Madrid.— El independentista catalán Carles Puigdemont salió ayer de la cárcel de Neumünster, en Alemania. Una vez en las puertas de la prisión, dijo al gobierno español que “ha llegado el momento del diálogo”.
“Es una vergüenza para Europa que se sigan teniendo presos políticos”, declaró Puigdemont, a pesar de que los jueces alemanes aclararon en su auto que las acusaciones contra el político no son políticas.
Puigdemont estaba detenido en Alemania de forma cautelar desde el 25 de marzo, pero el jueves la Audiencia Territorial de Scheswig-Holstein decretó su libertad bajo una fianza de 75 mil euros.
Los jueces alemanes consideraron que no se puede extraditar a España al político por un delito de rebelión (penado con 30 años), porque no tiene un equivalente exacto en su legislación nacional. Por tanto, sólo es posible entregarlo por corrupción y malversación de caudales, en los que el catalán habría incurrido al convocar el pasado 1 de octubre un referéndum de autodeterminación no autorizado por el gobierno central y declarar la independencia de Cataluña el día 27 del mismo mes.
Tras una breve comparecencia ante los medios que lo esperaban fuera de la cárcel junto a una decena de militantes catalanes, el político que ha puesto en jaque a las instituciones españolas con su huida por Europa se trasladó a Berlín “por cuestiones legales”. Puigdemont no puede abandonar Alemania mientras se resuelve su entrega a España.
El portavoz gubernamental español, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, reiteró que el gobierno de Mariano Rajoy acata la decisión de los tribunales alemanes.
Los jueces españoles son los que estudian ahora qué estrategia seguir. Pueden decidir continuar con la extradición por malversación (delito castigado con un máximo de 12 años) o retirar la petición de entrega a la justicia alemana.
La primera decisión implicaría que Puigdemont no podría ser juzgado en España por rebelión, sino únicamente por malversación, el delito por el que fue entregado. Esto dificultaría también que se acusara de rebelión al resto de políticos investigados por declarar la independencia de Cataluña. Si el supuesto líder de la rebelión, Puigdemont, no puede ser considerado culpable de ese delito, sería difícil que lo fueran sus subalternos.
Por el contrario, si España retira la petición de extradición por malversación, Puigdemont quedaría en completa libertad, siempre que permaneciera fuera del territorio español. Eso lo condenaría a una especie de exilio y, al mismo tiempo, le impediría ser presidente de Cataluña.
Otras dos opciones para los jueces son presentar a la justicia de Alemania una petición de entrega por delitos diferentes (sedición y desobediencia) o aceptar la entrega de Puigdemont por malversación y aprovechar que la legislación española deja abierta la puerta para que, 45 días después de cumplir una primera condena, un acusado pueda ser procesado por otro delito, aunque esto sería ya en un futuro lejano.
El juez español que instruye la causa de Puigdemont, Pablo Llarena, comunicó ayer que también estudia pedir al el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con sede en Luxemburgo) que se pronuncie sobre la lectura que ha hecho la audiencia de Schleswig-Holstein de la euroorden de detención y entrega del catalán.
