A días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, los logros en la lucha por los derechos de ellas son innegables: hay más mujeres en espacios de poder; campañas contra la violencia de género; leyes sobre la interrupción del embarazo. Sin embargo, falta mucho por hacer: la brecha salarial es un gran pendiente, igual que el fin de los feminicidios. Sí, hay más mujeres en puestos de mando, pero no es una cifra constante. Las mujeres son perseguidas y por cada avance, hay otros retrocesos.
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Brecha salarial, desigualdad estructural
Andrea Larios. Economista Feminista, especializada en temas de justicia económica y de género
A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha insistido desde 1951[1] en que todas las personas trabajadoras debemos recibir igual remuneración por actividades de igual valor, el Foro Económico Mundial[2] advierte que, de permanecer todo constante, faltarían 134 años para poder hablar de plena igualdad de participación y remuneración económicas entre mujeres y hombres.
¿Y qué permanece constante? Los roles de género, que siguen asignando responsabilidades y expectativas diferenciadas a mujeres y hombres. Por ejemplo, mientras que globalmente nosotras dedicamos el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados[3], pues se asume que es nuestro rol, estos siguen profundamente invisibilizados y desvalorados. Pero ¿cómo sería si, en momentos de enfermedad, hambre o desamor, no hubiera alguien –probablemente una mujer– que te cuidara? Estas reflexiones evidencian el valor y tiempo que implican estas labores no pagadas. Todos tenemos 24 horas ¿cierto? Bueno, si consideramos que las mujeres destinamos, en promedio, 4 horas más al día que los hombres para los cuidados, ya no es tan evidente que tengamos “las mismas horas”.
Esta pobreza de tiempo es la que condiciona y limita nuestro acceso al ocio, el descanso y al mercado laboral pagado. Por eso, la ausencia de políticas que redistribuyan y reduzcan la carga de cuidados, sumada al persistente sexismo y discriminación, ocasiona que la experiencia de las mujeres en la esfera laboral pagada, se dé en condiciones desiguales y desventajosas. Al buscar empleo, optamos por aquellos flexibles que permitan compatibilizar la doble jornada, enfrentándonos a una torre con pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal. La manifestación tangible de lo anterior es que, en México, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 83.3.
Es urgente rediseñar esta torre reproductora de desigualdades. Invertir en políticas de cuidado constituye el primer ladrillo de la nueva estructura donde las dobles jornadas se alivian mediante la redistribución y reducción del trabajo no pagado. Sin embargo, esta reestructuración quedará incompleta si quienes se benefician de su repartición desigual –el Estado, la economía, las empresas y muchos hombres– continúan disfrutando de la comodidad y el ahorro que representa este subsidio invisible.
Este 8M, exigir igualdad salarial es también reclamar una redistribución y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. Es en esta esfera invisibilizada donde se anudan las diversas desigualdades que enfrentamos las mujeres y que es imprescindible desenredar.
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La cronificación de la violencia contra las mujeres
Jimena Jiménez Mendoza. Analista Político Electoral
Una de las violaciones más recurrentes en materia de derechos humanos es la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Este tipo de violencia se extiende por todo el mundo y tiene un impacto permanente no sólo en las víctimas y supervivientes si no en el desarrollo social mismo de cada nación.
La manifestación más extrema de esta violencia es el feminicidio. Uno de los matices más normalizados por la sociedad, es la violencia doméstica. A nivel global los desastres naturales y las emergencias humanitarias colocan a las mujeres en un riesgo mayor de sufrir violencia. Como ejemplos cercanos tenemos la pandemia por Covid-19 que obligó a millones de mujeres a recluirse con sus agresores sin la posibilidad de salir a espacios que eran seguros para ellas como escuelas y centros de trabajo. Y la reciente violación, asesinato y quema de los cuerpos de más de 150 mujeres en una prisión de Goma, en la República Democrática del Congo.
La brutalidad de estos actos, la incapacidad de las autoridades para proteger a las mujeres y la impunidad que rodea estos casos obliga a preguntarse si es posible prevenir y erradicar la violencia en contra de este sector vulnerado históricamente. El panorama actual nos demanda reflexionar sobre cómo lo que reina en la historia de la humanidad, es la violencia. Vivimos en una historia de odio hacia las mujeres, que va cada vez en mayor deterioro del tejido social. Lo que Hegel refería como avanzar por el lado malo de la historia.
