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El gobierno del ultraliberal Javier Milei subastará más de 400 edificios del Estado en toda Argentina, con lo que espera obtener ingresos por 800 millones de dólares, informó el viernes un portavoz.
La Agencia de administración de bienes “va a subastar más de 400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades, con el único objetivo de reducir gastos innecesarios”, dijo el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
“Se estima que estos inmuebles tienen un valor estimado total de 800 millones de dólares”, añadió.
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Adorni detalló que uno de los edificios en venta será la sede en el barrio de San Telmo del otrora ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, valuado en 12,5 millones de dólares.
Argumentando su supuesta inutilidad, al asumir en diciembre Milei disolvió este ministerio lanzado por el gobierno de su predecesor Alberto Fernández (centro-izquierda) y lo convirtió en una subsecretaría del ministerio de Justicia.
Adorni anunció además que se publicará el lunes un decreto en el que el gobierno prohíbe los “cargos hereditarios” en la función pública.
La práctica existente en algunas dependencias estatales, y que figura en sus convenios colectivos, consiste en dar preferencia a la hora de reclutar nuevo personal, bajo ciertas condiciones, a los familiares directos de un empleado fallecido.
Es el caso por ejemplo del Banco Central, donde se daba preferencia al cónyuge o al hijo de un empleado fallecido, sujeto a cierta vulnerabilidad vinculada al deceso.
Esta norma fue derogada en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri (derecha), pero el directorio del Banco Central la restituyó y defendió en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.
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“Estos resabios de privilegios de sangre, estos resabios medievales (...) persisten en estamentos del sector público argentino”, dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, una cartera creada por Milei para reducir el tamaño del Estado.
El gobierno no dio un estimado de cuántos empleos “hereditarios” existen actualmente en la función pública.
desa/bmc