Teherán. El Gobierno iraní mantendrá detenida la polémica ley que endurece las penas contra las mujeres que no usen velo "hasta que se den las condiciones apropiadas" y tras realizar cambios en el proyecto legislativo.
“La enmienda a la ley del hiyab permanecerá en suspenso hasta que se cumplan las condiciones adecuadas”, dijo este miércoles el vicepresidente para Asuntos Parlamentarios, Shahram Dabiri, en declaraciones recogidas por el medio Iran Front Page.
“Algunas leyes, como las de la prohibición de satélites, se han enfrentado a desafíos similares por la falta de infraestructura”, dijo el político en referencia al veto en el país a esos aparatos para sintonizar canales de televisión extranjeros.
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Hoy, los tejados de los edificios de Teherán están llenos de platos de satélites, a pesar de que continúan siendo ilegales, después de que las autoridades no lograsen imponer su prohibición hace años, incluso con la amenaza de penas de cárcel.
Dabiri no explicó a qué condiciones adecuadas se refería para promulgar la ley del velo.
El político explicó que detuvieron la promulgación del proyecto de ley pidiendo que el Parlamento no lo enviase al Ejecutivo para su firma, algo que hizo el Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante el fin de semana.
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Dabiri también indicó que quieren hacer cambios a la ley que busca poner fin a la falta de uso del velo, gesto de desobediencia civil que han adoptado numerosas iraníes tras la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el hiyab en septiembre de 2022.
Ley puede “arruinar muchas cosas en la sociedad”: presidente iraní
La polémica normativa establece castigos para las mujeres que violen el estricto código de vestimenta en el país, con condenas de cárcel de hasta cinco años en caso de reincidencia y multas de hasta 2 mil dólares, cantidad muy por encima de los salarios medios del país.
La falta de pago de las multas conllevará restricciones en los servicios públicos, como la obtención del permiso de conducir o pasaportes y la confiscación de automóviles, entre otros.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian expresó sus “reservas” al proyecto legislativo y advirtió que podía “arruinar muchas cosas en la sociedad”.
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