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Washington/Ciudad de Guatemala.— Ocho países de la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsaron un proyecto de resolución “sobre la situación en Nicaragua” para ser debatido durante la Asamblea General virtual que arrancó ayer, con la pandemia y el calentamiento global como telón de fondo.
Canadá presentó el proyecto de resolución en su nombre y en el de Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda para pedir al Consejo Permanente que realice “una evaluación colectiva inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.
El texto pasa a la Comisión General, que lo debate, y se votará hoy o mañana. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros, es decir, 18 de 35.
En la sesión inaugural participaron, además del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y su canciller, Pedro Brolo, entre otras autoridades. Para el secretario general de la OEA, arrancó una “Asamblea crítica en tiempos difíciles” y recordó que el organismo, como foro político del hemisferio, “tiene que dar respuesta a los principales desafíos” que enfrenta la región.
Uno de esos desafíos es la pandemia, que golpeó con fuerza al continente americano.
Daniel Ortega ganó las elecciones del domingo frente a cinco candidatos derechistas desconocidos acusados de colaborar con el gobierno y tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra.
Además, 40 excancilleres de América Latina pidieron a la Asamblea General de la OEA desconocer la reelección del mandatario de Nicaragua.
El proyecto de resolución del organismo no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”. En el texto, los ocho países declaran que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Reiteran el llamamiento “para la liberación de todos los candidatos y presos políticos” y el fin “de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”. Desde junio las autoridades nicaragüenses ilegalizaron tres partidos y detuvieron a 39 activistas, políticos, empresarios y periodistas.
El presidente de EU, Joe Biden, promulgó una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, respondió: “Se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones”.
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