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Lima.- La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, anunció este sábado que la empresa privada que vende entradas a Machu Picchu acabará su contrato en los próximos días, y aseguró que esta no recibió ningún tipo de comisión por la venta de boletos al lugar turístico.
"Joinnus ya no será la administradora de esta plataforma, además ya hemos venido trabajando durante estos últimos tres meses, tanto los abogados de la empresa proveedora como los nuestros, y hemos llegado a acuerdos que permiten finiquitar justamente el contrato. Esto va a suceder próximamente", dijo Urteaga a través de un comunicado difundido por el Ministerio.
Recordó que el pasado 30 de enero, tras protestas de pobladores del distrito de Machu Picchu, firmó la Declaratoria de Machupicchu, donde se comprometió a que dicha empresa dejará de administrar la venta de entradas y que será una nueva plataforma desarrollada por el Gobierno quien se encargará de ofrecer este servicio.
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Por irregularidades, Joinnus dejará de administrar entradas a Machu Picchu
La ministra de Cultura de Perú recalcó que el sistema anterior de venta de entradas para la ciudadela inca que funcionó durante años, a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, no era el mejor, “tenía irregularidades, fue manipulado y contaba con un sistema paralelo”, y que además daba lugar al mercado negro de compra y venta de boletos.
También se refirió al informe que la Contraloría General de la República emitió este jueves en el que la institución advirtió que la adjudicación de Joinnus por parte del ministerio fue irregular, puesto que incumplió la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023 y la Ley de Contrataciones del Estado.
"Aquí quiero ser enfática, que no se le ha dado ningún sol a la empresa proveedora por comisiones y además informar que hemos realizado todo el proceso administrativo y legal para que no haya ningún problema al culminar el contrato", señaló la ministra.
Expresó que fue el Ministerio de Cultura quien solicitó, tanto a la Contraloría como al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a los órganos de control interno, el acompañamiento sobre este tema, por lo que ahora ya se tiene un informe definido.
"Las responsabilidades que determina este informe son administrativos y por supuesto que nos indican que el sector tendrá que evaluar si corresponde hacer denuncia y seguramente eso va a continuar", añadió.
En este sentido dijo que precisamente las tres personas señaladas por el informe, encargadas de oficinas administrativas, "ya no están trabajando actualmente en la institución, sin embargo, seguirán los procesos administrativos correspondientes".
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