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Human Rights Watch (HRW) alertó de la violencia extrema del crimen organizado en México, que se suma al “abuso generalizado por parte de agentes estatales con casi total impunidad", sobre las reformas constitucionales aprobadas que pueden “socavar el Estado de derecho”.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la ONG señaló que, de Venezuela a Nicaragua, pasando por Haití, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú o Argentina, el deterioro democrático en América Latina fue "rampante" en 2024.
En el caso de México, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que asumió el cargo en octubre, “heredó una crisis de derechos humanos arraigada en la violencia extrema de los grupos del crimen organizado y los abusos generalizados de los agentes del Estado con una impunidad casi total. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hizo pocos progresos para abordar estos desafíos”.
En muchas partes del país, lamentó, “existen tasas extremadamente altas de delitos violentos, incluidos los homicidios. Seis ciudades registraron tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100 mil habitantes en 2022. A nivel nacional, la tasa de homicidios descendió ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25.9 por 100 mil en 2022 a 24.9 por 100 mil en 2023, aunque el número de desapariciones denunciadas ha aumentado”.
A esto sumó los recientes cambios constitucionales para reforzar el papel del ejército en las labores policiales y revisar el sistema de justicia que, dijo, podrían "perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho".
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Sobre la reforma judicial, recordó que el relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya advirtieron que la medida puede “debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”.
HRW calificó el sistema mexicano de justicia criminal como “extremadamente ineficaz. Los fiscales no investigan o enjuician eficazmente, ni garantizan de otro modo la rendición de cuentas, la gran mayoría de los delitos y abusos contra los derechos humanos, incluidos los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y delitos graves como homicidios y desapariciones forzadas. Sólo el 16% de las investigaciones penales se resolvieron en 2022”.
La ONG denunció torturas, detenciones arbitrarias y las desapariciones en el país, señalando que hasta septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas.
“El gobierno ha tardado en aplicar muchas medidas exigidas por la Ley de Desapariciones de 2017, como la creación de la base de datos forense nacional. El expresidente López Obrador afirmó falsamente en repetidas ocasiones que el número oficial de desaparecidos se había exagerado para perjudicarle políticamente”.
México, detalló, “tiene una de las tasas de desigualdad de ingresos más altas del mundo, según datos de 2022 del World Inequality Lab. También tenía en 2022 la relación impuestos-PIB más baja de la OCDE y una de las más bajas de América Latina y el Caribe”.
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Si bien reconoció que en la presidencia de López Obrador la tasa de pobreza cayó del 41.9% (2018) al 36.3% (2022), agregó que “la pobreza extrema se mantuvo sin cambios y el número de personas sin acceso a la atención médica aumentó más del doble”.
HRW también aludió a la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), retomando las advertencias de los relatores especiales de la ONU para la privacidad y la libertad de expresión de que la medida socava gravemente los derechos a la privacidad y al acceso a la información.
Criticó que con López Obrador, “más de 100 tareas del gobierno civil fueron transferidas al ejército, lo que redujo el acceso a la información sobre el gasto público, ya que el ejército suele negarse a cumplir las normas de transparencia y acceso a la información, alegando motivos de seguridad nacional. López Obrador también emitió órdenes ejecutivas destinadas a eximir al gobierno de cumplir con los requisitos de transparencia en relación con ciertos megaproyectos”.
HRW denunció también los abusos cometidos por el ejército, incluyendo “torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones arbitrarias”, así como la situación de los migrantes, que o bien pueden ser detenidos arbitrariamente o convertirse en “víctimas de grupos criminales y funcionarios mexicanos”.
mcc
