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Era una de las decisiones políticas más esperadas tanto fuera como dentro de Guatemala: el gobierno debía anunciar quién sería la persona que ocuparía por los próximos cuatro años el cargo de fiscal general, uno de los más importantes -y de los más polémicos- en el país en los últimos tiempos.
Finalmente, no hubo sorpresa.
El presidente Alejandro Giammattei anunció el lunes que la actual titular del cargo continuará por otro ciclo al frente de la oficina que debe liderar la lucha contra la corrupción a nivel nacional.
"He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años", dijo el mandatario en una ceremonia oficial.
Giammattei afirmó que la selección de Porras no fue "una decisión sencilla tomada a la ligera" y aseguró que la mujer cumple con todos los requisitos para continuar en el cargo.
En un giro poco común en el nombramiento de un fiscal general, el presidente descartó "los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir" contra Porras.
Dijo: "según nuestra Constitución (...) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez".
Y es que desde que asumió el cargo en 2018, la fiscal general ha sido objeto de numerosas críticas tanto dentro de Guatemala como en la comunidad internacional, de quienes la han señalado de proteger a políticos corruptos, bloquear investigaciones judiciales y coludir con el mandatario y su círculo más cercano.
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Tanto el gobierno guatemalteco como la fiscal han negado sistemáticamente los señalamientos en su contra y aseguran que se trata de campañas mediáticas con sesgo político.
Al tomar nuevamente posesión del cargo el lunes, Porras aseguró que continuará su trabajo "sin sesgos ni ideologías" y calificó los señalamientos en su contra como "constantes ataques por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada".
"Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré porque creo y confió en la Ley y jamás toleraré acciones arbitrarias que socaven los derechos de los ciudadanos guatemaltecos", dijo.
Reacciones
La postulación de Porras para continuar en el cargo había propiciado protestas en meses pasados en Guatemala y, tras el anuncio de su designación el lunes, varias organizaciones y usuarios en redes sociales se volcaron en comentarios en su contra.
La Asociación de Periodistas consideró que la decisión "provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas", mientras el Consejo Nacional Empresarial de Guatemala opinó que su reelección "no es una buena noticia para el clima de inversión del país. Tampoco para la necesaria estabilidad y el Estado de derecho".
Las voces de cuestionamientos se oyeron más allá de Guatemala.
Tras conocer la designación, el gobierno de Estados Unidos decidió sancionar nuevamente a la fiscal, a quien ya en septiembre pasado había designado como "actor corrupto".
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció en Twitter las nuevas sanciones tras considerar que las acciones de Porras "socavan la democracia" en el país centroamericano.
"Durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos", dijo en un comunicado el Departamento de Estado.
Estados Unidos, que veía a Guatemala como su gran aliado en el Triángulo Norte de Centroamérica, ha enfriado notablemente sus relaciones con el país y se ha vuelto un crítico frecuente de las acciones de Porras.
La fiscal general, por su parte, ha señalado a Estados Unidos de querer intervenir en asuntos internos y en la forma en la que se administra la justicia en Guatemala.
El Ministerio Público respondió este martes en Twitter a las sanciones y aseguró que es una institución autónoma que "no acepta ningún tipo de injerencia ni presión", y que "continuará trabajando de manera objetiva e imparcial, velando por el estricto cumplimiento de la ley".
Giammattei, por su parte, anunció el martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en respuesta a las críticas de EE.UU. por el nombramiento de la fiscal general.
Anteriormente el lunes, el mandatario había dicho que con la ratificación de Porras en el cargo su gobierno busca "fortalecer la independencia y autonomía" del Ministerio Público "para que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica mediante la persecución penal selectiva".
Una fiscal envuelta en la polémica
Nacida en 1953 en San Juan Comalapa, en el centro de Guatemala, Porras estudió Ciencias Jurídicas y trabajó como integrante de la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, aunque no tenía experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto antes de ser designada para el Ministerio Público.
De baja estatura, se caracteriza por llevar el cabello recogido, una bufanda al cuello y un rosario en forma de pulsera atado en la mano, símbolo de su fe religiosa.
Los que la han conocido aseguran que habla generalmente utilizando términos de jerga jurídica.
