Miami.— El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que los primeros vuelos de deportaciones habían partido desde el centro de detención Alcatraz de los Caimanes, que es un agujero negro jurídico para los migrantes. DeSantis anticipó que “muy pronto” en el centro, al oeste de Miami, habrá elementos de la Guardia Nacional que fungirán como jueces migratorios para acelerar las deportaciones, algo que “aprobó” el presidente Donald Trump durante su visita al lugar la primera semana de julio.
“Oficiales estatales adjuntos, incluyendo la Guardia Nacional, y abogados judiciales, para que sean jueces de inmigración”, dijo y añadió que la “visión es tenerlos a la vista, seguir con el proceso muy rápido e incrementar los números”. Dijo que “estamos trabajando muy de cerca con el Departamento de Justicia, aún no tenemos ninguna aprobación, pero anticipamos que ocurrirá muy pronto”, agregó DeSantis.
“Me complace reportar que esos vuelos desde Alcatraz de los Caimanes, de parte del DHS [Departamento de Seguridad Nacional], han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos tenido ya cierto número de vuelos en los últimos días, hemos removido a cientos de ilegales desde aquí”, dijo DeSantis en una conferencia en el sitio. “El propósito completo es convertir esto en un lugar que pueda facilitar el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones de extranjeros ilegales, y esa es la meta. Y una de las razones por las que este es un lugar esencial es porque tienes esta pista aérea justo aquí”, señaló.
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DeSantis visitó el lugar tres semanas después de la apertura, en un aeropuerto abandonado, donde por ahora tiene una capacidad para 2 mil detenidos y espera crecer a 4 mil, precisó Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM). “Este aeropuerto puede aceptar aeronaves de tamaño comercial y tener operaciones tanto de día como de noche. De eso se trata todo esto, de poder retener, procesar y remover a gente que está ilegalmente en el estado de Florida y en Estados Unidos”, expresó DeSantis.
En Alcatraz de los Caimanes, entre nidos de mosquitos, un calor insoportable y la locura institucional, están al menos 14 mexicanos con una historia que contar. Carlos Martín González, de 26 años, viajaba por Orlando en un auto, con visa de turista vigente, sin violar ninguna ley migratoria. Lo detuvieron porque su auto llevaba vidrios polarizados.
Lo bajaron del coche, lo esposaron y lo encerraron. Tres días después, su hermano Óscar Alejandro González, de 30, casado con una ciudadana estadounidense y en trámite de residencia legal, acudió con el título del auto para sacarlo, pero para su sorpresa también fue arrestado.
Cuando el padre de los hermanos González, Martín, llegó desde la Ciudad de México a Orlando, ya no estaban en la cárcel del condado. Un oficial le informó que estaban en Alcatraz de los Caimanes. Sólo después de llamar al Consulado mexicano, supo que sus hijos habían sido internados en una de las áreas migrantes más cuestionadas de EU.
Desde dentro, los hermanos lograron hacer una llamada. Fue breve, apenas alcanzaron a decir que estaban encadenados de pies y manos al piso, que dormían en una jaula con 36 personas más, que el agua estaba sucia, que no les daban jabón, que les permitían bañarse una vez cada cuatro días. Su papá, Martín lloró mientras relataba esa llamada ante la prensa. “No sabes lo que sentí. Eso me destruyó por dentro. Ellos no han hecho nada malo”, dijo. El cónsul general de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, se trasladó hasta el pantano. Logró ver a los hermanos González y les asignó una abogada del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas. Reportó condiciones graves del lugar y confirmó lo que temían, “no están bajo custodia de ICE, no hay manera legal de defenderlos aún; debemos esperar”.
Esto se explica porque “este intento de centro de detención llamado Alcatraz de los Caimanes, es donde el gobierno de Florida decidió levantar un área migratoria paralela al sistema federal. Por lo tanto, “no lo controla ICE, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (CBP), ni el Departamento de Justicia”, explica a EL UNIVERSAL el abogado especialista en inmigración José Jordán. Lo administra el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida. Sin jueces, sin rutas de apelación, sin acceso inmediato a abogados, sin vigilancia de derechos humanos.
