Miami.— Los aranceles van. Los aranceles no van. Los aranceles van. En su guerra comercial, el presidente estadounidense enfrenta un obstáculo interno: las cortes.
Mientras el mandatario defiende que sus aranceles harán ricos a los estadounidenses, éstos han recurrido a los tribunales a exponer el impacto que los gravámenes están teniendo en sus negocios. Y los tribunales comienzan a cerrar filas.
El juez Timothy C. Stanceu, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, señaló, luego de que demandantes se quejaran de los efectos de los gravámenes impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que “la evidencia presentada por los demandantes revela un daño sustancial, concreto e inmediato en sus operaciones; y no una mera disconformidad política con los decretos presidenciales”. Los tres jueces del tribunal coincidieron, y señalaron que Trump la IEEPA no justifica los aranceles impuestos por Trump. No sólo reconocieron el sufrimiento económico de cientos de pequeñas y medianas empresas, sino que trazaba un límite contundente al uso expansivo del poder presidencial disfrazado de urgencia nacional.
Stephen Vladeck, experto en derecho constitucional expresó a EL UNIVERSAL que este fallo del tribunal de Comercio mostró “los límites del presidencialismo unilateral. La IEEPA fue diseñada para crisis específicas, no para imponer castigos masivos disfrazados de decretos”. Su preocupación mayor, sin embargo, no es lo que ocurrió, sino lo que puede venir. “Si se permite que un presidente imponga aranceles globales alegando cualquier emergencia autodeclarada, entonces no hay límite. La legalidad será reemplazada por el instinto de poder”.
“La Constitución no es una carta de poderes ilimitados, sino un contrato que impone límites a todos, incluidos los elegidos”, escribió Stanceu. En esa frase se condensa el espíritu del fallo inicial para bloquear los aranceles.
La corte federal del Distrito de Columbia bloqueó los mismos aranceles que el tribunal de comercio. En este caso el juez de distrito Rudolph Contreras se puso del lado de una empresa de juguetes educativos con sede en Illinois que denunció cómo los gravámenes a la importación impuestos a la mayoría de países están afectando su negocio. Contreras concluyó que la IEEPA que le da potestad para imponer aranceles a las importaciones en casos de emergencia "no es una ley que prevea aranceles".
La furia de Trump no se ha hecho esperar. Desde un mitin en Grand Rapids, Michigan, arremetió contra el Poder Judicial estadounidense. “¿Por qué vamos a obedecer a jueces que nadie eligió? Si yo gano con el voto del pueblo, mi voluntad debe prevalecer sobre burócratas sin rostro ni votos”. Acompañado de seguidores que vitoreaban entre banderas de “Liberate Trade”, el presidente insistió en que los tribunales estaban “desarmando al país frente a China y los cárteles” de la droga.
“Esta sola pregunta y afirmación del presidente -Trump- en ese mitin es suficiente para dar cuenta del enorme deseo de gobernar como un dictador, donde los otros poderes -legislativo y judicial- o no deben existir o deben estar a la orden presidencial y definitivamente así no funciona la democracia” señala a El Universal el politólogo Pablo Salas.
No es sólo Trump, sino todo su gabinete. La vocera de la Casa Blanca, calificó a los jueces de “activistas” que “abusan descaradamente” de su poder.
En la narrativa trumpiana, las cortes se han convertido en un obstáculo ilegítimo para el poder popular, una idea que resuena con fuerza entre su base política pero que pone en tensión los principios fundacionales del Estado de derecho estadounidenses. “El pueblo me eligió a mí, no a jueces sin rostro que nadie conoce”, insistió el mandatario, dejando entrever que la legitimidad del Poder Judicial es, a su juicio, secundaria frente a la elección presidencial. A nivel institucional, “este discurso representa una ruptura de hecho con el sistema de pesos y contrapesos. Lo que está en disputa no es solo la política comercial, sino el equilibrio de poderes” asegura Salas.
Los aranceles anulados el 28 de mayo fueron los más ambiciosos de la llamada “Jornada de Liberación Económica”, proclamada por Trump en abril, un arancel base del 10% a casi todas las importaciones globales; un 25% a productos de México y Canadá; tarifas adicionales de entre 11% y 50% a países como China, India, Vietnam y la Unión Europea; y una nueva oleada de castigos del 145% sobre mercancías chinas, sumados a los 20% previos.
Sin embargo, otros aranceles habían quedado vigentes, como el 25% a los impuestos al acero y aluminio, así como el 25% sobre automóviles y autopartes, aplicados a vehículos y componentes importados. Y otros aranceles vinculados con prácticas comerciales desleales de China.
