Miami.— “El gran y hermoso proyecto de ley” de Donald Trump es más que un plan fiscal: es un intento de reconfigurar simultáneamente el sistema fiscal, el aparato de defensa, las fronteras y los programas sociales del país, un proyecto que sintetiza la visión más robusta del trumpismo económico y político.
“Donald Trump tiene la intención de reestructurar la forma en que Estados Unidos gasta y compra al mundo”, señala a EL UNIVERSAL el académico e investigador social Octavio Pescador.
Trump ha dicho que “va a doler, habrá que ajustarse el cinturón, pero es lo que requiere el país para no tener los déficits de la balanza comercial y, por el otro lado, el gran déficit presupuestal que se tiene al gastar más de lo que genera el gobierno [estadounidense]”.
El megaproyecto de ley busca extender las exenciones fiscales de Trump en su primer mandato (2017-2021) y añade nuevas rebajas, como las exenciones a las propinas y a los pagos para comprar automóviles fabricados en Estados Unidos. Bajo el nuevo esquema, por ejemplo, un mesero que recibe 200 dólares semanales en propinas podría conservar íntegro ese ingreso sin deducción federal, aumentando su ingreso disponible real en cientos de dólares al mes.
Incluye un incremento en los fondos para el manejo fronterizo y la aplicación de la dura política migratoria del presidente republicano, así como restricciones a los programas de ayuda de alimento y de asistencia sanitaria Medicaid y Medicare, entre los temas más polémicos en las negociaciones. Bajo presión, se adelantó dos años, hasta finales de 2026, la aplicación de los requisitos de trabajo para los beneficiarios de Medicaid y se aceptó eliminar antes los créditos fiscales a las energías limpias. En el tema de las remesas, se ajustó el gravamen a 3.5%, desde el 5% de la propuesta original.
“A Trump y a buena parte de su base política no les importa en absoluto lo que opinen en México sobre la intención de gravar las remesas”, dice Pescador. “La postura de Estados Unidos es mercantilista y, curiosamente, resquebrajando el orden mundial internacional que han liderado desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.
El senador Mitt Romney, que no votó con su partido en varias ocasiones durante el primer mandato de Trump, ha dejado entrever que la disposición sobre las remesas podría ser moralmente insostenible. “No es función del sistema fiscal castigar el envío de dinero a una madre o un hijo. Eso no es política. Eso es venganza”, declaró a la prensa tras una reunión a puerta cerrada con otros legisladores.
El proyecto también estipula un aumento en el límite de exenciones a impuestos locales y estatales, otro de los puntos de discordia.
Un estudio del Budget Lab de la Universidad de Yale, publicado en mayo, ofrece una evaluación detallada y crítica del proyecto, al señalar que añadiría alrededor de 3 mil 400 millones de dólares al déficit federal de la Unión Americana entre 2025 y 2034. Pero si las medidas temporales, como los aumentos al apoyo tributario por hijo, se convirtieran en permanentes, el costo total del proyecto ascendería a 23 mil 700 millones de dólares para el año 2055. Esta carga provocaría, según las proyecciones del estudio, que la deuda nacional alcance 200% del PIB estadounidense en ese horizonte; un nivel comparable sólo al de países altamente endeudados como Japón. Incluso algunos de los republicanos más duros en política fiscal afirman que el país se encamina hacia la bancarrota.
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Pero hay un hallazgo muy significativo del informe: más de 70% de los beneficios fiscales netos se concentrarían en el 20% más rico de los hogares estadounidenses, mientras que el 40% más pobre experimentaría una reducción en su ingreso neto después de impuestos y transferencias.
Aunque los republicanos conservan una ligera mayoría en el Senado, hay fisuras evidentes que se han hecho sentir desde el momento en que el texto salió de la Cámara Baja. Entre esas grietas se encuentra, primero, una preocupación cada vez más vocal por el impacto presupuestario del paquete. El senador John Thune, número dos del liderazgo republicano, expresó en declaraciones públicas que “esta ley, en su forma actual, va más allá de los límites aceptables para el balance presupuestario que nos hemos comprometido a proteger”.
Esa no es la única resistencia interna. Los recortes previstos a Medicaid, con requisitos laborales más estrictos y una reducción neta de 880 mil millones de dólares en una década, han encendido alarmas en bancadas centristas como las encabezadas por Susan Collins o Lisa Murkowski.
La idea de que millones de estadounidenses podrían perder el acceso a salud básica justo después de una pandemia global ha resultado difícil de defender incluso en estados tradicionalmente republicanos.
Un solo voto republicano en contra bastaría para hundir el texto si no se logra compensar con algún demócrata renegado, como Joe Manchin, quien aún no ha revelado su postura. El texto podría ser modificado de forma sustancial. Y si eso ocurre, deberá regresar a la Cámara Baja para su reconciliación final, lo que abre un nuevo escenario de conflicto. Algunos miembros del Freedom Caucus ya han dicho que si el Senado suaviza el texto, retirarán su apoyo. “En el Senado, donde los márgenes son más estrechos, se anticipa una batalla aún más encarnizada”, concluye Pescador.