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Washington.— Autoridades migatorias y fronterizas de Estados Unidos están pidiendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirs-tjen Nielsen, que detenga y juzgue a todos los padres de familia que cruzan la frontera desde México ilegalmente con sus hijos, reveló ayer el diario estadounidense The Washington Post, lo que marca un giro en la política seguida hasta ahora, por la cual se intenta mantener a las familias unidas.
De aprobarse la idea, esto podía significar la división de miles de familia, aunque funcionarios aseguraron al Post que no perseguirán a quienes se entreguen voluntariamente en los puntos de entrada a EU y piden asilo.
El Post cita un memorándum enviado a Nielsen el pasado lunes y que detalla la propuesta, basada en el argumento de que amenazar a los migrantes indocumentados adultos con entablarles cargos criminales y con prisión sería la forma “más efectiva” de revertir el número de cruces ilegales en la frontera sur de EU.
Actualmente, la mayoría de padres de familia detenidos al cruzar ilegalmente con sus hijos la frontera son liberados mientras se realizan sus audiencias de deportación. El documento está firmado por el director en funciones de Migración y Aduanas, Thomas Homan; el director de Ciudadanía y Servicios Migratorios, L. Francis Cissna, y el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. McAleenan, y subraya que los intentos de cruces de migrantes con sus hijos se incrementaron a casi 700 al día la semana pasada, lo que representaría la cifra más alta desde 2016, además de alertar de que el número seguirá creciendo si no se hace algo.
La ley estadounidense contempla la posibilidad de acusar de tráfico humano a los padres que llevan ilegalmente a sus hijos a EU, pero hasta ahora se aplicaba poco.
Sin rastro de más de mil menores. Ayer mismo, un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos reveló que las autoridades federales de EU perdieron el rastro de mil 475 niños migrantes en 2017, después de que los menores fueron colocados en casas de patrocinadores adultos en distintas comunidades del país.
Los senadores que escucharon el testimonio del funcionario culparon a las autoridades federales por demorar reformas vitales para evitar que los niños caigan en manos de traficantes de personas.
Una investigación de la agencia Associated Press en 2016 encontró que más de dos docenas de menores fueron enviados a casas en las que fueron agredidos sexualmente, mal alimentados u obligados a trabajar por poco o nulo salario.