El ultraje sistemático a los derechos de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, es legitimado por una sociedad que nos ha desvalorizado y considerado prescindibles. Aunque actualmente se encuentre legislado a nivel nacional e internacional el reconocimiento de estas violencias, muchas veces no nos percatamos en el día a día de los actos cotidianos en los que transitan pequeñas violencias y que van cronificando la problemática. Los patrones de conducta violentos, sistemáticos y usualmente unidireccionales pueden ser sutiles, pero al tener continuidad irán creciendo en intensidad. La sociedad todavía los invisibiliza; no los nombramos, no los reconocemos, no les damos la justa dimensión. Y esto en conjunto, configura el contexto generalizado de la violencia contra las mujeres, contexto en el que incomodan más las feministas que los feminicidios.
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El acecho a los derechos reproductivos
Leticia Bonifaz. Catedrática de la UNAM. @leticia_bonifaz
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están permanentemente amenazados en el mundo. Latinoamérica no es la excepción. En cuanto al aborto, la peor situación la presentan República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua ya que no está prevista ninguna causal para interrumpir el embarazo, ni aun en caso de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre o por malformaciones del feto. Costa Rica está impulsando aumento de penas, en contra de la recomendación de la CEDAW en el sentido de no criminalizar a las mujeres. Los países de avanzada en la región son: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay y México, con actuales riesgos en Argentina por la postura del ultraderechista Javier Milei. En el resto de los países donde hay causales previstas, no siempre se tiene garantía del pleno ejercicio del derecho porque la denuncia es revictimizante y la respuesta tardada. En Estados Unidos hubo un retroceso en la interpretación de una enmienda constitucional y el tema pasó a ser local. Estados conservadores, sobre todo del centro del país, establecieron prohibiciones donde antes había derecho a decidir. Grupos religiosos de Estados Unidos son corresponsables de los retrocesos en Centroamérica y el Caribe. Las mujeres seguirán en lucha por la libertad de decidir y evitar arriesgar sus vidas en abortos clandestinos.
Resistir para existir: lo que nos espera como mujeres
Leslie Idalia Jiménez Urzua. Maestra en Derecho, con especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM
Hablar del futuro de las mujeres hoy es hablar de incertidumbre. Los derechos conquistados no son permanentes, sino frágiles, sujetos a un vaivén constante entre avances y retrocesos. Nos movemos en un mundo donde la resistencia choca contra fuerzas que intentan devolvernos a habitaciones que nunca fueron nuestras, perpetuando estructuras patriarcales que se niegan a ceder.
Por un lado, hay logros innegables: más mujeres en espacios de poder y la política. Los feminismos han logrado colocar en la agenda temas que antes eran impensables: violencia de género, brecha salarial, feminicidios, acceso a la justicia y autonomía reproductiva. Sin embargo, estos avances han generado una reacción violenta del poder. No es casualidad que en distintos países se impulsen reformas que restringen derechos, que el acceso al aborto se siga disputando, que se niegue la existencia de las mujeres trans, que la violencia feminicida sea minimizada, que las defensoras de derechos humanos sean perseguidas o que el feminismo sea descalificado con el argumento de que ha “ido demasiado lejos”.
Aun así, nuestra resistencia sigue siendo inquebrantable. Si nos cierran puertas, encontramos la manera de derrumbarlas. Desde las colectivas feministas que acompañan abortos y a víctimas en las fiscalías, hasta las abogadas que litigan en tribunales, las periodistas que denuncian y las académicas que construyen nuevas narrativas. Lo que nos espera no es fácil, pero tampoco es definitivo. Porque en tiempos de violencia, florecer no es solo un acto de supervivencia, sino de revolución.
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Migrantes, en la inseguridad
Gretchen Kuhner. Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
Según la Secretaría de Gobernación, de 2019 a 2024, las mujeres representaron el 30% de la población migrante irregular, lo que muestra un incremento significativo respecto al 22% registrado entre 2012 y 2018. Los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados nos revelan que, durante 2024, las mujeres constituyeron el 45% de las nuevas solicitudes de asilo en México, lo que contrasta con el 30% registrado en 2013. Este cambio resalta cómo, cada vez más, las mujeres se ven obligadas a recurrir al asilo para garantizar su seguridad y protección.
