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San José. – El drama de la vida y del asesinato de la mexicana Digna Ochoa y Plácido , una abogada y defensora de derechos humanos de activistas, indígenas, campesinas y ambientalistas en Veracruz, Chiapas y Guerrero y ultimada el 9 de octubre de 2001, quedó plasmada en una historia gráfica para recordar los 20 años de su homicidio que conmocionó a México.
Las organizaciones no estatales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con presencia interamericana, y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, de México, elaboraron “Justicia Digna”, recuento de ocho páginas de ilustraciones sobre la vida de Ochoa y la lucha de su familia por impedir que el asesinato quede impune.
La obra, lanzada este martes en Costa Rica, fue realizada por el artista gráfico costarricense Olman Bolaños basado en relatos de la familia Ochoa y en documentos del caso, con acompañamiento técnico de Cejil. El homicidio ocurrió el 19 de octubre de 2001 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
“A 20 años de estos hechos, su caso permanece en la impunidad. Sin embargo, su legado sigue vivo y su labor como defensora ha sido ampliamente reconocida. Es fuente de inspiración para toda una generación de defensoras en México ”, aseguró CEJIL en una declaración que emitió en la capital costarricense y envió a EL UNIVERSAL .
“A lo largo de su carrera, (Ochoa) denunció graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas y por otras autoridades estatales en casos que recibieron mucha visibilidad en el país. Por su labor de defensa de los derechos humanos recibió amenazas y agresiones sin que ninguno de estos hechos fuera adecuadamente investigados”, agregó.
Tras explicar que “Justicia Digna” es una historieta que trata de contar “la incansable lucha” que la familia de Ochoa emprendió en “búsqueda de justicia”, insistió en que el caso “permanece en la impunidad, por lo que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humano de la cual se espera una sentencia para finales de este año”.
“Para las organizaciones representantes, el legado de Digna sigue vivo y su historia refleja la de todas aquellas personas que como Digna dedican su vida por la defensa de los derechos humanos y por ello se enfrentan a un contexto estructural de violencia”, puntualizó.
En dos audiencias públicas que se efectuaron el 26 y el 27 de abril pasados en la Corte—IDH, que tiene su sede en esta ciudad, México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en asesinato de Ochoa y admitió reabrirlo con una investigación independiente y reparar e indemnizar a la familia de la víctima, pero rechazó su culpabilidad en la violación del derecho a la vida de la mujer.
Tras dos días de exposiciones virtuales de testigos, especialistas y otros comparecientes, el reconocimiento fue anunciado por el mexicano Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y principal expositor de la delegación estatal en ambas audiencias.
“El reconocimiento de responsabilidad incluye los hechos que el Estado acepta como ciertos”, explicó Celorio, al detallar que se probó que “la Fiscalía encubrió el asesinato” de Ochoa y lo hizo “pasar por suicidio”.
Celorio se refirió a que el crimen fue investigado por lo que anteriormente fue la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal y hoy es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El homicidio ocurrió cuando la Procuraduría estuvo bajo el mando, como Jefe de Gobierno de la ciudad, del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador . El proceso fue cerrado por la Procuraduría capitalina unos 10 años después, en la gestión de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno de la ciudad, de 2012 a 2018.
La comitiva estatal aceptó reabrir la indagación a nivel de Fiscalía y, si hay pruebas, avanzar a “sede judicial” para procesar, juzgar y eventualmente “condenar a los responsables”.
“Llegar a la verdad”, planteó Celorio, es el “ánimo del Estado mexicano”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó en 2019 los hechos en torno a Ochoa a la Corte para acusar al Estado mexicano de variadas violaciones a los derechos humanos. La Corte y la Comisión, que tiene sede en Washington, son instancias autónomas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como organización no estatal hemisférica de derechos humanos y parte del equipo que defendió a la familia, Cejil aclaró que, basado en la Convención Americana de Derechos Humanos, emitida en 1969 y que rige el debate, el Estado expresó su disposición a otorgar “reparaciones” a los parientes de Ochoa y a reabrir la indagatoria para resolver los errores.
Sin embargo, negó ser culpable de violentar el derecho a la vida y a la integridad de Ochoa.
El Grupo de Acción, Cejil y la CIDH insistieron ante la Corte que Ochoa fue asesinada por su trabajo como activista de los derechos humanos al defender a ecologistas, estudiantes universitarios, campesinos, ex guerrilleros y otras personas perseguidas por estructuras militares del Estado mexicano.
El homicidio de Ochoa se produjo en un “contexto generalizado” de violaciones a los derechos humanos en especial de 1995 a 2005 y en un “clima de impunidad”, aseguró la abogada argentina Viviana Krsticevic, de Cejil.
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