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Nueva York.- ¿Narcotraficante como sostiene la fiscalía de Nueva York o azote del narco como se defiende el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? Tras dos semanas y media de juicio y una quincena de testigos, el jurado se retiró a deliberar.
Hernández, que según la fiscalía neoyorquina creó un narcoestado durante sus ocho años de presidencia (2014-2022), está acusado de conspirar para traficar droga y armas y de poseer armas, delitos por los que, de ser hallado culpable, puede pasar el resto de sus días en la cárcel, como su hermano Tony, condenado a cadena perpetua en 2021.
Después de recibir las instrucciones del juez Kevin Castel, los 12 miembros del jurado se retiraron a deliberar, para lo que no hay tiempo límite. Su decisión debe ser unánime.
Para el fiscal Jacob H. Gutwillig, no hay duda de que el expresidente "es un narcotraficante" y "es culpable más allá de la duda razonable".
Según la fiscalía, recibió millones de dólares de sobornos de los capos de la droga, entre ellos del cartel de Sinaloa de Joaquín 'Chapo' Guzmán -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- a cambio de protegerlos de la extradición y ofrecer seguridad con ayuda de militares, policía y la justicia a sus valiosas mercancías procedentes de Colombia con destino final al mercado estadounidense.
Durante su presidencia, Honduras se convirtió en una "super autopista" para la cocaína colombiana, según la fiscalía que asegura que entre 2004 y 2022 la red que apoyó Hernández introdujo más de 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
San Pedro Sula, la capital económica en el norte del país, que en 2013 era una de las ciudades más violentas del mundo, se convirtió en un centro neurálgico de la droga antes de transitar por Guatemala y México, según agencia contra la droga estadounidense, la DEA.
La estrategia de la defensa, como en la mayoría de los juicios de este tipo, es poner en duda las declaraciones de los testigos -la mayoría narcotraficantes que buscan reducir sus penas con su cooperación- y la falta de pruebas que apuntalen sus acusaciones.
Testigos como los narcos hondureños Devis Leonel Rivera, líder del poderoso cartel Los Cachiros, el exalcalde Alexander Ardón -del mismo partido que el acusado- y Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), aseguraron que habían "aportado" miles de dólares para la primera campaña electoral del acusado a cambio de protección.
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Y la prueba, según ellos, de dicha protección es que no fueron extraditados sino que se entregaron voluntariamente a Estados Unidos.
"La única prueba que tenemos es la palabra de un narcotraficante a otro narcotraficante", dijo el abogado de la defensa Renato Stabile, que recordó al jurado que el exmandatario promulgó leyes contra el lavado de dinero, la incautación de bienes de origen delictivo y autorizó las primeras extradiciones de narcos a Estados Unidos.
"La ley de extradición no era para su gente, para los narcos que protegía", rebatió la fiscal Elinor L. Tarlow.
El expresidente tenía dos caras: una pública que fingía combatir el tráfico de drogas pero en privado protegía a los suyos, había dicho poco antes su colega Gutwillig.
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Hernández, que se siente "víctima de una venganza", tachó a los testigos de "mentirosos profesionales". "Todos tienen muchos motivos para mentir", dijo en el estrado, pese a que no estaba obligado a declarar.
"¿El único que dice la verdad es usted?", le acorraló el fiscal Kyle Wirshba tras un duro interrogatorio en el que le puso contra las cuerdas cuando le preguntó por qué protegió a su hermano Tony acusado de narcotráfico.
Tony Hernández fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami después de que la seguridad del entonces presidente le dijo que no había problema para que viajara a Estados Unidos, contó uno de los testigos de la defensa.
A lo largo del juicio, la docena de testigos de la fiscalía pusieron de manifiesto los estrechos vínculos entre narcotráfico y política en el país centroamericano.
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