Un informe de ACNUR y HIAS reveló que el 35% de las mujeres en movilidad humana encuestadas en Centroamérica y México declararon sentirse muy inseguras o inseguras ante el riesgo de sufrir violencia de género al llegar a México. Desde el IMUMI, las mujeres reportan casos de violencia familiar, comunitaria, extorsión y violencia sexual. Todo esto se exacerba por el contexto de contención y militarización de la movilidad humana.
Cuando leemos información sobre la violencia que viven las mujeres migrantes en países de origen, tránsito y destino, más allá de la reacción de preocupación, debemos pensar ¿por qué los gobiernos permiten que esta violencia continúe? Las soluciones pasan por mayores vías regulares de migración y garantizar el acceso a la justicia. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad de proteger a las migrantes con medidas de integración social y económica que ofrezcan seguridad real.
La mortalidad materna: un desafío global para las nuevas generaciones
Andrea Navarro De la Rosa. Internacionalista UNAM y mercadóloga digital. X: @andie_nr
Cual si estuviéramos en el siglo XVI, millones de mujeres alrededor del mundo mueren cada año al momento del parto. Si bien es cierto que los avances tecnológicos y el mejoramiento de políticas públicas han permitido que las mujeres, niñas y adolescentes tengan un mayor acceso a servicios de salud, especialmente los relacionados con la atención obstétrica, esto no se traduce en la calidad de la atención ni el aseguramiento de un tratamiento digno en todo el proceso que implica un embarazo (ya sea de alto o bajo riesgo).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad materna incrementó a raíz de la crisis sanitaria por Covid-19, momento en el que 95% de las muertes maternas (287 mil fallecimientos anuales durante el embarazo, parto o puerperio) se produjeron en países de bajos ingresos, particularmente en la mayoría de naciones del Sur Global. Adicionalmente, Naciones Unidas ha reportado que al menos 40 millones de mujeres padecen problemas graves de salud -directas o indirectas- tras dar a luz, incluyendo hemorragias, abortos espontáneos en embarazos posteriores y depresión grave.
En México, un país que en los últimos 12 años ha podido disminuir “en más del 46%” la mortalidad materna, lo cierto es que los casos de violencia obstétrica están a la orden del día no solo en la capital del país, sino en otros estados como Veracruz, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (por mencionar algunos) donde la falta de sensibilización y situación precaria del sistema de salud público incluso ha obligado a las mujeres a tener un parto en la vía pública, sin las condiciones sanitarias ni de seguridad necesarias para la madre ni el neonato.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la mayoría de las muertes maternas derivadas de este tipo de violencia son totalmente prevenibles; aun así, cada año nos enfrentamos a cerca de 850 fallecimientos de mujeres en el momento del parto (dos al día). Una cifra claramente inaceptable.
A pesar de su gravedad, la salud materna no ha sido una prioridad nacional y muchas mujeres millennials y centennials perciben el embarazo como un riesgo significativo. La mortalidad materna no solo es una crisis de salud, sino un factor que influye en las decisiones reproductivas de las nuevas generaciones. Sin una atención obstétrica digna y segura, muchas mujeres seguiremos cuestionando la viabilidad de la maternidad en un mundo donde aún se enfrentan riesgos inaceptables para nuestra vida y bienestar.
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Mujeres en el Poder: Entre el Avance y la Brecha Persistente
Scarlett Limón Crump. Analista Internacional
La representación de mujeres en posiciones de poder ha crecido de manera constante en las últimas décadas, pero persisten desafíos que limitan su acceso y consolidación en roles de liderazgo. Desde la política hasta el mundo corporativo, el camino hacia la equidad sigue siendo irregular, con avances significativos en algunas áreas y estancamiento en otras.
En el ámbito político, 2024 marcó un hito con la elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, reflejando una tendencia de mayor participación femenina en gobiernos de América Latina. Sin embargo, a nivel mundial, solo el 11.3% de los países tienen a una mujer como jefa de Estado, y apenas 9.8% cuenta con una Jefa de Gobierno, según datos de ONU Mujeres. Aunque la paridad legislativa avanza en algunas regiones, la toma de decisiones en las más altas esferas del poder sigue dominada por hombres.
