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Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general venezolana, llegó ayer a la Ciudad de México para continuar con sus denuncias contra los funcionarios del gobierno venezolano.
Ortega Díaz, de gira por Latinoamérica, se reunió con el procurador general Raúl Cervantes Andrade para coordinar “acciones para la lucha contra la corrupción”, según tuiteó la venezolana, quien publicó una foto de ambos.
Ortega Díaz ha denunciado desde que salió exiliada del país a altos funcionarios como el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez por hechos de corrupción. La ex fiscal estuvo en Costa Rica señalando la violación de derechos humanos en Venezuela.
Este lunes Ortega Díaz se reunió con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presentó pruebas en contra del mandatario Nicolás Maduro y las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
En Costa Rica la fiscal denunció que “hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 (millones) y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma”. Ortega Díaz reveló que para la “millonaria trama de corrupción” se ha utilizado “como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa”, cuya propietaria es Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la constituyente.
Agregó que “esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Jesse Chacón y Maximilian Sánchez Arveláez”.
Reiteró que entregó pruebas de este caso y de otros a fiscales de Estados Unidos y Brasil, y ayer a Chavarría, quien además es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Justificó la entrega de pruebas en distintos países alegando que en Venezuela “no va a ser posible hacer Justicia”. Ortega fue destituida el pasado 5 de agosto por la Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos.
Hace dos semanas, la ex fiscal huyó a Colombia con su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, denunciando una persecución del mandatario venezolano, a quien tilda de “dictador”. El Ministerio Público acusa a Ferrer de liderar una red que extorsionaba desde esa institución a empresarios petroleros corruptos a cambio de no procesarlos.
