La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está decidida a ahorcar a los migrantes indocumentados y forzarlos a dejar el país. El más reciente intento es la propuesta de gravar las remesas que envían quienes se encuentran en Estados Unidos, a sus familiares en otros países. Sin embargo, el tiro podría salirle por la culata.
La idea está incluida en el plan fiscal que fue aprobado en la Cámara de Representantes —con rebaja de 5 a 3.5% que para algunos en México fue una “gran” noticia— y que ahora el Senado deberá debatir. El objetivo, alegan Trump y sus republicanos, es evitar que los indocumentados puedan enviar dinero y obligarlos, de ese modo, a salir de las sombras (en el caso de quienes se encuentran legalmente en Estados Unidos, el gravamen puede ser reembolsado).
Los ideólogos de este gravamen no parecen estar muy bien informados de cómo suelen operar los migrantes indocumentados en EU, ni de cómo el envío a través de empresas: chicas, medianas o grandes, sirve a los intereses de seguridad estadounidenses, al existir un rastro del dinero que las agencias del gobierno pueden seguir. Instituciones en EU han reconocido que el uso de estas empresas se ha incrementado entre los migrantes debido a que, gracias a la competencia, los costos de los envíos han bajado. Pero si suben los costos, pasarán varias cosas, ninguna de ellas buena para el gobierno estadounidense.
Los indocumentados pueden dejar de usar los canales oficiales y recurrir a otros: desde conocidos que lleven el dinero directamente, hasta migrantes con documentos que les echen la mano y envíen el dinero. Los migrantes sin papeles en EU tienen, en su mayoría, parientes: hijos, nietos, con la ciudadanía. Esa puede terminar siendo una opción, con tal de no pagar más, de no enviar menos y de permanecer en las sombras. Si esos canales “no oficiales” crecen, los ganones no serán los agentes migratorios estadounidenses, sino el crimen organizado que no sólo sumará un negocio en sus haberes, sino que podrá lavar dinero con singular alegría, sin el peso ya de saber que el dinero es rastreado por el gobierno de EU.
Para las empresas que se dedican al envío de remesas tampoco son buenas noticias. Si la clientela decae, subirán los costos. Sobre todo, las más pequeñas, corren el riesgo de no soportar la presión económica. Eso hará que disminuya la competencia, suban los costos… La medida será, de todos modos, un golpe para los migrantes que envían dinero, y que podrían obligarse a enviar menos, o dejar de enviar.
¿Qué pasará entonces, cuando comunidades enteras en México y otros países se queden sin recursos vitales que en muchos casos son lo que mantiene vivos a los pueblos? Pasará lo lógico: sin medios para subsistir, la gente intentará emigrar para sobrevivir, para mejorar sus condiciones de vida. Y aumentará la presión migratoria para Estados Unidos. Trump, que tanto presume de cómo han bajado los cruces, pronto podría perder esa sonrisa.
Suponiendo que la presión sobre los indocumentados en EU crezca y se vean obligados a regresar a sus países de origen. Tampoco es una buena noticia para Trump. Porque sin opciones, muchos optarán por sumarse a las filas del crimen organizado. Y entonces, la lucha antidrogas, antifentanilo, anticárteles que es la otra gran prioridad del magnate, sufrirá un duro revés. Será él mismo quien alimente a la medusa.