Los exmilitares colombianos acusados en el marco del proceso de paz han sido menos acompañados que los exguerrilleros, dice a EL UNIVERSAL el mexicano Carlos Ruiz Massieu, hasta hace poco jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y quien fue nombrado representante especial de lo ONU en Haití. Añade que si bien sí hay un proceso de reincorporación, es necesario impulsarlo más: “Hay que darles vías de reincorporación a los exmilitares acusados a un proyecto de vida económica y social, tal como se le da a las exguerrillas”.
Ruiz Massieu agrega que “el aparato de acompañamiento hacia la justicia transicional se inclinó mucho sobre los exguerrilleros, pero mucho menos sobre los exmilitares o militares o la fuerza pública acusados”.
En el caso de Haití, que es su siguiente misión, Ruiz Massieu dice que “es muy preocupante el deterioro que ha tenido el país, así lo expresó el secretario general, yo hago eco de esa expresión. En el mandato de la misión que voy a encabezar uno de los temas es apoyar al país para lidiar con las pandillas urbanas que controlan 90% de Puerto Príncipe”.
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Subraya que “el país no ha tenido elecciones, como tal, desde hace nueve años y tiene que haber las condiciones para ello; de promover y proteger los derechos humanos; de ayudar al país a fortalecer institucionalmente al Estado, en materia en el sector de seguridad, judicial, la lucha contra la corrupción, es un mandato de la misión que tenemos para apoyar al país en esto y es un proceso nacional al cual llegamos a contribuir en lo que podamos. Sí es un reto mayor, pero esperamos poder contribuir”.
¿Cuáles fueron los aciertos y qué falta por hacer después del proceso de paz en Colombia?
—Lo primero que hay que destacar es la capacidad que tuvo Colombia para alcanzar un acuerdo de paz, desafortunadamente hoy en día en el mundo alcanzar acuerdos de paz no es muy fácil. Hay que resaltar lo que fue para Colombia después de casi 60 años de conflicto con la guerrilla más grande del hemisferio, que eran las FARC, lograr un acuerdo de paz de esta naturaleza.
Antes de entrar en los temas específicos sustantivos, hay que destacar el hecho de llegar ya prácticamente a cumplir nueve años de estar implementando el acuerdo de paz, porque menos de la mitad alcanzan un quinto año de implementación por muchas razones, como falta de voluntad política, porque no se puede implementar como se pensó, porque el país recae en el conflicto.
Colombia llega ya a un noveno año, lo que habla muy bien de tanto la voluntad política de distintos gobiernos de implementar el acuerdo como de la voluntad de la contraparte, la exFARC desmovilizada de mantenerse en el acuerdo. No obstante, hay diferentes retos y desafíos.
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De manera específica, como pasa mucho en los acuerdos de paz en el mundo, hay áreas que han avanzado más que otras. De los resultados destaca que más de 13 mil hombres fueron los que dejaron la armas y se reincorporaron a la vida civil, económica a un proyecto económico y social propio. Que las FARC dejaron las armas y ya ahora persiguen sus ideas a través de las instituciones democráticas colombianas, como es en el Congreso donde tienen representación garantizada durante dos periodos, el segundo ya está por concluir, entonces que buscan defender sus ideas a través de la palabra no a través de las balas. El 90% de los 13 mil hombres se mantienen en el proceso. Hay otro elemento muy importante que es la justicia transicional.
El acuerdo de paz lo que estableció fue una justicia muy nueva en la cual tanto los exguerrilleros que cometieron crímenes de guerra durante esos años como también la fuerza pública, que algunos cometieron crímenes, van a tener una justicia que privilegia la verdad, el reconocimiento de lo sucedido, la reparación, la no repetición del conflicto a tener una justicia más retributiva, más carcelaria, incluso.
Los que cometieron crímenes podrían no tener cárcel, sí tener restricciones de libertades y movimientos, pero sobre todo, realizar trabajos para reparar a las víctimas, entonces buscan más que una sanción punitiva, actividades sí con algunas sanciones, pero que promuevan la reconciliación nacional al interior del país. Esa ha avanzado un poco, le falta todavía llegar a sentencias, a sanciones, que es parte de lo que está pendiente.
El acuerdo trataba de atender de raíz las causas del conflicto. Una de las banderas de las FARC, cuando surge como fuerza rebelde, es el tema de la tierra y su distribución. El primer capítulo del acuerdo de paz es la reforma rural para que haya más distribución de tierra a los campesinos, más adjudicación y formalización, porque hay mucha tierra que no es legalmente del campesinado. Es un tema que es central y que ha quedado rezagado, es un área donde Colombia tiene que seguir trabajando.
El presidente [Gustavo] Petro, el gobierno actual, ha privilegiado, priorizado este tema, pero todavía está lejos de las metas que se plantearon en el acuerdo de paz.
Un gran tema pendiente y un reto constante que hay que señalar es el de la seguridad, es decir, cuando se desmoviliza la guerrilla de las FARC deja vacíos en los territorios sobre todo rurales en Colombia y el Estado no llega con la fuerza, el ímpetu, con lo robusto que debió haber llegado a los territorios para ocupar ese territorio, tanto militarmente como civilmente, es decir, con fuerza pública, pero también instituciones civiles, servicios sociales y eso no ha pasado, sigue ese gran problema en Colombia: esas zonas que deja la guerrilla no las llena el Estado, sino otros grupos armados.
