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Londres. La ministra británica de Trabajo, la laborista Liz Kendall, dijo que el proyecto de ley que recorta las ayudas por larga enfermedad y discapacidad en el Reino Unido es necesario para "garantizar la sostenibilidad del sistema", antes de que sea votado en el Parlamento.
Kendall abrió el debate en la Cámara de los Comunes (baja) sobre el proyecto de ley de Crédito Universal y Pago de Independencia Personal (PIP, en inglés), que está previsto que se vote en torno a las 19 horas local (18 GMT), siempre que no prospere una enmienda previa para anularlo.
Después de las concesiones hechas el lunes por el Ejecutivo para aplacar a los rebeldes en su partido, se espera que esta enmienda, presentada por 39 disidentes, sea derrotada y que la cámara apruebe el texto en su conjunto, lo que dará luz verde para que siga su trámite parlamentario.
Kendall reconoció hoy que la reforma del estado del bienestar "nunca es fácil, y menos para un Gobierno laborista", pero insistió en que es imprescindible para "que la seguridad social siga existiendo para las próximas generaciones".
Según cifras oficiales, el gasto en subsidios por discapacidad e incapacidad para personas en edad laboral ha aumentado casi un 60% en este país desde la pandemia, hasta unos 45 mil millones de libras (52.375 millones de euros) en 2023–24, y se calcula que podría superar los 70 mil millones (81.475 millones de euros) en 2029–30.
La ministra anunció el lunes una serie de cambios al proyecto legislativo para apaciguar a unos 126 diputados laboristas que inicialmente amenazaban con boicotearlo.
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Las concesiones realizadas significan que se reducirá a la mitad el ahorro anual previsto en las ayudas a la dependencia, de cinco mil a dos mil 500 millones de libras (cinco mil 900 a dos mil 950 millones de euros).
Entre las modificaciones pactadas con los cabecillas de los parlamentarios rebeldes se incluye que los nuevos criterios de acceso al PIP no afecten a quienes ya lo reciben y solo se apliquen a futuros solicitantes, a partir de noviembre de 2026.
En el caso del Crédito Universal, el subsidio para las personas con bajos ingresos, se sigue restringiendo el acceso a su complemento por incapacidad a los mayores de 22 años y con una cuantía reducida, pero el Ejecutivo asegura ahora que mantendrá el nivel de protección a quienes ya lo cobran.
Junto con el endurecimiento de los requisitos de acceso a estas ayudas, el Ejecutivo destinará 300 millones de libras (unos 354 millones de euros) a programas de empleo, salud y formación para ese sector de la población, a fin de que pueda regresar al mercado laboral.
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