Washington.— La Organización de los Estados Americanos (OEA) emprendió ayer la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, en medio de la condena al gobierno de Daniel Ortega, que considera “ilegal” e “improcedente” el uso de ese instrumento que puede desembocar en la suspensión del país de este organismo internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, prevista en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en la que se realizó una “apreciación colectiva” de la situación en la nación centroamericana, sumida desde abril pasado en una crisis a raíz de las protestas en contra del gobierno de Ortega.
Defendió su decisión durante una extensa intervención, e indicó que “la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Según el secretario general, “en la democracia no puede existir represión ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad”, y destacó el interés de la OEA de actuar con “criterios constructivos” y “procurando alcanzar acuerdos”.
“Cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 es porque queremos que Nicaragua y todos quienes estamos aquí tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave crisis política y la alteración del orden constitucional”, dijo.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, puntualizó desde el inicio de las deliberaciones el rechazo y condena de su país a “la convocatoria de esta sesión”, que se prolongó varias horas y tuvo lugar un día después de que la OEA no reconociera el segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La carta define los “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y elecciones libres. En caso de “alteración del orden constitucional” permite a la OEA intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado, al que se puede incluso suspender de la organización, como sucedió con Honduras en 2009 tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
Moncada acusó a Almagro de actuar y continuar actuando “como caja de resonancia de los grupos pro golpe de Estado en contra del gobierno constitucional y legítimo” de Nicaragua y de ser su “agente político”.
