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Washington.- Una jueza federal de EU emitió este lunes una orden judicial preliminar que bloquea la retirada en la práctica de fondos a las clínicas de salud reproductiva Planned Parenthood.
Según indicó la organización en un comunicado, esto significa que los pacientes pueden usar el plan médico Medicaid en sus centros y que estos últimos puedan recibir reembolsos por los servicios que prestan.
La magistrada Indira Talwani apuntó en su resolución que "restringir la capacidad de los miembros de brindar servicios de atención médica amenaza con un aumento en los embarazos no intencionados y las complicaciones asociadas debido al acceso reducido a anticonceptivos eficaces, así como un aumento en las ITS no diagnosticadas ni tratadas".
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Planned Parenthood había presentado su demanda a principios de mes ante la corte de distrito de Estados Unidos para el distrito de Massachusetts después de la firma por parte del presidente Donald Trump de una ley que impedía a los pacientes utilizar Medicaid en sus centros de salud en todo el país.
En total hay en el país unos 600 centros de Planned Parenthood, que se define como "el principal proveedor y defensor de la atención médica sexual y reproductiva pagable y de alta calidad", así como "el mayor proveedor de educación sexual" en Estados Unidos.
"Seguiremos luchando contra esta ley cruel para que todas las personas puedan acceder a anticonceptivos, pruebas y tratamiento de ITS, exámenes de detección de cáncer y otros servicios de salud esenciales, sin importar el tipo de seguro que tengan", dijo en la nota la presidenta y directora general de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson.
Eliminar la posibilidad de que los pacientes usen Medicaid en sus centros, según se dijo entonces, "tendría consecuencias devastadoras para más de un millón de pacientes" que utilizan ese plan como seguro "para obtener anticonceptivos, exámenes de detección del cáncer y mucho más".
"Las consecuencias no acabarían ahí: si los centros de Planned Parenthood se ven obligados a recortar sus servicios o a cerrar por completo, los pacientes que utilizan otras formas de seguro también corren el riesgo de perder el acceso a la atención médica, lo que se suma a las repercusiones duraderas de este ataque".
Su comunicado del 7 de julio advertía de que "si no se detiene esta ley inconstitucional, las consecuencias serán nada menos que una crisis de salud pública".
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