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Otro mexicano del que este diario pudo saber, es la historia de un joven de 36 años, beneficiario del programa DACA desde hace más de una década; también fue detenido tras una supuesta infracción vial. Su licencia estaba en regla, su permiso de trabajo vigente, sin antecedentes penales. Su abogado denunció que no se le permitió visitarlo ni saber en qué tribunal debía presentar su defensa. “Lo desaparecieron jurídicamente. No hay un expediente, no hay número de seguimiento; no hay nada”, dijo su defensor Phil Arroyo.
Ese joven fue trasladado al centro sin aviso a sus abogados ni familiares y se le negó contacto legal durante días. Cuando por fin fue ubicado, estaba enfermo, con la piel irritada por la humedad constante, sin atención médica y durmiendo bajo luces fluorescentes que nunca se apagan. “No se puede dormir, nunca es de noche”, afirma el dreamer.
El Consulado mexicano en Miami, con jurisdicción para sus connacionales en este Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, también intervino. Se le permitió ingresar, bajo estrictas condiciones; sin cámaras, sin entrevistas, sin contacto prolongado. Funcionarios mexicanos constataron que había comida, catres y personal; no pudieron verificar si los detenidos recibían atención médica, si estaban incomunicados o si las denuncias de tratos crueles eran ciertas; así como limitaciones médicas y la mala alimentación.
DeSantis destacó que uno de los beneficios logísticos del centro es que “no es necesario trasladarlos una hora hasta un aeropuerto. Aquí sólo hay que recorrer unos cuantos cientos de metros y ya pueden subir a un avión y salir del país”. Para DeSantis, todo tiene sentido, “todo el propósito de este centro es facilitar una mayor frecuencia y volumen de deportaciones de extranjeros ilegales. Ese es el objetivo”. Y remató: “Van a ver que los números van a subir dramáticamente”. La American Civil Liberties Union (ACLU) de Florida y Americans for Immigrant Justice, a través de su demanda colectiva ya en curso, calificaron el anuncio como la materialización de una política diseñada para silenciar y criminalizar a personas vulnerables. En palabras de Eunice Cho, abogada principal del proyecto penitenciario nacional del ACLU, “no existen protocolos en esta instalación para proporcionar medios estándar de comunicación confidencial entre abogado y cliente, como visitas en persona o llamadas telefónicas o video que están disponibles en cualquier otra prisión o centro de detención”.
Añadió que “los abogados son recibidos en un punto de control militar por personal armado y se les dice que pueden llenar un formulario, y luego que alguien los contactará en unos días para organizar una visita. Esto no es normal”. Ambas organizaciones exponen un sistema que funciona al margen del debido proceso, “no existen protocolos en esta instalación para proporcionar medios estándar de comunicación confidencial entre abogado y cliente, como visitas en persona o llamadas telefónicas o video que están disponibles en cualquier otra prisión, cárcel o centro de detención”, indica el documento legal al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
El expediente judicial incluye los testimonios de al menos cuatro detenidos, ninguno identificado por nombre público por seguridad, así como múltiples declaraciones juradas de abogados, médicos y familiares. La ACLU asegura que se trata de un “centro de detención extralegal” operado bajo criterios militares, sin supervisión judicial ni normas migratorias reconocidas.
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La demanda también cuestiona el aislamiento del centro, que está ubicado a más de 60 kilómetros de la ciudad más cercana, sin transporte público, sin línea telefónica abierta y sin registro en el sistema carcelario, estatal o federal. Sólo se puede llegar con coordenadas GPS y escolta autorizada. Es, en la práctica, “un agujero negro jurídico”, como señaló un abogado de ACLU. El padre de los hermanos González no ha dejado de insistir. Acude cada día al consulado. Espera afuera del centro cuando lo dejan. El caso del joven dreamer también se ha convertido en emblema de lo que puede ocurrir cuando el Estado decide ignorar su propio ordenamiento legal. Algunos mexicanos siguen sin conocerse a ciencia cierta quiénes son. El consulado los tiene registrados; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo confirmó. Al menos 14 mexicanos están atrapados aquí.