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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó ayer a todos los poderes del Estado, a la oposición y al sector privado a abrir un periodo de “consensos básicos” en torno a una agenda de reformas económicas, políticas y judiciales para impulsar el desarrollo del país y combatir la pobreza.
“Lo que vamos a hacer entre todos es algo que hace muchas décadas no logramos en Argentina”, comenzó diciendo el jefe de Estado en una extensa intervención en el Centro Cultural Kirchner, de Buenos Aires, con la asistencia de gobernadores y miembros del Ejecutivo, del Parlamento y del Poder Judicial y representantes de la empresa, los sindicatos y las universidades.
Para Macri, que en diciembre cumplirá dos años en el cargo tras los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), si no hay “consensos básicos”, no habrá “sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria”, ni tampoco “equidad social ni una verdadera salida a la pobreza y la desigualdad”.
“Esto implica una transformación muy grande, mirarnos hacia al futuro, en vez de pelearnos mirando los fracasos del pasado. No hay por qué tenerle miedo a esta idea, no se trata de sacar o de ajustar, sino de poner, de ceder en algo”, aseveró. El acto de ayer, que se lleva a cabo una semana después de que el oficialismo lograra una contundente victoria en las elecciones legislativas, pretendió acercar posturas sobre las políticas públicas que permitan generar empleo, impulsar la economía, bajar el déficit y la inflación y avanzar contra la desigualdad y la corrupción.
El presidente dividió en tres los ejes para construir los consensos: bajar la alta de la pobreza, que en el primer semestre del año afectó al 28,6 % de la población; avanzar en la responsabilidad fiscal y en el descenso de la inflación, que de enero a septiembre se ubicó en el 17.6 %-, y favorecer el empleo formal y mejorar la “calidad institucional” por la transparencia y contra la corrupción.
Deja su cargo fiscal general. La fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer su renuncia, efectiva a partir del 31 de diciembre.
Gils es investigada en una causa por presunta corrupción. El presidente Macri la había señalado de no ser imparcial y de militar en el kirchnerismo.
La procuradora fue nombrada en el cargo en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández y había sido avalada por el Congreso. Los pedidos públicos para que dimitiera se avivaron semanas atrás, pero el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas fue definitivo para su salida.
