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Nueva York. Una jueza federal le prohibió a la administración de Donald Trump implementar de inmediato ciertos cambios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones federales, incluyendo el requisito de prueba de ciudadanía en el formulario de registro de votantes federales.
El presidente Donald Trump había solicitado eso y otros cambios radicales en las elecciones en una orden ejecutiva firmada en marzo, argumentando que Estados Unidos "no aplica protecciones electorales básicas y necesarias" que existen en otros países.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly le dio la razón a los grupos de derechos de voto y los demócratas para otorgar una orden judicial preliminar que detiene el avance del requisito de ciudadanía mientras se desarrolla la demanda.
También bloqueó parte de la orden ejecutiva del presidente republicano que requería que los inscritos en asistencia pública tuvieran su ciudadanía evaluada antes de obtener acceso al formulario de registro de votantes federales.
Sin embargo, negó otras solicitudes de los demandantes demócratas, incluyendo la de bloquear la orden de Trump de endurecer los plazos para las boletas por correo.
También se negó a bloquear el llamado de Trump para que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Eficiencia Gubernamental cotejen las listas de votantes estatales con las bases de datos de inmigración.
El Comité Nacional Demócrata, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes y otros habían demandado para bloquear la orden de Trump, calificándola de inconstitucional. Argumentaron que viola la llamada Cláusula de Elecciones de la Constitución, que otorga a los estados, no al presidente, la autoridad para determinar cómo se llevan a cabo las elecciones.
Orden ejecutiva de Trump no tiene poder sobre ente electoral
Los demandantes también argumentaron que la orden de Trump afirma un poder que no tiene sobre una agencia independiente. Esa agencia, la Comisión de Asistencia Electoral, establece pautas voluntarias para el sistema de votación y mantiene el formulario de registro de votantes federales.
Durante una audiencia el 17 de abril, los abogados de los demandantes argumentaron que requerir prueba de ciudadanía en el formulario de registro de votantes federales complicaría las campañas de registro de votantes de sus clientes en supermercados y otros lugares públicos.
Aria Branch, abogada de los demócratas, también argumentó que el esfuerzo de la orden ejecutiva para endurecer los plazos de las boletas por correo perjudicaría irreparablemente a sus clientes al obligarlos a reasignar recursos para ayudar a los votantes a navegar los cambios.
"Eso es tiempo, dinero y recursos organizativos y estratégicos que no se pueden recuperar", declaró.
Michael Gates, abogado de la administración Trump, indicó en la audiencia que no se justificaba una orden judicial preliminar porque la orden no se había implementado y un requisito de ciudadanía no estaría en el formulario de registro de votantes federales durante muchos meses.
Las partes en el caso no comentaron de inmediato sobre la orden de la jueza del jueves.
La decisión se produce mientras funcionarios electorales, estatales y locales de todo el país se reúnen para considerar las implicaciones de la orden ejecutiva de Trump en su trabajo.
La Junta de Normas de la Comisión de Asistencia Electoral, que estaba celebrando una audiencia pública en Carolina del Norte el jueves, es un grupo asesor bipartidista de funcionarios electorales de cada estado que se reúne anualmente.
Mientras tanto, otras demandas contra la orden de Trump aún están pendientes.
A principios de abril, 19 fiscales generales demócratas pidieron al tribunal que rechazara la orden ejecutiva de Trump. Washington y Oregon, que celebran elecciones totalmente por correo, siguieron con su propia demanda contra la orden.
Estados Unidos se diferencia de muchos otros países en que no celebra elecciones nacionales organizadas por el gobierno federal. En cambio, las elecciones están descentralizadas, supervisadas por los estados y administradas por miles de jurisdicciones locales.
ss/mcc
