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Quito. Un gran despliegue de fuerzas de seguridad en Quito, calles bloqueadas con tanquetas y manifestantes enfrentándose con policías marcaban la jornada del domingo en la capital ecuatoriana, mientras continúa un paro indígena en contra del alza del precio del diésel.
El llamado de organizaciones sociales a movilizarse el 12 de octubre, en que Ecuador conmemora el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, encaja con el paro indígena que lleva 21 días en el país. Exigen al gobierno del presidente Daniel Noboa derogar un decreto que elimina un subsidio estatal de mil 100 millones de dólares al combustible, lo que provocó que subiera de precio de 1,80 a 2,80 dólares el galón.
Pitos, banderas y consignas de “¡Fuera Noboa, fuera!”, se oían el domingo entre los manifestantes, que avanzaron desde el sur de la ciudad hacia un popular parque en el área centro-norte en el que se tenía previsto que se concentraran, pero policías motorizados y gases lacrimógenos los dispersaron. No se reportaron heridos ni lesionados.
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“Los diferentes sectores sociales, el movimiento indígena, los trabajadores, la juventud, los barrios de Quito, los pueblos del Ecuador nos levantamos frente a las políticas neoliberales del dictador Noboa”, declaró ante la prensa el dirigente sindical Nelson Erazo, en alusión a las medidas más recientes del gobierno, incluido el despido de miles de funcionarios públicos.
El paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor de su tipo en el país, hasta ahora ha dejado un muerto, decenas de heridos —entre manifestantes y fuerzas de seguridad— y más de un centenar de detenidos.
Hasta ahora, las protestas en rechazo a la política económica del gobierno de Noboa se han focalizado en el norte de la nación, sin causar estragos en las principales ciudades. De ahí que el llamado a movilizarse en Quito alertó a las autoridades, que en días anteriores dispusieron el despliegue de miles de uniformados en la capital.
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Un estado de excepción decretado por el gobierno está en vigor en 10 provincias, incluida Pichincha, a la que pertenece Quito. La medida restringe el derecho a la libertad de reunión.
El gobierno ha defendido que la eliminación del subsidio es necesaria para contrarrestar el contrabando del combustible, el cual permeaba por las fronteras con Colombia y Perú, y que ahora los recursos se destinarán directamente a zonas necesitadas.
Desde entonces, Noboa ha recorrido las zonas más conflictivas, donde ha entregado bonos en efectivo a campesinos y transportistas, además de créditos y otros beneficios, y ha dicho que no dialogará con la dirigencia indígena.
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