Miami.— Ayer, al día siguiente de los enfrentamientos, California despertó marcada por una atmósfera tensa, que se fue acrecentado en cuanto a violencia y protestas, expectante en las áreas más golpeadas por las recientes acciones agresivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En el centro de Los Ángeles, alrededor de 300 soldados de la Guardia Nacional se encontraban desplegados en puntos estratégicos, incluyendo el edificio federal y la cárcel del condado, según reportes que enfatizaban una vigilancia reforzada. Aunque las autoridades informaron que el control había regresado a manos de la policía municipal y el sheriff, el despliegue militar persistía. La cifra oficial de detenidos ya rondaba los 118 inmigrantes arrestados en diversos operativos entre el 6 y 7 de junio. Ayer se sumaron otros tantos más en un día de furia.
Desde el viernes, decenas de personas fueron detenidas en medio del caos, muchos sin haber cometido delito alguno, salvo el de estar ahí y tener apariencia latinoamericana. Desde el otro extremo de Los Ángeles hasta el centro de San Diego, el operativo federal fue tan severo que el gobernador Gavin Newsom lo calificó como un “acto de agresión federal contra la población civil”, pero la respuesta de la Casa Blanca fue aún más alarmante, no sólo justificó el despliegue, sino que se ordenó la federalización de la Guardia Nacional en el estado y anunció que los marines de Camp Pendleton, al sur del estado, permanecerían en alta alerta en caso de que la situación “se saliera de control”.
“La elección de California para llevar a cabo este ultraje no es accidental”, señala Angélica Salas, directora de la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) a EL UNIVERSAL: “Es el estado con más inmigrantes indocumentados del país, pero también el que más leyes ha impulsado para protegerlos, lo que ocurre ahora es una revancha simbólica y operativa”.
Como lo advirtió Tony Pham, actual asistente del secretario de Política Fronteriza e Inmigratoria en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “no hay zonas intocables, la ley se aplicará donde sea necesario, incluso frente a la indiferencia de gobiernos locales”.
El presidente Donald Trump firmó el pasado 7 de junio la orden para desplegar a dos mil elementos de la Guardia Nacional de California bajo autoridad federal, amparado en el Título 10 del Código de Estados Unidos. A partir de entonces, las calles de Los Ángeles y sus alrededores comenzaron a llenarse de tropas con uniformes negros y vehículos tácticos, sin coordinación directa con el gobierno estatal. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó a medios de comunicación que los marines de Camp Pendleton, al norte del condado de San Diego, fueron puestos en alta alerta, en espera de instrucciones para actuar en apoyo logístico si la situación escalaba.
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Aunque no llegaron a intervenir directamente, su preparación operativa selló el carácter militar de una acción que comenzó siendo migratoria. Este escenario, por su forma y fondo, evoca momentos críticos de la historia moderna de California.
Lo que distingue a junio de 2025 no es sólo la magnitud del operativo, sino su objetivo; comunidades inmigrantes sin armas, sin liderazgo central y sin resistencia organizada. No fue una revuelta ni una protesta espontánea fundada en acciones racistas policiacas. “Fue una intervención impuesta sobre personas dispersas, trabajadores buscando ganar el pan de cada día, padres de familia, jornaleros”, afirma Sara Munguía, quien fue testigo.
“La violencia no fue respuesta a algún altercado o a alguna falta contra la autoridad, fue un acto del gobierno federal sorpresivo”, describe Jason Peña, quien vio todo. Queda claro para los testigos presenciales que el enemigo no era uno que estuviera rompiendo cristales o vandalizando tiendas.
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Esta dinámica no es exclusiva de California. En Minneapolis, unos días antes, una redada de ICE en un restaurante mexicano desató protestas que fueron contenidas por la policía local sin intervención militar. En Texas, bajo la Operación Lone Star, la militarización en la frontera lleva más de dos años con presencia constante de la Guardia Nacional, arrestos sumarios y vehículos blindados, pero en ninguno de esos casos se ha involucrado formalmente al Pentágono ni se ha puesto a los marines en alerta dentro de zonas urbanas.
“Lo que sucede en California es distinto porque toca el corazón de nuestra nación y escribe una narrativa federal sin precedentes, si el estado santuario más grande, como lo es California, puede ser disciplinado, cualquier otro lo puede ser. Ese es el mensaje al país, es la raíz de todo esto”, subraya Salas.
Paralelamente están las cortes de inmigración, donde, desde marzo y abril, y con especial intensidad en mayo y junio, ICE ha intensificado los arrestos de personas que acuden a sus audiencias en tribunales migratorios. Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), los arrestos dentro o en las inmediaciones de tribunales en California aumentaron 41% respecto al mismo periodo de 2024.
La noche del día 7 esconde algo más; mientras el condado de Los Ángeles seguía sacudido por las redadas migratorias en la calle por unidades de la Guardia Nacional federalizada, se filtró un episodio que, por su carga simbólica, terminó de encender las alarmas en la comunidad latina: la detención en una graduación. No existe aún una confirmación oficial de detenciones, ni el Distrito escolar ni ICE han emitido partes que detallen arrestos dentro del recinto, pero la sola presencia de uniformados en un espacio que, por convención humanitaria, debería ser inviolable para fines migratorios, bastó para que el episodio se inscribiera de inmediato en la memoria colectiva de la comunidad. Desde 2011, las llamadas “zonas sensibles” (escuelas, iglesias, hospitales) habían gozado de cierta protección tácita.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sumaron esta vez un argumento moral incontestable, “cuando la ley se aplica sin discernimiento ni respeto por los lugares que protegen a los niños, deja de ser justicia y se convierte en arma política”, declaró Angelica Salas al exigir garantías estatales que prohíban de forma explícita las redadas escolares.
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