Miami.— En las primeras semanas de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha promulgado una oleada de órdenes ejecutivas orientadas, según la Casa Blanca, a “defender a las mujeres” y reafirmar valores conservadores.
Mientras simpatizantes aplauden estas acciones como protección de los derechos y la seguridad para ellas, activistas y expertas alertan que socavan garantías y libertades, especialmente de las mujeres transgénero, niñas, madres y trabajadoras.
Desde el 20 de enero, día de su investidura, Trump firmó la orden Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal. Esta norma instruye a todas las agencias federales a reconocer únicamente dos sexos: masculino y femenino, eliminando referencias a la identidad de género en regulaciones y documentos oficiales.
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En la práctica, esto significa que se impedirá, por ejemplo, que una mujer transexual use instalaciones femeninas y se pondrá fin a fondos federales para programas de educación o salud que, a juicio del gobierno, promuevan la ideología de género. La administración Trump sostiene que con esta medida “defiende a la mujer” recuperando la “verdad biológica”.
Otra de las primeras medidas fue revertir la política de inclusión de personas transgénero en el ejército. La nueva normativa, impulsada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, alega que las Fuerzas Armadas estaban siendo afectadas por la “ideología radical de género” y justifica la exclusión por motivos de “aptitud”. También prohíbe el uso de pronombres neutros (they/them) en el ámbito castrense.
En otra norma, Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos, instruye al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia a hacer cumplir rigurosamente el Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por sexo en la educación, para excluir a cualquier atleta trans de competencias designadas para mujeres.
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Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que se tomarán “acciones inmediatas, incluyendo medidas de cumplimiento contra escuelas y asociaciones deportivas” que violen la nueva directriz. El 28 de enero también firmó una orden que prohíbe prácticamente cualquier atención médica de afirmación de género para menores de 19 años.
El 29 de enero, desde la Oficina Oval, Trump emitió una directriz que prohíbe el uso de fondos federales en escuelas que enseñen teoría crítica de la raza o contenidos sobre identidad de género desde primaria hasta el final de la preparatoria. En la práctica, el impacto directo en las mujeres proviene sobre todo de la parte relativa al género, por ejemplo, materiales escolares que hablen de identidad trans o incluso programas de educación sexual integrales que mencionen orientación sexual podrían considerarse vetados por “ideología de género”. También podría afectar discusiones sobre el feminismo o los derechos LGBTQ+ en clases de ciencias sociales.
Las niñas y jóvenes podrían ver menos discusión de la historia de mujeres líderes de derechos civiles, menos material sobre igualdad de género o roles de género y un entorno menos inclusivo para quienes provienen de familias diversas.
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Trump también apuntó contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) dentro del gobierno federal. El 20 de enero, firmó órdenes ejecutivas que pusieron fin a los programas DEI en agencias federales.
La medida revoca mandatos que obligaban a oficinas federales a tener programas de entrenamiento en diversidad o a considerar la equidad en sus políticas de personal.
Elimina comisiones, oficinas o presupuestos dedicados a promover la participación de mujeres, minorías raciales y otras comunidades subrepresentadas en el gobierno, bajo el argumento de retornar a una supuesta “meritocracia libre de ideologías”.
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Muchas mujeres que trabajan en la administración pública temen que la desaparición de los programas DEI signifique un retroceso en la lucha contra el acoso sexual y la discriminación laboral. Estos programas surgieron para abordar, por ejemplo, la brecha de género en altos cargos federales (donde las mujeres han estado históricamente subrepresentadas) o para brindar capacitaciones que prevengan el acoso y los sesgos inconscientes en el lugar de trabajo.
Las políticas también alcanzaron el campo de la salud reproductiva. El 27 de enero, firmó la orden “para poner fin a la financiación federal del aborto”, revirtiendo medidas de la administración anterior que facilitaban el acceso a este servicio. Trump anunció que “los fondos federales ya no se utilizarán” para apoyar o promover estos procesos.
Así se elimina cualquier subvención o ayuda federal directa relacionada con servicios de aborto.
Otras órdenes ejecutivas de Trump que han impactado indirectamente a las mujeres es la de la salud pública y programas gubernamentales de asistencia, especialmente Medicaid (seguro médico para personas de bajos ingresos) y la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u Obamacare). El 23 de enero, la Casa Blanca anunció una serie de decretos que modifican o revierten políticas sanitarias de la anterior administración, con la intención declarada de reducir gastos federales y “dejar que el libre mercado” opere en salud. En la práctica, según reportó Democracy Now, estas medidas amenazan la cobertura médica de millones de estadounidenses, entre ellos, millones de mujeres.
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Una de las órdenes revocó expansiones implementadas por Biden que hacían más asequibles los seguros de salud privados. Otra orden acortó el periodo de inscripción abierta anual de los seguros de salud, revirtiendo la extensión a 12 semanas que Biden había dispuesto. Menos tiempo de inscripción significa que quien no lo haga rápido podría quedar sin seguro por un año entero. Se revirtió un programa piloto que había permitido que más progenitores con hijos pequeños fueran elegibles para Medicaid.
También y en contraste, el 18 de febrero, Trump firmó la orden Expandir el acceso a la fertilización in vitro (FIV), orientada a reducir los costos y barreras de los tratamientos de reproducción asistida.
“Mi administración reconoce la importancia de la formación de la familia… nuestro deber como nación es facilitar que madres y padres amorosos puedan tener hijos”, proclama la orden.
El gobierno asegura un acceso confiable y asequible a la FIV, “aliviando cargas normativas o legales innecesarias” y buscando abaratar drásticamente los tratamientos.
Las historias de millones de mujeres se entrelazarán con las consecuencias de esas decisiones. Algunas se sentirán de inmediato, otras tardarán años. Algunas podrán revertirse con un trazo de pluma de un futuro presidente, otras podrían ser difíciles de deshacer. Mientras, en cada estado, ciudad y comunidad, las mujeres de EU continuarán alzando sus voces, demostrando, una vez más, que ninguna orden ejecutiva puede silenciarlas.