Miami.— El matrimonio infantil sigue siendo uno de los problemas más persistentes y normalizados en el mundo contemporáneo. Pese a las promesas de modernidad, la globalización y los compromisos internacionales, millones de niñas, y en menor medida niños, continúan siendo forzados a uniones que marcan de manera irreversible sus vidas. La práctica atraviesa fronteras culturales, religiosas y económicas, pero con intensidades distintas.
Según Unicef, “se estima que 640 millones de niñas y mujeres con vida hoy, fueron casadas en la niñez”; de acuerdo con la ONG Girls Not Brides, “al ritmo actual de progreso, tomaría 300 años poner fin al matrimonio infantil”.
Asia
Asia carga con el mayor volumen absoluto de “novias niñas”, sobre todo en Asia meridional. India redujo la prevalencia a 23.3%; la National Family Health Survey, una encuesta nacional de hogares, muestra un descenso real pero insuficiente dada su población; Bangladesh aún ronda 51% y más de una de cada cinco niñas se casa antes de los 15. Paquistán se mueve en torno a 18% a nivel nacional, con fuertes diferencias provinciales y vulnerabilidades que se incrementan tras inclemencias climáticas. Reportes periodísticos y de sociedad civil han señalado “repuntes de matrimonios forzados ligados a desastres climáticos recientes como válvula de escape frente a la miseria que viven”.
La situación más reciente y que ha desatado indignación es que el Parlamento de Irak aprobó una controvertida ley que permite el matrimonio infantil, autorizando que menores de 18 años puedan casarse con el consentimiento de sus padres y bajo la jurisdicción de tribunales religiosos, incluso desde los 9 años en algunos casos.
En el sudeste asiático, Indonesia elevó en 2019 la edad mínima a 19 para ambos sexos y Filipinas prohibió el matrimonio infantil en 2021; son dos giros legales relevantes en una subregión donde la práctica persiste en zonas rurales y entre minorías con débil acceso escolar.
África
África sigue siendo el epicentro mundial por prevalencia, sobre todo en el centro y el este. Seis de los 10 países con mayores tasas se concentran en el continente. Níger tiene la cifra más alta del planeta: en torno a 76% de mujeres de 20-24 años casadas antes de los 18, seguida por República Centroafricana y Chad, con contextos donde la inseguridad, la dote y la pobreza rural empujan a decisiones de supervivencia que arrebatan la adolescencia. En promedio, cuatro de cada 10 niñas de la región se casan antes de la mayoría de edad.
“En Burkina Faso, Mali o Guinea, el desplazamiento interno y la inseguridad alimentaria se combinan con normas ancestrales; y en Sudán del Sur, la lógica del ‘precio de la novia’ convierte a la adolescente en transacción económica”, subraya un informe de Unicef. Sierra Leona aprobó y promulgó en 2024 la Prohibition of Child Marriage Act, la cual prohíbe el matrimonio con menores de 18, sanciona a quienes lo faciliten y prevé penas de hasta 15 años de prisión, además de medidas de protección para las víctimas.
En África oriental y meridional, el promedio es más bajo. Mozambique mantiene una de las prevalencias más altas, alrededor de 53%, con brechas abismales entre campo y ciudad. Etiopía y Madagascar han mostrado descensos en ciertos estados, pero la inercia cultural y las crisis económicas amenazan avances. La evidencia aquí coincide: mientras más años de escuela cursa una niña, menor es la probabilidad de unión temprana.
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América
En Estados Unidos, pese a presentarse como adalid de los derechos humanos, persiste el matrimonio infantil. La organización Unchained at Last documentó que, entre 2000 y 2018, se registraron casi 300 mil matrimonios de menores de edad; la mayoría, niñas de 16 y 17 años unidas a hombres adultos, aunque también existen casos de niñas de apenas 12.
El Pew Research Center señala que en 2014 (no existe una nueva nota de Pew que reemplace esa cifra con el mismo indicador) había alrededor de 57 mil 800 adolescentes casados entre 15 y 17 años, lo que equivale a 5 por cada mil residentes estadounidenses en ese rango.
El problema está enraizado en la dispersión legislativa; hasta 2025, sólo 16 estados han prohibido totalmente el matrimonio infantil; en 34 aún es posible bajo excepciones como consentimiento parental o autorización judicial. En estados como California, Mississippi u Oklahoma, se han registrado uniones de niñas de 13 y 14 años, con jueces validando que “el matrimonio era en el mejor interés de la menor”. Organismos como Human Rights Watch han denunciado que “estas leyes no protegen a las niñas, sino que permiten que situaciones de abuso sexual se legitimen bajo la figura del matrimonio”.
