Miami.— La madrugada del domingo 22 de junio, bombarderos B-2 Spirit y misiles Tomahawk lanzados desde un submarino estadounidense impactaron con precisión las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán, como parte de la operación denominada Martillo de Medianoche. La acción fue celebrada como un éxito técnico por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El impacto, sin embargo, se sintió de forma más intensa en territorio estadounidense. A las pocas horas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) activaron una serie de operativos para la detención masiva y silenciosa de personas de origen iraní, tanto inmigrantes indocumentados, como en proceso de legalización, residentes o incluso ciudadanos.
Hasta el 25 de junio se reportaban 670 ciudadanos iraníes bajo custodia del ICE en centros de detención como Otaty Mesa (California), Calhoun County (Michigan), LaSalle (Louisiana) y Batavia (Nueva York). “La mayoría bajo cargos migratorios por vencimiento de visas o irregularidades administrativas”, pero 11 casos fueron presentados como “amenazas a la seguridad nacional”.
En Dearborn, Michigan, el abogado Kassem Dakhlallah informó al Detroit Free Press que defendía a nueve personas arrestadas sin cargos penales entre el 22 y 24 de junio, todas residentes legales. Uno de ellos, ingeniero, fue detenido a la salida de un hospital. “No les interesaba si había cometido un delito, sólo si había tenido alguna conexión pasada con alguien en Irán. Esto es detención por ascendencia”, declaró Dakhlallah.
En Houston, Texas, el diario Houston Chronicle documentó al menos cinco detenciones, incluyendo la de un médico de nombre Hamid, anestesiólogo del Texas Medical Center, quien no tiene antecedentes penales. Fue esposado en su casa y trasladado al centro de LaSalle.
En Los Ángeles, la organización National Iranian American Council (NIAC) denunció la detención de 17 personas de origen iraní, varias en zonas como Westwood, Glendale e Irvine. Entre los detenidos, confirmó NIAC a EL UNIVERSAL, se encentran dos investigadores afiliados a la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA), uno de ellos especialista en nanotecnología, quien fue liberado más tarde sin cargos; el otro permanece bajo proceso administrativo.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró durante una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que “hemos elevado el nivel de vigilancia respecto a ciudadanos de países hostiles. Irán está en el centro de nuestras preocupaciones. Las herramientas del Departamento de Justicia están activadas al máximo nivel”.
El presidente Donald Trump, sin hacer declaraciones formales sobre detenciones, publicó en su red Truth Social el 23 de junio, “Irán ha sido debilitado por nuestra fuerza. No vamos a tolerar infiltraciones aquí en casa. Cero indulgencias. Cero confianzas”.
En el Congreso, la senadora Marsha Blackburn, republicana, presentó una resolución que busca suspender por 180 días la emisión de visas a ciudadanos iraníes, incluyendo estudiantes, familiares y solicitantes de asilo.
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Sin embargo, los cuestionamientos a las detenciones crecen. La congresista Ilhan Omar, demócrata, denunció en MSNBC que “estas medidas son castigo colectivo. No se trata de detener criminales, sino de sembrar miedo en comunidades que no han hecho nada malo”.
“Cierto nivel de vigilancia, por supuesto, tiene sentido, pero lo que parece que ICE ha hecho es básicamente dar una orden para arrestar a tantos iraníes como sea posible, estén o no vinculados a alguna amenaza, y luego arrestarlos y deportarlos, lo cual es muy preocupante”, dijo Ryan Costello, director de políticas del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, un grupo activista.
En audiencias celebradas en cortes federales de California, Arizona y Michigan, jueces exigieron al gobierno presentar justificaciones formales para las detenciones.
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En más de un caso, el Departamento de Justicia (DOJ) invocó el privilegio de seguridad nacional, bloqueando el acceso a los expedientes incluso a los propios abogados defensores. La jueza Christina A. Snyder, del Distrito Central de California, señaló en una de las audiencias que “el origen nacional no puede reemplazar al debido proceso. No podemos sostener un sistema donde se presume culpa por un asunto geopolítico”.
La organización Electronic Frontier Foundation (EFF) documentó que ICE ha recurrido a herramientas de vigilancia tecnológica como LexisNexis, Clearview AI y bases de datos académicas para rastrear historial de viajes, contactos digitales, publicaciones científicas y redes sociales. “Estamos viendo una automatización del perfil racial”, denunció EFF en su boletín de junio.
El exagente del FBI Ali Soufan, experto en contraterrorismo, advirtió que “perseguir comunidades completas por el origen de sus miembros nunca ha sido una estrategia efectiva. Es una receta para el resentimiento, no para la seguridad”. Por su parte, el jurista Stephen Vladeck, consultado por EL UNIVERSAL, comentó que “cuando un país comienza a usar herramientas de guerra para regular la migración, se está alejando del derecho constitucional y acercándose al autoritarismo funcional”.
La American Civil Liberties Union (ACLU), que presentó una demanda colectiva, manifestó: “Estamos frente a un sistema penal migratorio paralelo. Sin jueces, sin pruebas, sin defensa efectiva. Es inconstitucional”.