Entre los logros de su gestión, la propia fiscal ha destacado los más de 60 personas acusadas de narcotráfico que fueron extraditadas a Estados Unidos, así como los casi dos millones de casos resueltos durante su mandato.
Sin embargo, sus críticos aseguran que la mayoría simplemente se cerraron sin resolución.
Fue nombrada inicialmente para el Ministerio Público en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que lideró la más importante batalla contra la corrupción en Guatemala hasta la fecha.
Morales, por ese entonces, había comenzado a desarticular los organismos contra la impunidad existentes en el país, entre ellos la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), una misión respaldada por Naciones Unidas que operó durante 12 años y que logró desmantelar numerosas redes criminales.
El entonces mandatario anunció en 2019 la salida de la Cicig del país, poco después de que Porras se convirtiera en fiscal general.
Uno de sus primeros pasos en ese puesto fue ir contra su predecesora.
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Aldana se trató de presentar como candidata a la presidencia, pero el Ministerio Público, liderado ya por Porras, la acusó de "malversación de fondos" y giró una orden de captura en su contra, por lo que la reconocida exfiscal se tuvo que exiliar en Estados Unidos.
Para organizaciones de defensa de los derechos humanos fue entonces cuando comenzó una "persecución" desde el Ministerio Público contra jueces, fiscales y abogados que trabajaban temas vinculados a la corrupción.
Medios guatemaltecos reportaron entonces que Porras comenzó a tener fricciones con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y terminó despidiendo al encargado de esa oficina, Juan Francisco Sandoval, quien también tuvo que refugiarse en Estados Unidos.
En una entrevista con BBC Mundo el año pasado, Sandoval aseguró que uno de los motivos detrás de su destitución era que estaba investigando al gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
"En ese proceso de recopilación de información se estaba y entiendo que ese era uno de los principales temores o preocupaciones del presidente de la República y la fiscal general", contó.
Tras la destitución de Sandoval, el gobierno de Estados Unidos aseguró que hechos de ese tipo contribuían a "la percepción de que hay un esfuerzo sistemático en Guatemala para debilitar a quienes luchan contra la corrupción".
El lunes, durante el informe sobre sus primeros cuatro años, Porras sostuvo que una prioridad de su gestión durante ese tiempo "ha sido la lucha contra la corrupción".
También aseguró que bajo su gestión el Ministerio Público se volvió más independiente.
"Puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución eminentemente técnica y jurídica sin ningún tipo de sesgo o ideología política", dijo.
Otras controversias
Numerosos organismos y gobiernos también han señalado a la fiscal de buscar intervenir o bloquear procesos judiciales.
"El patrón de obstrucción de Porras incluye ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos por consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción", indicó el Departamento de Estado de EE.UU.
En lo que lleva frente al Ministerio Público, cerca de 20 fiscales, jueces y magistrados se han exiliado tras denunciar represalias por su trabajo en casos de corrupción, según datos de organizaciones de derechos humanos.
Otros seis juristas han sido encarcelados, entre ellos exmiembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y de la Cicig.
Una de las últimas en exiliarse el año pasado fue la reconocida jueza Erika Aifán Dávila, quien aseguró tras abandonar el país que llevaba a cabo una investigación contra el actual presidente.
Washington y otros gobiernos e instituciones internacionales han suspendido su colaboración y apoyo económico al Ministerio Público de Guatemala tras la asunción de Porras.
En marzo pasado, la Organización de Naciones Unidas expresó preocupación por la "persecución judicial" a la que, en criterio del organismo internacional, estaban siendo sometidos "fiscales y jueces vinculados a la lucha contra la impunidad en Guatemala".
Los cuestionamientos hacia la fiscal han llegado también desde la Iglesia católica de Guatemala y de numerosos grupos de la sociedad civil, comunidades indígenas y de estudiantes.
En 2021 se viralizó un video en el que, durante una clase virtual, un grupo de universitarios la increpa por su gestión y la tilda de "corrupta", lo que generó un escándalo que llevó a Porras a dejar de dar clases.
Organizaciones globales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Right Watch (HRW) también han cuestionado la labor de la jurista frente al Ministerio Público.
"El mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de derecho en Guatemala", consideró recientemente Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW.
