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Testigos aseguraron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que importantes traficantes de droga canalizaron unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, afirma el periodista Tim Golden en un reportaje publicado en ProPublica.
Con base en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano, Golden, dos veces ganador del Premio Pulitzer, excorresponsal en México del diario The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, explica con detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento, de acuerdo con testigos, pero aclara que la investigación “no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes”.
En el reportaje, titulado “¿Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador?”, Golden señala que la fuente inicial de los agentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México, en 2008, pidiendo hablar con alguien de la DEA. Allí, contó que había sido una especie de abogado nada menos que de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie y figura clave del cártel de los Beltrán Leyva. Golden explica en su artículo que López Nájera no respondió a numerosos intentos de contactarlo.
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Primero, López Nájera reveló a la DEA que el Cártel de los Beltrán Leyva tenía un topo en la embajada que resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos con amplio acceso a información de inteligencia sobre los delincuentes mexicanos buscados por Estados Unidos. El hombre fue detenido, acusado de delitos federales de narcotráfico y terminó por cooperar, según dijeron las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, según Golden, no fue sino hasta la primavera de 2010 cuando la DEA puso atención en una de las declaraciones más explosivas de López Nájera: que La Barbie lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico.
Esa reunión, continúa el reportaje, la habría organizado Francisco León García, “Pancho” León, quien entonces estaba lanzando su candidatura al Senado mexicano como representante de la alianza de izquierdas de López Obrador y era amigo de uno de los lugartenientes de La Barbie, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien después de convertiría en un testigo clave en el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna.
López Nájera contó que tantó León como otro empresario no identificado dijeron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador. En resumen, el planteamiento era el siguiente: a cambio de una inyección de dinero en efectivo, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.
Según los relatos de la negociación que informantes hicieron a los investigadores estadounidenses, en el encuentro se planteó a los traficantes que podrían ayudar a elegir a los mandos policiales en algunas ciudades clave de la frontera. Más importante aún, el mensaje a los traficantes era que, de ganar la elección, López Obrador no nombraría a un fiscal general que ellos consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaba un derecho de veto sobre el nombramiento.
La Barbie, indica Golden, aceptó el trato y encargó a López Nájera reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador en Ciudad de México y organizar los pagos.
El reportaje detalla que, según la información obtenida por la DEA, los pagos se hicieron en tres entregas. En total, la organización de La Barbie habría entregado a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador, y a otros participantes en la campaña unos 2 millones de dólares en efectivo.
López Obrador perdió la elección. Según López Nájera, La Barbie enfureció tanto por la derrota de López Obrador que ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal electoral y obligarle a revocar la decisión que le otorgó el triunfo a Felipe Calderón. Se envió un convoy de pistoleros para irrumpir en el tribunal, y sólo dieron marcha atrás cuando descubrieron que había tropas del ejército vigilando la zona, según la fuente.
Eventualmente, Soto se convirtió también en colaborador de la justicia estadounidense, tras declararse culpable de un cargo de conspiración de tráfico de drogas. Soto tampoco respondió a las solicitudes de Golden para dar su testimonio para la entrevista.
Algunos funcionarios consideraron que las pruebas obtenidas no eran lo suficientemente sólidas como para justificar los riesgos de una extensa operación encubierta dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a operativos que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador.
Finalmente, en medio del escándalo por la operación “Rápido y Furioso”, y el temor a que algo saliera mal en la operación en México, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, preocupados también por cómo se tomaría algo así en suelo mexicano, incluso si todo salía bien.
"Nadie estaba tratando de influir en las elecciones", dijo a Golden un funcionario familiarizado con la investigación. "Pero siempre existió el temor de que López Obrador pudiera retroceder en la lucha contra las drogas: que si este tipo se convierte en presidente, podría cerrarnos".
El principal portavoz del presidente mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a las numerosas peticiones de comentarios sobre el reportaje.
Nicolás Mollinedo dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, dijo que sus esfuerzos comerciales han sido totalmente honestos.
Según López Nájera, La Barbie enfureció tanto por la derrota de López Obrador que ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal electoral y obligarle a revocar la decisión que le otorgó el triunfo a Felipe Calderón. Se envió un convoy de pistoleros para irrumpir en el tribunal, y sólo dieron marcha atrás cuando descubrieron que había tropas del ejército vigilando la zona, según la fuente.
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