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En México, aunque la reforma de 2019 prohibió las uniones de menores de 18 años sin excepciones, “la prevalencia sigue siendo una de las más altas de América Latina: alrededor de 26% de las mujeres jóvenes estuvieron unidas antes de los 18”, según Unicef; “en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la tasa asciende a más de 30%, reflejando cómo las comunidades indígenas y rurales son las más afectadas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que en México “las reformas legales no han bastado, porque los matrimonios y uniones infantiles responden a patrones culturales profundamente arraigados, que ven a la niña como un activo económico o un mecanismo de protección familiar”. Unicef México, en su informe de 2021, advirtió que “los esfuerzos deben centrarse en ampliar la cobertura educativa, combatir la violencia de género y empoderar económicamente a las familias para que no recurran a estas prácticas”.
En Canadá, hasta 2015, la ley permitía el matrimonio de jóvenes de 16 y 17 años con autorización parental y judicial. Fue con la reforma de ese año que se fijó en 18 años la edad mínima legal, sin excepciones.
América Latina y el Caribe, en su conjunto, presentan una prevalencia de 25%: una de cada cuatro mujeres jóvenes estuvo unida antes de los 18. En la mayoría de los casos, las uniones no pasan por el registro civil, sino que se establecen como convivencias tempranas. Esto genera un subregistro.
Los países con mayor prevalencia relativa son Nicaragua (35%), República Dominicana (32%), Honduras (34%), Surinam (36%) y Belice (34%). En términos absolutos, los más afectados son Brasil, con más de 20 millones de mujeres unidas en la infancia y Colombia, con alrededor de 4.5 millones, según informes de Unicef. En Haití y Jamaica, la combinación de crisis económica, debilidad institucional y violencia social agrava la situación.
Europa
Suele presentarse como terreno “casi libre” de matrimonio infantil, pero persisten situaciones de riesgo ligadas a la migración, a uniones religiosas no registradas y a prácticas minoritarias (por ejemplo, en comunidades romaníes) donde la unión temprana es socialmente aceptada.
Unicef Europa y Asia Central advierte que las tasas “se disparan entre las comunidades marginadas” y documenta que “en partes de los Balcanes, la mitad de las mujeres romaníes de 20–24 años estuvieron casadas antes de los 18”, frente a 10% nacional.
El Convenio de Estambul del Consejo de Europa consagra que “la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y que es una obligación del Estado prevenir, proteger y sancionar”. Sostiene que es también obligación del Estado abordar plenamente la violencia […] y adoptar medidas para prevenirla, proteger a las víctimas y procesar a los perpetradores. Ese estándar ha impulsado reformas nacionales y “una línea común frente al matrimonio infantil como forma de violencia de género, incluidas medidas para no reconocer uniones con menores celebradas en el extranjero”, puntualiza el convenio.
El caso británico marcó cambio. Con la Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act, Inglaterra y Gales elevaron en 2023 la edad mínima a 18 años sin excepciones; “los jóvenes de 16 y 17 años ya no podrán casarse bajo ninguna circunstancia”, zanjó el gobierno.
La migración y el asilo añaden otra capa. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) documentó que, entre la población refugiada siria, la proporción de matrimonios con menores subió respecto a la pre-guerra, con 13%, “entre refugiados sirios en Jordania, la tasa subió a 32% en 2014”, patrón que afecta a diásporas asentadas en Europa y exige respuestas en acogida, registro y protección.
El think tank del Parlamento Europeo recordó a su vez que, al 1 de enero de 2023, “al menos 7 millones 400 mil niños residentes en la Unión Europea no tenían ciudadanía del país de residencia”.
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Oceanía
Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu y las Islas Marshall registran prevalencias que van de 21% a 27%, con tasas mayores en áreas rurales y con el bride-price normalizando un mercado matrimonial que vulnera a las niñas. En Marshall, una de cada cuatro jóvenes de 20-24 estuvo casada antes de los 18; en Papúa Nueva Guinea, la cifra ronda 27%, con brechas muy marcadas por pobreza y educación. Llevar servicios (escuela, salud y registro civil) a islas remotas es un gran desafío. Australia y Nueva Zelanda muestran marcos avanzados, con matices. En Australia, el matrimonio es posible para jóvenes de 16-17 sólo con autorización judicial en “circunstancias excepcionales”; y el matrimonio forzado es un delito federal.
En Nueva Zelanda, desde 2018 cualquier boda a los 16-17 requiere autorización de un juez de Familia. La experiencia de ambos países subraya que cerrar la laguna legal no basta, hay que seguir rastreando uniones religiosas o culturales no registradas y asegurar que todo intento de coacción sea perseguido, aun cuando no hay ceremonia civil.