El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se convirtió hoy en el blanco de la investigación fiscal por el caso Odebrecht , después de aprobarse su impedimento de salida del país y el allanamiento de sus casas en Lima, apenas tres días después de su renuncia a la presidencia.
El juez anticorrupción Juan Carlos Sánchez declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país, planteado por el fiscal Hamilton Castro , por un lapso de 18 meses, sin necesidad de mayor análisis dado que la defensa del exmandatario aceptó la medida.
El abogado de Kuczynski, César Nakazaki , anunció que aceptaban el impedimento de salida, a pesar de que cuestionaban su legalidad por tratarse de una investigación preliminar.
Nakazaki se quejó de que, al mismo tiempo en que se decidía esta medida, la fiscalía había ordenado el allanamiento de dos casas de Kuczynski en Lima, en búsqueda de indicios sobre el presunto delito de lavado de activos.
La televisión local mostró el ingreso de los fiscales a la casa de Kuczynski en el distrito de San Isidro, en medio del resguardo policial, mientras que otro equipo del Ministerio Público se dirigió a la vivienda de campo en el distrito de Cieneguilla, en las afueras de la capital.
Nakazaki indicó al juez que el expresidente "en algún momento tendrá que ausentarse del país, por motivos familiares, previo a la etapa de la investigación penal".
La esposa de Kuczynski, la estadounidense Nancy Lange, viajó a Estados Unidos la semana pasada y pidió la reprogramación del interrogatorio que le hará la Fiscalía sobre los depósitos de Odebrecht en cuentas mancomunadas con su cónyuge.
La fiscalía explicó en la audiencia que hay indicios para el inicio de una investigación preliminar contra Kuczynski por la relación que mantuvo, directamente o a través de empresas suyas, con Odebrecht desde que fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), denunciado por un soborno de 20 millones de dólares entregado presuntamente por la firma brasileña.
El fiscal Hamilton Castro explicó que "es necesario indagar el origen de los pagos" y "si hubo actos de corrupción y favorecimiento a la empresas proveedoras del Estado".
En tal sentido, Castro detalló que las sospechas sobre Kuczynski se basan en un conjunto de transferencias realizadas entre el 2007 y 2015 por tres empresas extranjeras a una cuenta bancaria en Perú.
El fiscal refirió que las transferencias suman un aproximado de un millón de dólares y que se trata de determinar su origen, dado que Kuczynski participó en dos campañas electorales en 2011 y 2016.
Igualmente, la fiscalía investiga los depósitos efectuados por Odebrecht Latinvest en cuentas de Latin American Enterprise , vinculada a Kuczynski, y a First Capital del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.
El fiscal Castro remarcó que el núcleo de la investigación son los pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht a Westfield Capital , de propiedad de Kuczynski con sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Los pagos a Westfield se realizaron del 2004 a 2007, periodo durante el cual Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo, por 1,4 millones de dólares, según la información obtenida por la fiscalía, precisó Castro.
El exmandatario ha declarado que, durante ese periodo, su empresa de asesoría financiera Westfield era admninistrada por Gerardo Sepúlveda y que él no conocía de los contratos que suscribía porque habían levantado una "muralla china".
Sin embargo, Castro aclaró que Sepúlveda dijo, en el interrogatorio realizado el 5 de marzo, que "no hacía gestión ni administración" de Westfield, sino que se limitaba a prestar un servicio de estructuración financiera por el cual recibió un pago en cuentas de la misma compañía.
"Hay una grave contradicción que merece ser contrastada en el ámbito de la investigación para el estándar de sospecha criminal", afirmó el fiscal anticorrupción.
Kuczynski renunció el miércoles a la presidencia de Perú, después de la difusión de vídeos en los que se reveló el intento de compra de votos en el Congreso para evitar su destitución, en el proceso de vacancia abierto por sus vínculos con Odebrecht.
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