Miami.— Gobierno demócrata o republicano, la pesadilla es la misma para los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos: ser deportados, sin importar si son personas de bien o si cumplen las leyes.
Cristina Salazar, una joven madre de 23 años, fue deportada en diciembre pasado, en el gobierno demócrata de Joe Biden, junto a sus bebés gemelas, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses. El regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca complica más las posibilidades de que regrese a Estados Unidos.
Salazar acudió a una cita en el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, el 10 de diciembre. Llegó acompañada de sus gemelitas. Pensó que era una cita de rutina, pero una vez allí le dijeron que tenía orden de deportación inmediata. La razón: que no se presentó a su audiencia del 9 de octubre. Cristina les explicó que en septiembre tuvo complicaciones médicas y las gemelas nacieron prematuramente mediante una cesárea de emergencia, por lo que dio aviso oportuno al tribunal sobre su condición médica y solicitó una nueva fecha para comparecer.
La abogada de Salazar, quien cruzó a Estados Unidos el 28 de junio de 2024, explicó a EL UNIVERSAL que su clienta “avisó que no podía asistir por la cesárea de emergencia; incluso envió documentos médicos, pero las autoridades nunca respondieron. Se aprovechó injustamente esta situación para expulsarla del país”. La deportación se ejecutó en menos de 24 horas. Cristina, sus gemelas nacidas en Estados Unidos y otros dos hijos pequeños fueron trasladados a Reynosa, Tamaulipas, sin ropa suficiente ni pañales. Nada.
Federico Arellano, esposo de Cristina y quien es ciudadano estadounidense, expresó su desesperación: “Nunca pensé que algo así pudiera pasarle a mi familia. Mis hijas son ciudadanas americanas, apenas bebés y las enviaron sin contemplaciones a México”, dijo desde Texas.
“Estamos aquí sin nada, no tenemos a dónde ir, no conocemos a nadie, mis hijas están sufriendo. No entiendo cómo pudieron hacerle esto a mis bebés. Ellas son ciudadanas estadounidenses. Ese es su país también”, lamenta Cristina.
Federico inmediatamente emprendió una incansable lucha legal y mediática desde Houston, intentando movilizar a congresistas, abogados y organizaciones humanitarias para traer de regreso a su familia. En entrevista con CBS News, dijo: “Estoy haciendo todo lo posible por traerlos de regreso. Esto ha sido devastador, no sólo para mí, sino especialmente para mis hijos. Ellos merecen crecer aquí, en su país, con dignidad y con sus padres juntos”.
Isaías Torres, otro de los abogados que representan a la familia, calificó la deportación como “una medida extrema e innecesaria”, agregando que había opciones legales más humanas que el ICE podría haber tomado en cuenta.
Torres recalcó que “la familia cumplió con todas las instrucciones del gobierno. Esta deportación fue injusta, cruel y un atropello contra los derechos fundamentales de esas niñas estadounidenses”.
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La comunidad migrante y organizaciones locales llevan a cabo campañas de recaudación de fondos para ayudar a la familia con los gastos legales y de subsistencia.
El caso ha movilizado a activistas que alertan sobre una peligrosa tendencia en las políticas migratorias, que han empeorado con la administración Trump. Según declaraciones publicadas por el diario The Guardian, organizaciones proinmigrantes denunciaron que esta deportación fue “alarmante al haberse llevado a cabo en la administración de Joe Biden” y que esto “podría marcar un precedente peligroso en la era Trump para otras familias de estatus migratorio mixto, con miembros estadounidenses e indocumentados”.