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El origen del fallo del tribunal comercial viene de las trincheras empresariales: una coalición de pequeñas y medianas empresas estadounidenses articuladas en el consorcio National Association of U.S. Importers (NAUSI) presentó la demanda que originó el proceso de enfrentamiento que se está viviendo. Entre ellas, Brayton Components Inc., Laredo Textiles LLC y Nortech Medical Supply, compañías medianas que vieron sus operaciones puestas en jaque por las tarifas arancelarias unilaterales.
“Estos aranceles estaban matando lentamente a nuestras operaciones. No somos China, somos vecinos y socios”, comentó a EL UNIVERSAL Alicia Hernández, empresaria texana importadora de autopartes desde Querétaro. Peter Garza, dueño de una ferretería fronteriza en El Paso, Texas, fue más crudo y señaló a este diario, “nos usan como fichas en un tablero geopolítico sin ver que somos quienes sostenemos la economía local”. Voces como estas, ignoradas durante años en los discursos de poder, se convirtieron en prueba central para los jueces. El tribunal reconoció que los demandantes habían probado un “perjuicio sustancial, concreto e inmediato”.
Desde el American Enterprise Institute, el economista Michael R. Strain fue categórico: “Lo que Trump intentó fue una agresión institucional bajo el disfraz del proteccionismo”. El problema no es la medida comercial en sí, sino el modo en que se impuso, al margen de todo marco legal y sin consultar al Congreso ni a los organismos técnicos.
Las rutas de Trump
Inmediatamente después de la anulación, Trump comenzó a mover sus piezas. Su administración presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones y comenzó a explorar rutas alternativas para reinstaurar los aranceles; comenzando por los argumentos que presentarán a más tardar el 5 de junio ante el Tribunal correspondiente, después de que la corte de Apelaciones frenara el bloqueo a los aranceles.
Si las cosas no salen como espera, ya tiene dos caminos jurídicos marcados; la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer tarifas por motivos de seguridad nacional y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, orientada a responder a prácticas desleales de países extranjeros. Contrario a lo que se ha manejado en algunos medios, ninguna de las dos secciones mencionadas establece un límite automático del 15% ni un plazo de 150 días para los aranceles que el presidente de Estados Unidos pueda imponer. Ambas leyes ofrecen al Ejecutivo facultades para aplicar tarifas comerciales, pero bajo condiciones más estructuradas que las que permite la IEEPA.
“La idea de que existe un tope del 15% por 150 días proviene de la Sección 122 de la misma ley de 1974, que permite imponer aranceles temporales en casos de desequilibrio en la balanza de pagos. Sin embargo, esa disposición no ha sido invocada por Trump y no está diseñada para políticas comerciales prolongadas ni proteccionistas” explica a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez.
Trump podría usar también al Congreso como plataforma política y legislativa para defender o intentar reinstaurar sus aranceles, “pero el resultado dependería de una combinación de mayorías legislativas, voluntad política, presión pública y cálculo electoral” subraya Salas. Más allá de lo legislativo, llevar el caso al Congreso “también le permitiría a Trump victimizarse frente a su base y continuar su narrativa de ‘presidente bloqueado por las élites’”. Jurídicamente, sin embargo, el Congreso es solo una vía alternativa, no una garantía de restauración.
Otra posibilidad que se ha contemplado con creciente seriedad en su entorno es el debilitamiento presupuestario del Poder Judicial. Trump podría presionar al Congreso, donde conserva control en la Cámara Baja, para reducir los fondos asignados a ciertos tribunales, utilizando como justificación el argumento de la “eficiencia fiscal” o el “corte de privilegios burocráticos”. Esta táctica, aunque menos visible que una ley de reforma judicial, puede tener efectos devastadores, limitar la capacidad operativa de los tribunales más incómodos y generar colapsos administrativos que justifiquen su posterior reestructuración. Además, la administración Trump ha anunciado su intención de llevar la disputa, incluso, al Tribunal Supremo en caso de que vuelva la corte a nulificar sus aranceles.
Los demócratas, conscientes del riesgo institucional, han acelerado su ofensiva. Además del Trade Review Act of 2025, que limitaría la duración de cualquier arancel presidencial a 60 días sin aprobación del Congreso, varios legisladores, incluyendo a la senadora Elizabeth Warren, promueven la creación de un mecanismo de revisión rápida para frenar “abusos sistemáticos del poder de emergencia”. En palabras de Warren, “el Congreso debe dejar de ser un espectador. Es hora de poner candados legales a la lógica imperial del Ejecutivo”.