San José. – Un panorama de desmedido y desordenado crecimiento urbano provocó, con múltiples matices y desde hace unos 80 años, una explosión en la demanda de un servicio básico en América Latina y el Caribe: el agua.
Una masiva movilidad migratoria interna, forzada o voluntaria, de las zonas rurales a las urbanas aceleró la progresiva aparición de asentamientos humanos en los alrededores de las ciudades principales o más grandes de América Latina y el Caribe en el siglo XX. Con millones de personas, por el fenómeno aparecieron desde los pueblos jóvenes en Lima, Perú, y los barrios de precaristas en San José, Costa Rica, hasta las casuchas de los cerros en Caracas, Venezuela, las favelas en Río de Janeiro, Brasil, y las villas miserias en Buenos Aires, Argentina.
Al proceso siguió otro desplazamiento multitudinario, pero ya a la fuerza y en fases finales de la segunda mitad de la centuria anterior, de migrantes irregulares extranjeros a los entornos de las mismas y otras ciudades latinoamericanas y caribeñas, como de Guatemala y El Salvador al sur de México por las guerras en ambos países de Centroamérica en las décadas de 1980 y 1990. También hubo migraciones forzosas de Honduras a México, por el impacto de los conflictos bélicos.
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El mayor recipiente de esas corrientes migratorias centroamericanas de los últimos 20 años del siglo precedente fue Estados Unidos. Pero finalizadas las guerras de Centroamérica —Nicaragua en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996—, Washington ejecutó deportaciones masivas de centroamericanos a sus países de origen.
Al firmarse la paz y terminar con las guerras, decenas de miles de centroamericanos regresaron de México a Centroamérica.
Con la deportación a la fuerza desde EU, la exigencia o la demanda de servicios, como agua, creció en las naciones receptoras, que en esos momentos —como ahora— tampoco disponían de las estructuras propicias para responder con eficiencia.
En ese escenario, y también por conflictos bélicos en esos decenios, aparecieron las numerosas migraciones de Nicaragua a Costa Rica y de Colombia a Venezuela, Perú o Ecuador, o las de la actualidad, como las de Venezuela, Cuba y Haití al todo el continente americano, en especial a Estados Unidos. Migraciones similares de finales del siglo XX se produjeron de Bolivia a Argentina.
Con variantes, la situación persistió y en 2024 siguió siendo uno de los focos de alarmas para enfrentar el suministro del recurso hídrico, básico y fundamental para la subsistencia humana.
“Se generó una carga adicional en la prestación del servicio de los sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario”, afirmó la ingeniera civil costarricense Yesenia Calderón, máster en Gestión Ambiental, consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con más de 40 años de conocimiento regional en agua potable y alcantarillado sanitario.
“Vemos mucha gente viviendo en esas zonas, donde tampoco se les puede regularizar el servicio, como sí se hace en las zonas urbanizadas como tiene que ser. ¿Por qué? Están muy juntas unas (casas) de otras, no cumplen con dimensiones, ya están establecidas, se ubicaron en forma desordenada y se abastecen incluso de mangueras”, dijo Calderón a EL UNIVERSAL.
Presidenta del capítulo Costa Rica de la (no estatal) Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), Calderón narró que esos asentamientos “carecen de servicio sanitario y de sistema de saneamiento básico. Ni siquiera tienen letrinas, porque no tienen espacios. No tienen tanque séptico y tampoco se pueden hacer drenajes. Es una situación precaria”.
Pese a todos los problemas, “con el tiempo, esa población con alguna ayuda y con apoyo de empresas (públicas y privadas) de agua potable y saneamiento, han ido mejorando un poco su situación, pero no se logra en su totalidad. Uno siempre sigue viendo que en esos lugares no hay tuberías, solo mangueras”, subrayó.
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Con la experiencia política de que fue presidenta del estatal Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de 2011 a 2014, Calderón planteó que a esos sitios “hay que darles el agua, sea como sea. En esos lugares hay gran cantidad de agua no contabilizada. Al dárseles el agua se generan problemas adicionales, como el saneamiento”.
“La prestación del servicio de agua tampoco es independiente al saneamiento. Es un mismo proceso. Abastecer de agua conlleva abastecer saneamiento, ya sea con tanques sépticos, letrinas… Pero debe suministrarse y que haya una recaptura de esas aguas, a través del subsuelo si es posible, con tanque o alcantarillado sanitario y el tratamiento correspondiente”, relató.
Cifras oficiales hemisféricas a marzo de 2024 mostraron que, con unos 661 millones de habitantes, en la zona hay más de 10 millones que defecan a la intemperie y generan daños a la salud humana, mala calidad del aire y contaminación.
Unos 160 millones siguieron viviendo sin agua segura y unos 430 millones están subsistiendo sin saneamiento, con unos 17 millones con acceso limitado básico al agua o en fuentes “no aptas” y unos 300 millones en sectores urbanos sin alcantarillados, según los datos oficiales.
Al respecto, Calderón recordó que en agua y saneamiento “se habla de economía circular: agua, alcantarillado sanitario, tratamientos residuales y reusar esas aguas residuales para otros menesteres”, aparte del consumo humano, como en mecanismos industriales.
En una descripción del movimiento del área rural a la urbana que, con fuerza en la región, ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial (1939—1945), el historiador y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ente no gubernamental autónomo, precisó que “crecieron las periferias de las ciudades, no las ciudades”.
“Crecieron las periferias o los márgenes, la marginalidad. Esos barrios se asentaron donde no había ciudad, sin viviendas ni servicios o espacios públicos, sin transportes. A fines del siglo pasado eso se cerró al pasarse a la migración internacional, de urbana a urbana. Es la que tenemos hoy”, aseguró Carrión a este periódico.
“Hoy tenemos un promedio del 84% de la población de América Latina y el Caribe viviendo en ciudades. Solo el 16% restante, que es el de la población rural, tendría capacidad de migrar y eso ya no está pasando. El ciclo de la migración del campo a la ciudad ya se cerró y se abrió el nuevo de la migración internacional urbana-urbana”, agregó.
Desde la perspectiva del agua, “no todas las ciudades están viviendo ese problema, sino principalmente las más grandes de cada país. Hay una migración en escalera de la ciudad pequeña a la media y a la grande. En la migración internacional, va de la pequeña y media a la grande. El gran problema entonces con el agua es en las grandes”, recalcó.
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Tras recordar que, como característica en América y en el resto del mundo, mencionó que “todas las ciudades nacieron alrededor de un río, porque la población buscó suplirse de agua. El drama es que, en el transcurso del tiempo, esa población que buscó el beneficio del agua fue liquidando al río y todos esos ríos están hoy con un alto nivel de contaminación”.
Los ríos María Aguilar, Virilla y Tiribí en San José, la capital costarricense, o Guaire en Caracas se contaminaron y dejaron de ser fuente para comunidades aledañas.
Tunjuelo y Bogotá, en la capital colombiana, sufrieron un destino similar de profundo deterioro, como Acelhuate en San Salvador: los salvadoreños de sus alrededores supieron hace más de 70 años que está contaminado, pero consumen y usan sus aguas en tareas cotidianas por carecer del suministro de agua potable con saneamiento.
