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Seúl- Investigadores surcoreanos pidieron a la fiscalía que presente cargos contra el presidente del país, Yoon Suk Yeol, que está suspendido en el cargo, por su breve imposición de ley marcial el mes pasado y lo acusaron de rebelión, abuso de poder y obstrucción al parlamento.
Yoon volvió a defender sus acciones en una audiencia judicial por segunda vez este jueves y alegó que el objetivo del decreto de ley marcial del 3 de diciembre era informar al público sobre el peligro de una Asamblea Nacional controlada por la oposición. La imposición de la ley marcial terminó pronto porque retiró rápidamente a las tropas después de que la cámara votó en contra de su decreto, añadió.
“La razón para la declaración de la ley marcial no era una advertencia a la oposición. Estaba tratando de apelar al pueblo para que ejerciera su estricta supervisión y crítica a la oposición”, afirmó Yoon en una vista en el Tribunal Constitucional. “No importa cuántas advertencias emitiera a la oposición, habrían sido inútiles”.
Yoon Suk Yeol fue suspendido por la asamblea el 14 de diciembre. El Tribunal Constitucional está deliberando ahora para determinar si lo retira del cargo formalmente o lo restituye.
En la misma audiencia, el ministro de Defensa de Yoon en el momento de la aplicación de la ley marcial, Kim Yong Hyun, respaldó el argumento del mandatario y dijo que él redactó el texto y se lo propuso a Yoon.
Kim, un estrecho colaborador de Yoon que también está detenido, afirmó que el presidente le pidió que eliminara el toque de queda del decreto, desplegara un número mucho menor de soldados en la asamblea de lo que propuso inicialmente y evitara que las tropas llevaran munición real.
Los argumentos de Kim no pudieron ser verificados de inmediato de forma independiente. Antes había declarado que toda la responsabilidad por la imposición de la ley marcial recaía únicamente en él. Las autoridades impidieron que se suicidara mientras estaba detenido, días después de la desafortunada promulgación de la ley marcial.
Yoon Suk Yeol y la ley marcial que lo llevó a ser suspendido
Desde que asumió el cargo en 2022, Yoon, un conservador, ha enfrentado fricciones casi constantes con el principal partido de oposición, el Partido Democrático, que ha puesto trabas a su agenda y destituyó a algunos de sus principales funcionarios.
En su anuncio de la ley marcial, Yoon dijo que la asamblea era “una guarida de criminales” que estaba obstaculizando asuntos gubernamentales y prometió eliminar a “los descarados seguidores de Corea del Norte y las fuerzas antiestatales”.
La ley marcial de Yoon, la primera de su tipo en Corea del Sur en más de 40 años, estuvo en vigor apenas seis horas. Yoon envió tropas y policías a la Asamblea Nacional, pero un número suficiente de legisladores logró ingresar a la cámara y aprobaron por unanimidad la derogación del decreto.
Yoon y Kim han dicho que el despliegue de las fuerzas de seguridad estaba diseñado para mantener el orden. Pero la oposición y los investigadores creen que intentaron bloquear el acceso a la asamblea para evitar que los legisladores revocaran el decreto y conspiraron para frenar a algunos políticos. Ambos mandatarios lo niegan.
Antes del jueves, la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios dijo que Yoon, en colaboración con Kim y otros comandantes militares, habría cometido un delito de rebelión al organizar un “motín” y buscar socavar la Constitución con la declaración de la ley marcial.
El departamento lo acusa también de abusar de su poder al movilizar tropas para un propósito ilegítimo y obstruir el derecho del parlamento a votar sobre la derogación del decreto.
Por ley, el líder de una rebelión puede enfrentar sentencias de cadena perpetua o pena de muerte. Desde su detención, Yoon ha rechazado varias citaciones para declarar. Alega que la pesquisa y su detención son ilegales.
“Como saben, a pesar de enfrentar una acusación nacional grave como cabecilla de una rebelión, el sospechoso ha mantenido constantemente una postura de no cooperación y desafió los procedimientos judiciales penales”, dijo Lee Jae-seung, fiscal adjunto jefe en la Oficina, en una conferencia de prensa televisada.
El equipo legal del destituido presidente surcoreano emitió un comunicado en el que acusó a la entidad de “humillar” al mandatario al tratar de presionarlo para que hablara con los investigadores y abusar de sus derechos humanos al impedirle contactar con miembros de su familia.
mcc
