso para adelante, dos hacia atrás, otro para adelante y… todo vuelve a quedar igual.
Acusado de crímenes de lesa humanidad por expertos de la Organización de los Estados Americanos y sostenido por su fuerza policial y paramilitar y por el control vertical en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se mantienen inalterables ante el masivo reclamo popular de democracia, libertad y justicia.
Sumida en su peor conflicto del siglo XXI y en una época de paz que comenzó hace 29 años, Nicaragua cumple hoy el primer año del estallido de las multitudinarias protestas antigubernamentales. “En Nicaragua persiste un estado de excepción de facto en el que el gobierno y toda la institucionalidad del país impide de manera sistemática el ejercicio del derecho de manifestación y expresión”, acusó la guatemalteca Claudia Paz y Paz, directora ejecutiva del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ente interamericano de defensa de los derechos humanos. El gobierno siguió “criminalizando cualquier tipo de protesta social y disidencia política”, dijo a EL UNIVERSAL.
Un movimiento cívico surgió hace un año para rechazar un plan de reformas a la seguridad social y, aunque el dúo presidencial lo derogó, el malestar prosiguió y desató una multitudinaria exigencia opositora de restablecimiento de la democracia que incluyera la dimisión de Ortega y de Murillo, acusados de ser una dictadura dinástica. El dúo gobernante reiteradamente negó las acusaciones de represión, descartó dimitir y adelantar los comicios presidenciales de 2021 a 2019 y atribuyó la crisis a un plan “terrorista” y de golpe de Estado del que acusó al gobierno de Estados Unidos y a la oposición nicaragüense.
La pareja desplegó policías y paramilitares ante el repudio callejero. El diálogo bilateral siguió paralizado. El gobierno reconoció 199 muertos, aunque grupos independientes de derechos humanos alegaron que el saldo de 12 meses es de 325 muertos, unos 800 presos políticos y miles de heridos y exiliados. El escenario socioeconómico es de caos, con unos 300 mil nuevos desempleados y alertas privadas de que sería mayor.
El Banco Central de Nicaragua admitió que el índice mensual de actividad económica, con un crecimiento interanual de 4% a 5% a marzo del año anterior, cayó 7% en diciembre pasado frente al último mes de 2017.
