El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, afirmó que "ignorará" las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y continuará con el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Durante una sesión del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, Moraes dijo que "va a ignorar las sanciones" y "continuar trabajando" en el juicio contra Bolsonaro, acusado de maquinar junto con una treintena de excolaboradores su permanencia en el poder independientemente del resultado de los comicios de 2022, ganados por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"No solo esta corte, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no se doblarán ante esas amenazas", añadió el juez.
Moraes, a quien Washington ya había revocado la visa, fue objeto el miércoles de sanciones financieras personales, en paralelo a la decisión del presidente Donald Trump de subir los aranceles a las exportaciones brasileñas por el caso contra Bolsonaro.
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El mandatario republicano denuncia el juicio como una "caza de brujas" contra su aliado político.
Según la Casa Blanca, Moraes "ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos" en coordinación con otros jueces de la alta corte brasileña.
Las sanciones abarcan el bloqueo de todos los eventuales activos de Moraes en Estados Unidos y la prohibición de ciudadanos y empresas estadounidenses de hacer negocios con él. Una fuente judicial brasileña dijo, sin embargo, a la AFP que "el juez no tiene bienes en Estados Unidos".
La corte suprema "siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia", enfatizó este viernes Moraes.
El magistrado también denunció a quienes han actuado "de manera cobarde y traicionera", en una mención velada al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que realiza un eficiente lobby ante el gobierno Trump en defensa de su padre y contra el Ejecutivo y el Judicial de Brasil.
"El poder judicial no permitirá ninguna tentativa de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado", afirmó.
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