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Un juez federal bloqueó el ayer permanentemente el decreto del presidente Donald Trump de recortar fondos a las ciudades que limiten su cooperación con las autoridades migratorias federales, conocidas como santuario.
El juez federal de distrito William Orrick rechazó el argumento del gobierno de que el decreto se aplica únicamente a una cantidad relativamente baja de dinero y dijo que Trump no puede imponer nuevas condiciones a los gastos aprobados por el Congreso.
El juez expresó antes los mismos argumentos al imponer una suspensión temporal al decreto en contra de las ciudades santuario. El gobierno de Trump interpuso una apelación a la decisión ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito.
El fallo de Orrick fue en respuesta a las demandas presentadas por dos condados de California, San Francisco y Santa Clara.
Dennis Herrera, abogado de la ciudad de San Francisco, dijo que la decisión es “un triunfo para el pueblo estadounidense y el Estado de derecho”.
“Trump podrá tuitear lo primero que se le venga a la mente, pero no se puede otorgar a sí mismo una nueva autoridad sólo porque se le da la gana”, dijo en un comunicado.
Durante la audiencia ante Orrick en abril, un abogado del Departamento de Justicia señaló que el decreto era aplicable sólo a algunas subvenciones que afectarían en menos de un millón de dólares a Santa Clara, y posiblemente no afectarían en lo absoluto a San Francisco.
Pero el juez no estuvo de acuerdo, y dijo en sus decisiones que el decreto tenía una amplia interpretación para “alcanzar todas las subvenciones federales” y potencialmente poner en riesgo cientos de millones de dólares en financiamientos para San Francisco y Santa Clara.
Citó los comentarios realizados por Trump y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, como evidencia de que el decreto tenía como objetivo una extensa gama de fondos federales. Dijo que el presidente se había referido a él como un “arma” en contra de las ciudades reacias.
El gobierno de Trump también se ha movilizado para retener una subvención en particular para las agencias del orden, lo que provocó una nueva serie de demandas que están pendientes de resolverse.
