Miami.— Este 9 de julio vence el plazo que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a una serie de países para lograr acuerdos comerciales y evitar los elevados aranceles recíprocos que anunció en abril pasado.
México no está en esa lista, pero sufre igualmente una guerra comercial declarada por Trump, sin cañones pero con impactos estructurales. Desde el 4 de junio de 2025, sus exportaciones de acero y aluminio están sujetas a un arancel de 50% impuesto por la Casa Blanca bajo el argumento de “seguridad nacional” al amparo de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
México está trabajando para alcanzar un acuerdo que le permita mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.
Así, mientras algunos países negocian desde la línea de fuego de los aranceles masivos, México libra su batalla dentro del T-MEC, con el riesgo latente de que, si no hay acuerdo, se rompa no sólo el acceso, sino el equilibrio mismo del pacto comercial norteamericano.
México ha sostenido reuniones técnicas y diplomáticas con funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), pero sin firmar aún un acuerdo que garantice la permanencia de sus exportaciones sin castigos tarifarios. La propuesta en la mesa consiste en establecer un sistema de cuotas anuales: México podría exportar un volumen predeterminado de acero —equivalente a 88% de sus envíos de 2023— con un arancel reducido o nulo, mientras que todo lo que exceda esa cuota pagaría 50%. Los detalles aún se negocian, incluyendo si el nivel base dentro de la cuota será de 0%, 5% o 10%. Fuentes cercanas al proceso que platicaron con EL UNIVERSAL dicen que el acuerdo está “muy avanzado”, pero no cerrado.
Desde principios de junio, el gobierno mexicano ha implementado mecanismos defensivos; nuevas licencias para importaciones sensibles, controles antidumping en textiles, acero y muebles y precios de referencia para detectar subvaluaciones. Sin embargo, no se han anunciado medidas espejo contra productos estadounidenses, al menos por ahora. “La estrategia es clara, ganar tiempo, preservar la relación bilateral, evitar escaladas y mantener abiertos los canales diplomáticos”, comenta a este diario el economista Iván Jiménez; sin embargo, si no hay acuerdo, México no descarta recurrir a paneles de solución de controversias en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual implicaría un conflicto formal con su principal socio comercial.
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Los analistas más influyentes de EU comienzan a lanzar advertencias claras sobre lo que podría suceder si México no logra alcanzar un acuerdo con Washington pronto. Las proyecciones no son un secreto: “Los efectos de los aranceles ya en vigor sobre el acero y el aluminio mexicano podrían extenderse a otras industrias clave, afectando no sólo a la economía mexicana sino también al propio sector productivo de Estados Unidos, fuertemente entrelazado con las exportaciones de su principal socio comercial”, comenta Jiménez.
Desde el Atlantic Council, el experto en economía internacional Jason Marczak fue categórico al señalar que “la implementación de estos aranceles, más tarde o más temprano debilitará al peso mexicano y la economía del país. Las exportaciones podrían caer más de 10% y la contracción del producto interno bruto (PIB) podría llegar hasta 4%”. Ello tendría un impacto inmediato sobre el empleo, el consumo interno, la inversión extranjera y la estabilidad social en México. Para Marczak, además, los efectos podrían rebotar directamente en las industrias estadounidenses que dependen de insumos y productos intermedios fabricados en territorio mexicano.
Desde la perspectiva fiscal, el economista Torsten Slok, de Apollo Global Management, reconoció en entrevista con The New York Post que “la aproximación de Trump podría incrementar los ingresos del gobierno federal al tiempo que reduce la incertidumbre comercial. Podría estabilizar los mercados y aumentar la recaudación impositiva en hasta 400 mil millones de dólares anuales sin subir impuestos internos”.
Sin embargo, incluso este beneficio potencial encuentra límites si los socios comerciales más relevantes, como México, optan por romper cadenas de suministro y desviar inversiones hacia otras regiones. La eficiencia fiscal no compensa, en este caso, el desmantelamiento de un ecosistema económico que ha sido construido durante décadas.
En términos más estructurales, un informe del centro Charles Roé subraya que “el uso de aranceles de emergencia para presionar a aliados comerciales estratégicos como México puede dañar de forma irreversible el diseño del T-MEC y colocar en entredicho la certidumbre jurídica que hace posible la inversión transfronteriza”.
Lo que aquí se discute no es sólo una medida económica puntual, sino la sostenibilidad misma del acuerdo que sustituyó al TLCAN y que prometía una nueva era de integración regional.
Si ese acuerdo se percibe como vulnerable a decisiones ejecutivas unilaterales, perderá su valor como marco protector ante el riesgo.
