San José.— El presidente Daniel Ortega expulsó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ordenó el retiro inmediato de los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), con el alegato de que esas tres instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA) intervinieron en los asuntos internos nicaragüenses.
En un agravamiento de la crisis política que estalló el 18 de abril pasado en Nicaragua y ya superó los ocho meses, la decisión prolongó el acoso de Ortega a foros externos de defensa de las garantías civiles, porque el 30 de agosto pasado expulsó a la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al aducir que su presencia ya era innecesaria.
La medida fue repudiada por organizaciones y activistas no estatales nicaragüenses e interamericanas de resguardo de los derechos civiles. Ortega ilegalizó la semana pasada a nueve organizaciones independientes de promoción democrática y de derechos humanos de Nicaragua y atacó a medios de comunicación críticos con su gobierno.
En una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, justificó la salida del GIEI con el argumento de que se le venció el “plazo, objetivo y misión”, y anunció la suspensión temporal de la presencia del MESENI y de las visitas de la CIDH. Almagro rechazó la resolución y alertó dijo que ese hecho “adentra aún más a Nicaragua en el terreno del autoritarismo. Expulsar investigadores y defensores institucionales de los derechos humanos es característico de quienes pretenden que no se haga justicia”.
La CIDH denunció desde abril lo que catalogó como reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno, que niega los cargos y argumenta ser víctima de un golpe de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos y fuerzas derechistas locales. Según Moncada, el MESENI, el GIEI y la CIDH tuvieron “una actitud intervencionista, injerencista” en apoyo a EU y “en contra de Nicaragua”.
El MESENI se instaló en junio y el GIEI en julio y surgieron en pactos entre el gobierno, la OEA y la CIDH ante el avance de la crisis, que estalló en masivas protestas de rechazo a una reforma social que Ortega debió derogar y que detonó en un multitudinario reclamo contra el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de dictadores dinásticos, para exigir su dimisión y avanzar a la democracia.
El MESENI buscó impulsar el diálogo de las partes, garantizar la seguridad y desmantelar los grupos paramilitares, entre otras metas. El GIEI indagó las muertes ocurridas del 18 de abril al 30 de mayo para plantear un plan de reparación de víctimas. Ortega ubicó la cifra de decesos por la crisis en 198, pero según grupos independientes de derechos humanos, suman al menos 327.
