San José. – La condena que una corte neoyorquina impuso por narcoactividad al hondureño Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, significó la mayor sacudida a la clase política de ese país en el siglo XXI y evidenció que al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, no se le quedó nada sin infiltrar en esa nación clave para las redes del contrabando de drogas de Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York sentenció el pasado martes a “Tony” a cadena perpetua más 30 años por cuatro cargos por su lazo con El Chapo y el poderoso cártel mexicano de Sinaloa: falso testimonio, conspirar desde 2004 para traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, y usar, transportar, portar y poseer ametralladoras para importar el alcaloide e introducirlo a ese país.
La penetración de Guzmán, sentenciado en 2019 en Nueva York a cadena perpetua más 50 años por contrabando de drogas, “lavado” de dinero y violencia con armas, nunca conoció barreras en Honduras.
Aparte del hermano del primero candidato en 2013 y luego presidente a partir de 2014, el operativo del capo mexicano incorporó a Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y condenado a 24 años de prisión en 2017 en EU por narcotráfico, y a policías, militares, partidos políticos, consorcios privados, instituciones gubernamentales, judiciales y legislativas y cárteles locales.
“Anímica, política, institucional y éticamente”, el martes anterior “concluyó de facto el gobierno” de Hernández, “apresurando el ocaso de un segundo mandato que nunca debió ser” por una controversial reelección y en un turbio porvenir inmediato con “un gobernante que perdió hasta la mínima legitimidad para proseguir en su cargo”, dijo el analista, periodista y escritor hondureño Manuel Torres.
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El proceso a “Tony”, detenido en noviembre de 2018 en Miami, Florida, y diputado de 2014 a 2018 por el oficialista Partido Nacional (PN) que llevó a la presidencia a su hermano, “se convirtió en el juicio más significativo de la historia de Honduras, porque más allá de la responsabilidad del acusado incluyó la idea de que un gobierno pueda ser considerado cómplice de los hechos”, explicó Torres a EL UNIVERSAL.
“Se abre (en Honduras) un peligroso periodo de ingobernabilidad, de apatía ejecutiva, de anomia social, de comportamientos arbitrarios e instituciones fallidas, de inobservancia de las leyes, de cadáveres políticos que formalmente conservan su poder, de militares que no saben qué hacer, de más corrupción” y sin dirigentes ni partidos “con sensatez y proyecto para abrir una nueva época democrática”, alertó.
El Jefe de Estado, cuyo segundo gobierno consecutivo concluirá el próximo 27 de enero, quedó con la puntería judicial de EU enfilada en su contra porque, entre otras denuncias, supuestamente recibió un millón de dólares que Guzmán entregó en 2013 a “Tony” para financiarle la campaña electoral en la que se transformó en presidente por el gobernante PN.
Esas y otras revelaciones, rechazadas por el mandatario, surgieron en juicios desde 2017 en EU a hondureños que fueron políticos, policías y jefes de cárteles del narcotráfico en Honduras.
Extraditados a Nueva York, todos esos personajes destaparon parte del secreto del financiamiento electoral y de la alianza criminal de narcotraficantes, políticos y partidos en Honduras.
Aunque cumplirá los últimos 10 meses de su doble cuatrienio acosado por su presunta complicidad con el narcotráfico desde antes de que asumió, en enero de 2014, Hernández tuiteó el martes pasado que, con datos del gobierno de EU, en su gestión “el tráfico de drogas se redujo en 95%”.
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Al aducir que antes de 2014 “las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vistas y paciencia de las autoridades, alegó que a su hermano lo condenó “una mentira”.
Los juicios a “Tony” y a la mayoría de 29 hondureños enjuiciados en Nueva York mostraron que El Chapo llegó en Honduras a las máximas esferas de mando tradicional y con sospechas de que accedió a la Presidencia para operar con vía libre en un punto estratégico del tráfico de estupefacientes del sur al norte de América.
Honduras se consolidó en el siglo XXI como puente crucial de cocaína de los centros de producción en Colombia y de transporte aéreo y marítimo en Venezuela hacia las bases de almacenamiento y reexportación en Centroamérica, México y el Caribe rumbo al más grande mercado mundial de consumo en EU.
“El escándalo llega a las puertas de Casa Presidencial y más allá, Más que para un individuo y el grupo en el poder, el impacto de la sentencia es contra todo el sistema político y judicial y los partidos”, describió a este diario el hondureño Gustavo Zelaya, historiador, filósofo y ex catedrático de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
“Hay un grupo delincuencial de figuras del poder que, protegido en el aparato de leyes que hizo a su medida, controla el narcotráfico”, subrayó.