San José. – Solo 439 de las 2 mil 500 juntas comunales de agua de El Salvador pudieron inscribir sus fuentes acuíferas, de 2022 a junio pasado, ante la (estatal) Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), pero 18 mil 731 empresas privadas de ese país sí lograron registrar sus pozos, en un trámite con igualdad de requisitos, pero con diferencias en los fines del uso del recurso hídrico.
Con sus capacidades técnicas, una compañía privada salvadoreña de construcción o de cualquier otra actividad podrá perforar a 20 o 30 metros de distancia de un pozo de una junta comunal, ya inscrito o todavía pendiente de hacerlo, con total seguridad hallará agua y enlistará ese sitio como de su propiedad ante ASA para desarrollar sus labores, temporales o indefinidas.
“Es un proceso de legalización del robo y del despojo del agua. Con estos mecanismos, no hay ni siquiera necesidad de apropiarse del pozo comunal”, denunció el economista, politólogo y activista ambiental salvadoreño Carlos Flores, del comité coordinador nacional del (no estatal) Foro del Agua de El Salvador.
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“Lo que vemos es que los empresarios, los regantes de caña de azúcar, los industriales, los que tienen los recursos, no han enfrentado ningún problema para registrar y legalizar su uso del agua. El problema lo tienen las personas y el sistema comunitario”, dijo Flores a EL UNIVERSAL.
“En El Salvador el problema socioambiental fundamental es el agua que pueda estar disponible para las actividades humanas y económicas. Las empresas urbanísticas, industriales, agroindustriales y demás, durante años se garantizan el agua. Tienen rutas legales con la empresa pública de agua potable que les garantiza agua para sus proyectos”, explicó.
Al describir que esas firman “cuentan con mecanismos legales que les permiten apropiarse del agua” en las distintas regiones de El Salvador, subrayó que “entonces la población, de a poquito, ha ido también construyendo sus sistemas”.
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“Lo que sucederá es que esas fuertes estructuras jurídicas de despojo, que ya funcionan y ya se apropian del agua, avanzarán en legalizar y normalizar su situación. Lo que ha sido ilegal ya será legal para los sectores privados que presentaron la documentación. Mientras tanto, la población ni siquiera está pensando en eso”, adujo.
Tras aclarar que numerosas juntas carecen de información precisa acerca de las diligencias o procedimientos para anotar legalmente sus fuentes de agua, reveló que algunas personas que las dirigen son totalmente analfabetas y, sin saber leer ni escribir, tampoco podrían comprender los documentos.
“Pareciera una estrategia macabra para despojar del agua a los empobrecidos como siempre se ha hecho en el país”, acusó.
Ninguna fuente gubernamental de El Salvador estuvo disponible para responder a las consultas de EL UNIVERSAL sobre las denuncias presentadas por el Foro y la (no estatal) Red Nacional de Juntas de Agua (REDNA) de ese país centroamericano. Fuentes privadas simplemente adujeron que se plegaron a los requisitos de ley.
El intrincado y hasta sofisticado ejemplo salvadoreño mostró apenas uno de los múltiples mecanismos para el robo de agua en América Latina y el Caribe, con manipulación de trillos o pasadizos legales para generar vacíos al acceder a los pozos o con el ataque a las tuberías para desviar el flujo y utilizarlo sin pagar a las empresas públicas o privadas que lo suministran.
El Salvador tampoco se libró de la alteración de las tuberías, conocida como una forma de “huachicoleo”. “Si se encuentra: en las comunidades hay de todo y la gente así se apropia del agua y se garantiza evitarse pagar. Pero incluso ese mal es menor frente a la legalización del robo y del despojo. La situación es compleja”, alertó Flores.
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¿Compleja? Las respuestas mundiales traspasaron esa duda. Por múltiples factores engorrosos, Transparencia Internacional (TI), foro mundial no estatal de Alemania para la decencia en la función pública, concluyó en un informe de 2021 que “el sector del agua es complejo” con importantes proyectos de infraestructura “en los que hay grandes asimetrías” en información, “lo que lo hace susceptible a actos de corrupción”.
“La cadena de valor del agua está expuesta a una gran cantidad de riesgos de corrupción, en instancias que van desde la formulación de las políticas y las reglamentaciones aplicables al sector hasta los procesos de contratación, las operaciones y el punto de prestación de servicios”, planteó.
“Los riesgos de corrupción incluyen, por ejemplo, los de robo, sobrefacturación por parte de los proveedores, instalación de conexiones ilegales, incumplimiento de reglamentaciones y falsificación de estados contables”, recalcó.
“Puede haber (…) corrupción (…) de veedores e inspectores. Los funcionarios encargados de la regulación también pueden recibir sobornos para pasar por alto supuestos de uso o descarga excesivos de agua, y en las instalaciones de tratamiento se puede corromper a los inspectores para que proporcionen documentación falsa sobre la calidad del agua”, puntualizó.
Al asegurar que “si los ciudadanos no pueden tener acceso oficial al agua, es posible que intenten buscar otras soluciones, como recurrir a conexiones ilegales o pagar sobornos”, señaló que “los proveedores informales que operan al margen de la ley pueden cobrar tarifas mucho más altas por el acceso al agua que los proveedores de servicios públicos regulares”.
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“Estos grupos suelen operar al margen de cualquier mecanismo de rendición de cuentas y es poco probable que reinviertan sus ingresos en infraestructura para el abastecimiento de agua, lo que implica que las tarifas que pagan las personas de bajos recursos se pierden y no llegan al sector”, describió.
Para la ingeniera civil costarricense Yesenia Calderón, máster en Gestión Ambiental, consultora de la Organización Panamericana de la Salud, experta en agua potable y alcantarillado sanitario y presidenta, de 2011 a 2014, del (estatal) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, hay robo “por ineficiencia” en las empresas de agua y saneamiento.
“Se podría tener esa agua contabilizada, hacer un cobro en bloque y disponer y ofrecer sistemas para la gente imposibilitada de pagar, que es la que roba agua. Si los sistemas operativos están bien manejados, con eficiencia, esos niveles de robos disminuirán. Aumentarán cuando las empresas son muy ineficientes”, relató.
“Esto lo vemos en las empresas de agua que tienen altos niveles de agua no contabilizada, como son la mayoría de empresas de América Latina. No están exentas a eso”, indicó Calderón, presidenta del capítulo Costa Rica de la (no estatal) Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
En el caso de Costa Rica, el suministro y saneamiento fue asumido paulatinamente desde la segunda mitad del siglo XX por empresas estatales, alianzas mixtas (privadas y públicas) y servicios municipales y, según Calderón, “algunas son muy ineficientes”.
“Cuando son ineficientes, el parque de medidores (de agua) es muy antiguo, no lo renuevan ni colocan oportunamente el medidor al nuevo usuario. Es el colmo: son incapaces de determinar, pese a la informática actual, cuando el consumo en un hogar pasa de lo normal. La empresa debe investigar qué pasa y donde están las derivaciones en esa vivienda, porque eso es robo de agua”, aseveró.
Las compañías a cargo de la gestión del agua deberán analizar lo que está sucediendo en las tuberías para detectar el robo de agua, pero con un trabajo paralelo de tarifas adecuadas que eviten explotar al cliente y facilitarle pagar dentro de una determinada situación socioeconómica, sugirió.
“De lo contrario, siempre se pegarán al robo de una o de otra forma por no poder pagar”, advirtió.