Mientras los gobiernos debaten, las repercusiones se sienten en la economía real. Las cadenas de producción que cruzan fronteras están en crisis. General Motors ha tenido que ajustar calendarios en sus plantas de Coahuila y Ohio. Whirlpool ha registrado retrasos en insumos clave. Home Depot y Best Buy reportan aumentos en precios de herramientas y electrodomésticos, y cadenas de construcción alertan por alzas en materiales básicos como varilla, tubería y cemento.
La Federación Nacional de Ventas al Menudeo (NRF) calcula que los nuevos aranceles podrían añadir hasta 1.2% a la inflación en EU en el último trimestre del año. El dólar ha sufrido su peor semestre desde la crisis del petróleo en 1973, mientras el índice ISM manufacturero se mantiene en zona de contracción (49.0%) por cuarto mes consecutivo. La Reserva Federal ha reconocido que el entorno comercial ha postergado los recortes de tasas previstos para junio y julio, y que podrían esperar hasta septiembre para ajustar la política monetaria.
Acuerdos, lejos de la meta
La situación no es exclusiva de México. El modelo de presión diseñado por Trump se extiende como una red que abarca a más de 18 países. Pese a que en su momento prometió “90 acuerdos en 90 días”, hasta el 6 de julio de 2025, Estados Unidos ha firmado acuerdos tarifarios con tres países, de todos los afectados por los aranceles recíprocos: con Reino Unido redujo aranceles de 27.5% a 10% en automóviles y eliminó por completo tarifas sobre partes aeronáuticas; con China estableció un marco para rebajar tensiones en el que Estados Unidos aplicará 55% de arancel a ciertas importaciones chinas (incluyendo 10% “recíproco” y 20% específico por el tema de los precursores), mientras China acepta un arancel base de 10% para productos estadounidenses. Con Vietnam acordó reducir los aranceles sobre sus exportaciones de 46% a 20%, mientras aquellos productos “triangulados” desde terceros países a través de Vietnam enfrentarán 40% de arancel.
En el resto del mundo, el temor es palpable. La Unión Europea, a la que Trump amenazó con un arancel recíproco de 20%, ha advertido que, si Trump reimpone los gravámenes a productos comunitarios el 9 de julio, responderá con una batería de medidas espejo y demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ursula von der Leyen ha sido clara al declarar que “la diplomacia no es sumisión; si la administración estadounidense decide actuar unilateralmente contra Europa, responderemos con firmeza y proporcionalidad”, dijo.
Japón, Corea del Sur, India, Canadá y Brasil han emitido comunicados similares. Todos están en negociaciones activas con Washington, pero ninguno ha logrado aún un pacto definitivo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que esperan cerrar entre 10 y 12 acuerdos más antes del Día del Trabajo, en septiembre, pero reconoció que muchos de ellos no llegarán a tiempo para evitar el umbral del 9 de julio. Aun así, Trump mantiene la presión. “Los países que no firmen antes de esa fecha enfrentarán las consecuencias. Estamos reconstruyendo nuestra soberanía comercial”, insistió.
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Wall Street, entre tanto, navega el oleaje con una mezcla de ansiedad y esperanza. Tras el colapso de abril, provocado por el anuncio inicial de los aranceles, los mercados repuntaron cuando se estableció la pausa negociadora. El S&P 500 y el Nasdaq recuperaron niveles récord en junio, impulsados por el acuerdo con Reino Unido y, en menor medida, por el pacto con China. Aún así, los movimientos recientes reflejan una calma tensa: el SPY y el QQQ cerraron el 1 de julio con pérdidas marginales, y los sectores industriales y de materias primas muestran una volatilidad sostenida. Inversionistas institucionales observan con lupa cada declaración de la Casa Blanca, del tesoro y de los tribunales federales, donde se juega una carta inesperada: la posible ilegalidad de los aranceles.
Diversas asociaciones empresariales, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la National Foreign Trade Council y la American Apparel & Footwear Association, han presentado demandas ante la Corte de Comercio Internacional argumentando que el uso de la IEEPA como instrumento arancelario no se ajusta a su naturaleza legal. La IEEPA fue diseñada para responder a amenazas externas inminentes, como terrorismo o guerras. Usarla para imponer tarifas a socios comerciales estratégicos podría, según los demandantes, constituir un abuso del poder presidencial. En junio, la Corte emitió una suspensión parcial, dejando fuera del arancel productos médicos sensibles. El caso sigue en apelación y podría escalar hasta la Suprema Corte. Si la ley es invalidada en este contexto, las tarifas podrían anularse retroactivamente, abriendo paso a millonarias demandas por daños.