La detención de 12 colombianos, incluidos 11 exmilitares, en México por el ataque en una zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, en el que murieron ocho militares, puso al descubierto un tema que tensa las relaciones Colombia-México y que preocupa al gobierno colombiano: el involucramiento de exmilitares, guerrilleros, integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el crimen organizado mexicano.
El martes pasado, la cancillería colombiana dijo que 11 de las 17 personas capturadas tras el asesinato de los elementos de la Guardia Nacional mexicana, el 27 de mayo, son de nacionalidad colombiana y en el pasado estuvieron vinculados a las fuerzas militares del país. Aclaró así la confusión generada por el presidente Gustavo Petro, quien en un primer momento habló de “militares activos”, aunque corrigió. Petro dijo que “el Cártel de los Reyes contrató a los mercenarios colombianos para enfrentar el Estado mexicano”.
El embajador de Colombia ante México, Fernando García Manosalva, lamentó que hechos como el involucramiento de exmilitares de su país con el crimen organizado “ tienen un impacto grande, por ejemplo, en las negociaciones que estamos llevando para que las inadmisiones de turistas y viajeros colombianos que llegan a México puedan ser reducidas o eliminadas”, y que llevan al gobierno mexicano a tomar medidas “reactivas (...) para controlar el ingreso de colombianos”.
El caso de los militares, señaló, “tiene un impacto negativo en el turismo y en el posible maltrato o devolución de colombianos por parte de las autoridades mexicanas”.
Los militares mexicanos murieron en el municipio de Los Reyes, Michoacán, y evidenció el involucramiento de exmilitares colombianos en los cárteles de México.
El Ejército Mexicano ha identificado en Michoacán y Jalisco una fuerte lucha entre estos últimos, asentados en el municipio michoacano de Los Reyes, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dinero o engaños, las hipótesis
En Colombia se manejan dos hipótesis respecto a la presencia de exmilitares en el crimen organizado mexicano. Por un lado, la que manejó el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, quien dijo que muchos de los colombianos “pueden venir engañados en redes de trata”, de un modo similar al que utilizan los criminales para reclutar a ciudadanos colombianos y de otros lugares, a quienes se les ofrecen empleos con altos salarios. Una vez en México descubren que en realidad trabajarán para los cárteles y son amenazados y despojados de sus documentos para evitar que huyan. Colombianos en México han confirmado esta versión. Por el otro, que los exmilitares optan por trabajar con el narco por mejor paga.
La revista Semana ha reportado, con base en documentos reservados y testimonios de involucrados, que “militares, policías, guerrilleros y paramilitares están siendo reclutados para defender la soberanía del narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras a cambio de 8 millones de pesos [colombianos, equivalentes a unos 37 mil pesos mexicanos] por cada mes que sobrevivan al conflicto”.
De acuerdo con sus fuentes, los exmilitares colombianos, así como exguerrilleros de las FARC y el ELN, y miembros del Clan del Golfo son de interés para los criminales en Norteamérica “por la experiencia en el conflicto, porque no nos da miedo nada, por nuestras técnicas, por el entrenamiento que tenemos”. Una de las fuentes estimó que unos 500 o mil colombianos “están allá. Muchos se quedan por el pago o porque no tienen otra posibilidad, porque la única opción es que a uno lo maten”.
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Semana recordó que del Cártel Jalisco Nueva Generación se han reportado alianzas con grupos ilegales del Cauca, Nariño y Antioquia. Mientras que Los Viagras, que tuvieron su origen en Michoacán, se sostienen con la venta de estupefacientes y las extorsiones, y tratan de tomar el control de toda la región.
Sobre la importancia de Michoacán, el medio indicó que únicamente en este estado se presentaron siete denuncias por presuntas desapariciones de colombianos en 2024. Tres de ellos son exmilitares que fueron llevados a ese estado con la misma fórmula de mentiras: prestar servicios de seguridad en plantaciones de cítricos y aguacates.
El involucramiento de exmilitares colombianos también han sido identificados en conflictos en Ucrania y Sudán. Uno de los casos más notorios fue la participación de exmilitares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021.
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“Traición a Colombia”
El reclutamiento de los exmilitares por parte del crimen organizado en México y en otros países tiene muy preocupado al gobierno de Petro, quien declaró que “en Colombia el mercenarismo debe ser prohibido con alta pena de prisión, no se usa el dinero público de Colombia, e incluso el dinero del pueblo norteamericano, para entrenar gente que después vende sus conocimientos militares a los enemigos de la humanidad. Eso es una traición a la patria colombiana”.
En ese sentido, en agosto pasado, el gobierno colombiano presentó en agosto pasado un proyecto de ley para evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias.
La iniciativa propone que el reclutamiento de colombianos para actuar como mercenarios en conflictos internacionales sea considerado un delito penal. De este modo, quienes promuevan, faciliten o participen en el reclutamiento enfrentarían severas sanciones.
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La legislación incluye medidas para restringir el uso de la experiencia militar y paramilitar adquirida en Colombia para su exportación hacia conflictos en otros países. El entrenamiento de personal para tales fines también sería castigado.
El jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno está evaluando la conformación de un grupo de alto nivel con Colombia para intercambiar información en materia de seguridad.
El proyecto colombiano, al mismo tiempo, aboga por mejorar la cooperación entre Colombia y otros países afectados por la contratación de mercenarios. Esto incluye la firma de tratados y acuerdos internacionales para mejorar la persecución de este tipo de crímenes. El 20 de mayo, el proyecto fue aprobado en una Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.