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Legisladores demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden presionar a su contraparte mexicana ante el “ambiente hostil” que vive la prensa y la cantidad de asesinatos de periodistas .
En una carta dirigida al secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken , y a la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, 15 legisladores, incluyendo Joaquín Castro, Raúl M. Grijalva y Jesús “Chuy” García, externaron su “profunda preocupación por el aumento de asesinatos de periodistas en México y el entorno cada vez más hostil que enfrenta la prensa libre en el país”.
“Al aproximarse el décimo aniversario del Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas, instamos al Departamento de Estado a que priorice la protección de los medios de comunicación y condene, en nuestras interacciones diplomáticas con el gobierno de [el presidente Andrés Manuel] López Obrador, la violencia contra los periodistas ”.
Al mismo tiempo, alentaron “al Departamento de Estado y a USAID priorizar la protección de los medios de comunicación libres y la investigación de los homicidios contra periodistas en nuestra asistencia al desarrollo del gobierno mexicano”. Solicitaron que “estas agencias tomen medidas para evaluar las deficiencias relacionadas con el Mecanismo de Protección, alienten a los legisladores y funcionarios de la administración que están revisando el mecanismo a que incorporen las lecciones de las iniciativas anteriores, y que profundicen la cooperación interinstitucional e interestatal en esta cuestión crítica”.
Destacaron que a pesar de la existencia del mecanismo y de otras iniciativas de protección a periodistas, 145 de ellos han sido asesinados en México desde el año 2000, 11 sólo en lo que va de 2022.
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“Han hecho sonar la alarmas"
En el mismo periodo, México, lamentaron, se ha colocado entre los países con mayor cantidad de asesinatos de periodistas sin resolver y que incluso organizaciones no gubernamentales “han hecho sonar la alarma sobre este tema”.
Esas organizaciones, advirtieron, han hablado de los “ataques personales del presidente López Obrador a la libertad de prensa”. Y a pesar de que funcionarios públicos suelen ser “cómplices de estos asesinatos, rara vez son investigados por las autoridades estatales y federales. Este ambiente y la impunidad prevaleciente permite que continúen los crímenes contra miembros de los medios de comunicación”.
Ni guardaespaldas, ni botones de pánico, ni otras medidas para proteger a los periodistas han sido eficaces.
Por ello, consideraron oportuno que, como parte del Marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras, y el décimo aniversario del Mecanismo de Protección, el Departamento de Estado y la USAID evalúen la cooperación EU-México y se encuentren formas “efectivas de responsabilizar al gobierno mexicano por su ineficacia para abordar la violencia contra los periodistas ”.
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Los legisladores plantearon al Departamento de Estado y USAID siete puntos para avanzar en la materia:
1. Brindar información sobre cómo planean promover la protección de periodistas y otros defensores de derechos humanos dentro del nuevo Marco del Bicentenario México-Estados Unidos;
2. Proporcionar un plan detallado para trabajar con el gobierno y los gobiernos subnacionales de México para realizar investigaciones transparentes sobre los asesinatos de periodistas;
3. Proporcionar un análisis del éxito y los desafíos de los programas estatales actualmente financiados por USAID y el Departamento de Estado destinados a proteger a los periodistas y promover la libertad de expresión y la libertad de prensa;
4. Instar al gobierno de México a tomar medidas concretas, rápidas y efectivas para fortalecer los esfuerzos institucionales nacionales, estatales y locales para proteger a los periodistas y la libertad de prensa;
5. Colaborar con el gobierno mexicano para implementar un conjunto de estrategias integrales de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas para garantizar que los periodistas puedan continuar con sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones;
6. Instar a las autoridades mexicanas a que brinden financiamiento suficiente e inmediato al Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la supervisión y cooperación intergubernamental para que cumpla efectivamente su misión.
7. Pedir al gobierno de López Obrador que implemente las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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