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San Francisco. Un juez en California le prohibió a la administración Trump terminar el estatus legal de los estudiantes internacionales en todo el país mientras está pendiente un caso judicial que desafía terminaciones previas.
La orden del juez federal Jeffrey S. White en Oakland le prohibió al gobierno arrestar, encarcelar o trasladar a los estudiantes a otro lugar, basándose en su estatus legal hasta que se resuelva el caso. Los estudiantes aún pueden ser arrestados por otras razones y su estatus legal aún puede ser revocado si son condenados por un crimen violento que conlleve una pena de prisión de más de un año.
La mayoría de los tribunales que escuchan este tipo de casos han otorgado protecciones a la persona que demanda, pero White afirmó que las acciones del gobierno "han causado estragos no solo en las vidas de los demandantes aquí, sino también en los no inmigrantes F-1 en situaciones similares en Estados Unidos y continúan haciéndolo".
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White, quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, emitió la orden judicial a nivel nacional solicitada por los abogados de unas dos docenas de estudiantes que demandaron después de que su estatus legal fuera abruptamente terminado a principios de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Más de cuatro mil 700 estudiantes internacionales tuvieron su permiso para estudiar en el país cancelado esta primavera, con poco aviso o explicación, como parte de la ofensiva del presidente Trump contra inmigrantes y ciudadanos extranjeros.
En audiencias judiciales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que revisaron los nombres de los titulares de visas de estudiante a través de una base de datos administrada por el FBI que contiene los nombres de sospechosos y personas que han sido arrestadas, incluso si los cargos fueron retirados o nunca fueron acusados de un crimen.
Algunos estudiantes abandonaron Estados Unidos en lugar de arriesgarse a ser deportados a un tercer país.
"No está claro cómo terminará este juego de golpear al topo"
Los abogados del gobierno dicen que la administración está ejerciendo su prerrogativa de administrar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Dicen que los estudiantes no necesitan las protecciones del tribunal porque la agencia migratoria reinstauró el estatus legal y estaba enviando cartas de reactivación de estatus a los estudiantes afectados.
Pero White consideró que esas acciones eran insuficientes. Dijo que la revocación errónea permanecía en el registro de los estudiantes, afectando su capacidad para obtener una nueva visa o cambiar su estatus de no inmigrante. Algunos estudiantes todavía están lidiando con las consecuencias de las terminaciones previas y no hay garantía de que no tendrán su estatus legal revocado nuevamente de manera arbitraria.
También reprendió a la administración por revelar nuevas políticas o nuevas acciones en un aparente intento de satisfacer las preocupaciones de los tribunales.
“No está claro cómo terminará este juego de golpear al topo, a menos que se prohíba a los Demandados eludir sus propias regulaciones obligatorias”, escribió White.
Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC encontró que incluso las revocaciones de visas para estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas son más impopulares que populares. Aproximadamente la mitad de los adultos en el país se oponen a esta política, y solo 3 de cada 10 la apoyan. Entre los adultos con educación universitaria, 6 de cada 10 se oponen firmemente, en comparación con 4 de cada 10 que no son graduados universitarios.
ss/mcc
