Más Información
horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y diversos legisladores mexicanos, anunciaron que el gobierno de México solicitará este viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervengan para detener la separación de familias derivada de la política de Estados Unidos de “Tolerancia Cero”, a la vez que objetó la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump.
De gira por Washington D.C., Videgaray señaló a la prensa que a pesar de que el decreto pone fin a la separación de las familias, “el problema de raíz es la criminalización de la migración” que llamó “absolutamente inaceptable”, y que aunque ya no sean separados, a los menores “se les mantiene detenidos como si hubieran cometido un crimen”.
Videgaray, quien se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, adelantó que el gobierno de México pondrá a consideración del Consejo Permanente de ese organismo un proyecto de resolución mediante el cual los países miembros condenen enérgicamente la política del gobierno de EU que resulta en la separación de familias migrantes. Además, en el proyecto se solicitará a la CIDH que, en el marco de sus facultades, tome las medidas que estime pertinentes.
Anoche mismo, el juez de distrito Dana Sabraw, en San Diego, determinó que los agentes migratorios de EU no pueden seguir separando a padres migrantes de sus hijos al ser detectados en la frontera sur y que las autoridades deben trabajar para reunir a las familias que ya fueron divididas y están bajo custodia. La orden es en respuesta a una demanda de la ACLU.
Durante una visita a Brasil, el vicepresidente de EU, Mike Pence, defendió la política migratoria de EU y envió un mensaje a los migrantes: “Si no tienen condiciones de entrar legalmente [a EU], no vengan”.
Un total de 17 estados en EU y el Distrito de Columbia demandaron al gobierno de Trump para que detenga su política “cruel e ilegal” de separar a familias migrantes. Lo propio hicieron tres madres indocumentadas apartadas de sus hijas. A la vez, 77 legisladores demócratas exigieron al gobierno respuestas sobre denuncias de adolescentes migrantes de que fueron esposados y golpeados estando bajo custodia federal.