En el sector empresarial, las cifras también muestran un panorama mixto. En México, las mujeres representan 43% de la fuerza laboral, pero solo ocupan 13% de los asientos en consejos de administración y un escaso 3% de las direcciones generales. A nivel global, 19.7% de los puestos en los consejos de administración están en manos de mujeres, con apenas un 6% de presencia femenina en los cargos de CEO. En el Reino Unido, 44.7% de los puestos en consejos de empresas del FTSE 100 son ocupados por mujeres, aunque su representación en roles ejecutivos sigue siendo limitada.
Los obstáculos persisten: el "techo de cristal" continúa frenando el ascenso de las mujeres a posiciones clave, mientras que el "acantilado de cristal" las coloca en roles de liderazgo en momentos críticos, donde las posibilidades de fracaso son mayores. Estas condiciones no solo aumentan la presión sobre ellas, sino que también refuerzan prejuicios sobre su capacidad para liderar. La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo una barrera estructural, limitando sus oportunidades de desarrollo profesional y reduciendo su acceso equitativo a posiciones de liderazgo.
A pesar de estos desafíos, el avance es innegable. La representación femenina en espacios de toma de decisiones ya no es solo una cuestión de equidad, sino una necesidad estratégica para el desarrollo económico y social. El reto ahora es consolidar estos logros y cerrar las brechas que aún persisten.
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De la Búsqueda como Forma de Cuidado
María Muriel. Abogada y Maestra en Resolución de Conflictos
En México, la crisis de desapariciones ha alcanzado niveles alarmantes. Solo en 2024 se registraron 13 mil 627 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Detrás de cada número hay una historia de dolor y una madre que inicia una búsqueda incansable. La desaparición de una persona impacta a toda la sociedad, erosionando la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
El primer paso cuando alguien desaparece es presentar una denuncia. Sin embargo, la ineficacia del sistema de justicia en México convierte este proceso en un calvario. En lugar de recibir apoyo, las madres enfrentan burocracia, indiferencia y juicios sociales. Muchas son cuestionadas con frases como: “¿Cómo permitió que esto pasara?” o “¿Qué hizo usted para que su hijo terminara así?”. Es impresionante cómo, incluso en medio de tanto dolor, persiste el juicio social sobre el deber de las mujeres y su rol como madres. La búsqueda se convierte así en un proceso marcado no solo por la angustia, sino también por la culpabilización, perpetuando la idea de que la violencia es consecuencia de sus acciones o inacciones
Desde 2019, los colectivos de Madres Buscadoras han localizado más de mil 230 personas sin vida en fosas clandestinas y han encontrado con vida a al menos mil 300 personas. A pesar de no contar con recursos estatales, su labor es efectiva y expone la magnitud del problema. Sin embargo, este trabajo conlleva enormes riesgos: entre 2022 y 2023, al menos ocho mujeres buscadoras fueron asesinadas, como Aranza Ramos Gurrola, ejecutada mientras buscaba a su esposo desaparecido.
A pesar del peligro y el desgaste emocional, estas madres han tejido redes de solidaridad. Juntas convierten el duelo en acción, creando espacios de apoyo y resistencia. En estos colectivos, la vida sigue, permitiendo que el dolor conviva con la esperanza. Su lucha, sin embargo, pone en evidencia una desigualdad estructural: la mayoría de quienes buscan son mujeres, convirtiendo la búsqueda en una extensión del trabajo de cuidados, una labor históricamente feminizada y no remunerada.
Si reconocemos la búsqueda de personas desaparecidas como un trabajo de cuidado, ¿no está entonces el Estado beneficiándose de un esfuerzo no remunerado que, al final, suple sus propias deficiencias? La crisis de desapariciones en México es una deuda histórica del Estado con sus ciudadanos. Mientras no existan mecanismos eficaces de búsqueda y justicia, las Madres Buscadoras seguirán arriesgándose en una lucha que no debería depender solo de ellas. Es urgente replantear las responsabilidades estatales y garantizar apoyo real a quienes, desde el amor y la desesperación, hacen lo que las autoridades se niegan a hacer.