La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega , protegida por el gobierno colombiano , calificó este martes de "ejecución extrajudicial" la muerte del ex policía y piloto Oscar Pérez durante un operativo en las afueras de Caracas .
La acción "culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero (...) no se garantizó la vida de estos jóvenes", dijo Ortega en un video publicado en su cuenta en Twitter.
Ortega, que huyó de Venezuela de forma clandestina en agosto denunciado persecución política, aseguró que Pérez y seis de sus hombres fueron "masacrados" el lunes por las fuerzas militares y policiales.
"Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados. Esto debe hacernos reaccionar a todos", sostuvo la jurista, que rompió con el gobierno chavista a finales de marzo.
Pérez, de 36 años, era el hombre más buscado por las autoridades de Venezuela desde que el 27 de junio sobrevoló Caracas en un helicóptero policial con algunos de sus hombres, lanzando cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparando contra el Ministerio de Interior.
El ataque -sin víctimas- ocurrió en medio de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
La muerte de Pérez y otras seis personas ha provocado polémica en Venezuela. En 15 videos que difundió en Instagram durante el operativo, el piloto, con el rostro ensangrentado, había acusado a las autoridades de querer matarlos, pese a que estaban dispuestos a entregarse.
El gobierno asegura, en cambio, que Pérez y sus hombres fueron quienes atacaron.
"Si las acciones de Oscar Pérez son constitutivas de delitos, corresponde a una justicia imparcial determinarlo", afirmó la ex fiscal, que por el hecho calificó al gobierno de Maduro de "genocida" y "violador de derechos humanos".
Desde que huyó inicialmente a Colombia tras ser destituida por la Asamblea Nacional que rige Venezuela con poderes absolutos, Ortega ha hecho un periplo por distintas naciones de la región para presentar supuestas pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.
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