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Jueces de Texas y Nueva York prohibieron el miércoles temporalmente al gobierno estadounidense que deporte a venezolanos encarcelados en ciertas partes de esos dos estados mientras sus abogados impugnan el uso de una vieja ley que permite a los presidentes encarcelar y deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra.
El par de fallos no abordó la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump para deportar a venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, y sólo se aplicaron a inmigrantes bajo custodia federal en los distritos judiciales de los jueces.
Fueron las primeras acciones judiciales que se desarrollan después de que la Corte Suprema federal fallara el lunes que el gobierno puede reanudar las deportaciones al amparo de dicha ley, pero que los deportados deben tener algún debido proceso antes de ser sacados del país, incluyendo un tiempo razonable para argumentar ante un juez por qué no deberían ser deportados.
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Abogados de derechos civiles en los dos estados habían demandado para evitar que el gobierno deportara a cinco hombres que niegan ser parte de la pandilla Tren de Aragua.
Es previsible que haya impugnaciones legales similares en otros lugares donde venezolanos han sido detenidos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha pedido a los jueces en Texas y Nueva York que decidan si es legal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno cuando el país no está en guerra .
La Ley de Enemigos Extranjeros sólo se ha utilizado tres veces en el pasado, durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En ese último caso se utilizó para justificar el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa mientras Estados Unidos estaba en guerra con Japón.
Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero Trump ha argumentado que Estados Unidos está siendo invadido por miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya han deportado a más de 100 personas y las han enviado a una prisión de El Salvador sin permitirles impugnar sus expulsiones en la corte.
Abogados de derechos civiles presentaron demandas en nombre de tres hombres detenidos en una instalación en Texas y de otros dos encarcelados a unos 72 kilómetros (unas 45 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York.
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El juez Fernando Rodríguez Jr. firmó una orden de restricción temporal en la mañana que se aplica a personas encarceladas en el Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas. El juez Alvin K. Hellerstein firmó una orden similar en Nueva York por la tarde que se aplica en todo el Distrito Sur de Nueva York, que incluye los distritos de Manhattan y el Bronx de la ciudad de Nueva York, y seis condados al norte de la ciudad .
En Texas, uno de los demandantes es un hombre que es VIH positivo y teme no tener acceso a atención médica si es deportado.
Los hombres fueron catalogados como miembros de la pandilla por atributos físicos utilizando la "Guía de Validación de Enemigos Extranjeros", en la cual un agente de inmigración añade puntos basándose en tatuajes, gestos con las manos, símbolos, logotipos, grafitis y forma de vestir, según la ACLU. Expertos que estudian la banda han dicho a la ACLU que el método no es confiable.
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Las demandas buscan estatus de acción colectiva para afectar a otros que están detenidos y enfrentan una deportación similar.
En una audiencia en el caso de Nueva York, el subsecretario de Justicia Drew Ensign se opuso a una orden temporal que bloquee las deportaciones. Ensign le dijo a Hellerstein que había "solo un puñado" de venezolanos, probablemente menos de 10, detenidos en el Distrito Sur de Nueva York.
Cuando Hellerstein expresó que 10 individuos serían suficientes para formar una demanda colectiva, Ensign replicó: "No estamos de acuerdo".
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El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo después de la audiencia que el grupo de derechos civiles todavía esperaba obtener una orden judicial a nivel nacional para que los abogados no tengan que presentar impugnaciones contra la ley en los 96 distritos judiciales federales.
El gobierno de Estados Unidos planea expandir el uso de dicha ley para miembros de la banda salvadoreña MS-13, dijo Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a periodistas el martes durante la Expo de Seguridad Fronteriza, una feria comercial en Phoenix.
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