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Valencia, Venezuela.— Un motín en los calabozos de un centro de detención de la policía en la región de Carabobo, en el norte de Venezuela, dejó ayer un saldo 68 muertos, de acuerdo con cifras de la fiscalía venezolana, aunque una ONG habló de 78 fallecidos. Las autoridades investigan lo ocurrido.
“Ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia de la Policía del estado Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas, hemos designado cuatro fiscales... para esclarecer estos dramáticos hechos”, tuiteó el fiscal general, Tarek William Saab.
De acuerdo con Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, el incidente se produjo en la madrugada del miércoles durante un intento de fuga en las celdas de la policía. Los detenidos habrían prendido fuego a colchones y despojado de su arma a un agente —quien según algunos medios fue tomado como rehén—, dijo Nieto. “Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia”, aseguró a la agencia noticiosa AFP. Según él, “dos mujeres que se presume estaban de visita” están entre los 78 decesos.
Fotografías tomadas por miembros de la ONG muestran el cuerpo de un hombre con quemaduras y a bomberos atendiendo la emergencia.
En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar a la sede policial y durante el forcejeo un funcionario fue herido con una piedra. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas, precisó Una Ventana a la Libertad.
Un video difundido en Twitter mostró a decenas de personas exigiendo información, entre ellas mujeres llorando frente a un piquete policial que custodiaba el lugar. “Soy una madre desesperada. Mi hijo tiene una semana aquí. No nos han dado información de nada”, declaró a medios locales Dora Blanco.
El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, dijo en su cuenta de Twitter que lamentaba lo ocurrido en la comandancia de la policía regional. “Se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos. Estamos al lado de familiares en su dolor y necesidades”, señaló. Previamente su secretario de gobierno, Jesús Santander, citado por la televisora Globovisión, manifestó solidaridad con las “familias de las víctimas fatales”, sin precisar el número.
La diputada opositora Delsa Solorzano, jefa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (Congreso), aseveró que la Asamblea Nacional, bajo control opositor, abrirá una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido.
Los calabozos de la comandancia de la policía de Carabobo son usados como cárcel provisional, desde donde muchos detenidos son llevados a los tribunales para recibir sus sentencias. Nieto responsabilizó de lo ocurrido al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y a su titular, Iris Valera, al señalar que la situación de los lugares de detención preventiva ha sido denunciada en varias oportunidades. “Es grave y alarmante. Lo que ocurrió en Carabobo es una muestra de ello y eso se vive en toda Venezuela”, señaló.
Nieto Palma agregó que las policías regionales del país se encuentran en un estado de caos por negligencia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Indicó que hace siete años, cuando fue creado el Ministerio, Varela ofreció construir un recinto penitenciario en cada estado del país exclusivamente para albergar a personas procesadas en estos casos, como centros de detención preventivas, y hasta ahora no han terminado el primero.
Suiza sanciona a altos cargos. En tanto, el gobierno suizo anunció ayer sanciones contra siete altos cargos venezolanos, que no podrán entrar ni pasar por el territorio helvético. Así lo señaló en un comunicado la Secretaría de Estado para la Economía (SECO).
Entre los responsables están el presidente de la Asamblea Nacionalo, Diosdado Cabello, considerado como el número dos del régimen venezolano, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior, Néstor Riverol.
La entrada en vigor de las medidas, que siguen el ejemplo de las sanciones adoptadas en febrero por la Unión Europea, es inmediata.
Todos sus posibles bienes en Suiza quedan también congelados, precisó la SECO. El Consejo Federal suizo también decretó un embargo sobre los equipamientos militares que puedan ser utilizados para represión, o para vigilancia o intercepción de comunicaciones telefónicas o internet.