La seguridad que vivió la parte rural de Colombia duró muy poco, volvió a caer en violencia, por eso es que aparte de la implementación de los acuerdos, el gobierno actual buscó algunos espacios de diálogo con otros grupos para ver si podía volver a esa realidad de tener la oportunidad de llenar el territorio de Estado que es el gran pendiente de Colombia: seguir trabajando para que el territorio tenga más Estado, más servicios, más instituciones y menos actores armados, menos economías ilegales, narcotráfico, economía ilegal, que desafortunadamente siguen presentes.
Entre los pendientes, ¿entre los grupos que quedaron excluidos están los exmilitares?
—En el lado de la guerrilla no toda firmó el acuerdo, y siempre hay disidencias en los procesos a nivel mundial, partes que no firman el acuerdo y quedan en el territorio en la actividad bélica.
En el caso de los militares, o de la fuerza pública que ha jugado un papel muy importante y lo tienen que seguir haciendo en mantener el Estado de derecho y la seguridad en los territorios, tiene que estar más presente, más pendiente. Si hay un grupo durante esos años que están acusados de también haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad están siendo juzgados por esta justicia transicional.
Todo el aparato de acompañamiento hacia la justicia transicional se inclinó mucho sobre los exguerrilleros, pero mucho menos sobre los exmilitares o los militares o la fuerza pública acusados, pero ahora se han hecho correctivos precisamente para darles más acompañamiento, para ellos no hay un proceso específico de reincorporación a un proyecto de vida civil, si no se les aplica la justicia, quedarán tal vez sancionados algunos con trabajos para las comunidades, para las víctimas, de restricción de libertades, pero digamos que quizás en todo han sido un poco menos acompañados que como fueron acompañados los exguerrilleros.
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¿Hay iniciativas de que a todos los elementos que fueron parte de la fuerza pública se les pueda reincorporar a la sociedad?
—Así es. Es importante que tengan esas posibilidades y oportunidades dentro del marco de la implementación de los acuerdos. Hay que darles, así como se les da a los firmantes de paz o excombatientes de las FARC, también a la fuerza pública y a las personas que ya no son parte de las mismas y que están siendo sancionados, hay que darles vías de reincorporación, un proyecto de vida económica y social, tal como se le da a las exguerrillas. Sí los hay, se tiene que impulsar más, se tiene que acompañar más. Espero y confío en que en los años por venir, en el caso de Naciones Unidas, ya bajo otro liderazgo nuestro, esto siga avanzando en ese terreno.
Estos grupos excluidos, al buscar cómo sobrevivir, han alimentado el mercenarismo en el mundo.
—Sé que el presidente Petro ha señalado este tema y con preocupación. Nosotros confiamos en que los exmiembros de la fuerza pública tengan oportunidades al interior de Colombia de otra naturaleza para evitar que hagan actividades ilegales o que nutran actividades contrarias al derecho internacional en otras latitudes, en otros conflictos, otras sociedades.
En otro tema, luego del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, ¿considera que la inseguridad ha crecido?
—Si uno compara el Colombia de los 2 miles con el Colombia pos- acuerdo de paz, de 2016, claramente el país está mucho mejor en los indicadores de seguridad nacional, en temas de homicidios, amenazas, prácticamente en todos los indicadores, el país está muchísimo mejor que en esas épocas.
El hecho concreto es lamentable, repudiable, rechazable por todas las vías. Si bien ese intento de asesinato recordó a Colombia las peores épocas de violencia en el país, confiamos en que la solidez institucional, los beneficios que ha traído la implementación de los acuerdos de paz, todo esto ayude a que esto no siga sucediendo. Hemos firmado, junto con diferentes instituciones, la Asesoría del Pueblo, y diferentes organizaciones, la Iglesia católica, que juega un papel fundamental, un desplegado para que partidos políticos, actores políticos, candidatos, firmen un acuerdo de no violencia, también verbal, que no genere más ánimos más allá de la normalidad de competencia electoral. Esperamos que la salud de Miguel Uribe Turbay mejore, pueda recuperarse.
Su siguiente asignación es en Haití. ¿Cuál es el gran reto en un país donde 90% de las pandillas controlan la capital, Puerto Príncipe, según cifras de la ONU?
—Es muy preocupante el deterioro que ha tenido el país, así lo expresó el secretario general, yo hago eco de esa expresión. En el mandato de la misión que voy a encabezar uno de los temas es apoyar al país para lidiar con las pandillas urbanas que controlan 90% de Puerto Príncipe.
Tiene otro mandato en generar las condiciones para un diálogo político inclusivo, que haya consensos, que conduzca a elecciones libres y democráticas. El país no ha tenido elecciones, como tal, desde hace nueve años y tiene que haber las condiciones para ello; de promover y proteger los derechos humanos; de ayudar al país a fortalecer institucionalmente al Estado, en materia en el sector de seguridad, judicial, la lucha contra la corrupción, es un mandato de la misión que tenemos para apoyar al país en esto y es un proceso nacional al cual llegamos a contribuir en lo que podamos. Sí es un reto mayor, pero esperamos poder contribuir. El secretario general ha hecho también una propuesta para fortalecer una fuerza multinacional que lidera Kenia para tratar de apoyar al gobierno en el combate contra las bandas.